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| 9/12/2018 6:12:00 AM

Así se cayó la negociación que Musa Besaile tenía con la justicia

Se esperaba que el cacique electoral de Córdoba salpicara a altos miembros de la rama judicial y del Gobierno que participaron en hechos de corrupción. Sin embargo, la Corte Suprema le cierra la puerta al considerar que su información es "incipiente e insuficiente". Exclusivo.

Se hunde negociación de Musa Beaile con la Corte Suprema de Justicia Según la Corte, el testimonio de Musa fue insuficiente. Foto: SEMANA

Con total hermetismo, entre el 16 de febrero y el 12 de marzo de este año, se adelantaron en un despacho de la Corte Suprema de Justicia las diligencias de negociación de Musa Besaile. El exsenador había confesado que pagó 2.000 millones de pesos para cambiar el rumbo de un proceso en este tribunal, con el argumento de que se trató de una supuesta extorsión del abogado Gustavo Moreno. En medio de ese lío, una sala de instrucción le abrió las puertas con la expecativa de poder llegar a las guaridas más oscuras de políticos y jueces corruptos en Colombia. 

En una matriz de colaboración, el cacique electoral de Córdoba anunció destapar las irregularidades que se vivían dentro de la judicial y la política. Aseguró que diría cómo se amañaba el reparto burocrático y los recursos públicos en las ramas Ejecutiva y Legislativa. Con este anuncio, una sala conformada por tres magistrados -Luis Hernández, José Luis Barceló y Fernando Castro- aceptaron iniciar acercamientos con una sola condición: no habría beneficios posibles frente a investigaciones en las cuales Besaile estuviera involucrado. 

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Ocho meses después, en un auto conocido por SEMANA, la Corte Suprema de Justicia le dice a Besaile que no va más. Para el alto tribunal, la mitigación de la pena o incluso la renuncia a ella o al ejercicio de la acción penal, como lo pretende Besaile, son beneficios imposibles. 

"La eficacia de la colaboración requiere como supuesto esencial que sea tan novedosa en datos y detalles, que cualquier observador estaría en capacidad de concluir que con ella se podría adelantar exitosamente una investigación o esclarecer el escenario delictivo, sobre todo si se supone que debe permitir conocer las circunstancias en las que se viene planificando y ejecutando el delito", manifestó la corte.

No obstante, este no es el caso de las delaciones del exsenador de La U. Primero, porque su impulso de salpicar las altas esferas de la justicia y la política colombiana se frenó tras una filtración de su matriz de colaboración que puso a tambalear el acuerdo. Segundo, porque después de semanas en el congelador, los abogados de Besaile le pidieron a la corte evaluar la información parcial que alcanzó a entregar a ver qué beneficios le podían otorgar a lo que la corte contestó que ninguno. 

Los magistrados consideran que es "insensato" que la Sala haga reflexiones favorables a Besaile sobre datos parciales que apuntan a obtener beneficios judiciales. Sin embargo, parten de una base de una colaboración "incipiente e insuficiente" para los cometidos de una justicia consensuada que consiste en descubrir la planificación, realización y participación de personas en conductas ilícitas. 

Así como la corte le abrió la puerta a Besaile, se la cerró. Los magistrados consideran que la información suministrada por el exsenador en la diligencia del 11 de mayo no tiene el mérito ni la eficacia para adelantar juicios o investigaciones sobre una base cierta y sobre datos concretos que permitan judicializar a autores de conductas delictivas, que es en lo que consiste la eficacia de la colaboración. 

"Dicha declaración constituye una aproximación a temas relacionados con el manejo del poder y el abuso burocrático y de inversión de recursos del Estado, pero sin la requerida precisión para descubrir conductas delictivas, y para imputar delitos concretos, dado que se trata de referencias de contexto sobre cómo se utiliza el poder en beneficio de las causas políticas -distorsión que desde luego es nociva para los cometidos del Estado-, pero que no deja de ser una información que se conoce en términos generales, por lo que no es eficaz, apta o idónea para sustentar la apertura de una investigación formal". 

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Según la corte, las entrevistas en las que habló sobre corrupción judicial fueron insuficientes porque no garantizan la necesaria ecuación que debe existir entre los beneficios a entregar y la utilidad que pueda obtener la justicia de dicha información. 

El exsenador está llamado a juicio por los delitos de peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer dentro del escándalo del cartel de la toga. También fue acusado por parapolítica, al haber recibido supuestamente apoyos para sus primeras campañas al Congreso. Respecto a este dosier, la puja comenzó con la base de que la corte no concedería beneficios por hechos relacionados con corrupción judicial.

La defensa, por su parte, aseguró que no contemplaba ninguna aceptación de cargos en el proceso por presuntos vínculos con paramilitares, así como tampoco por el delito de peculado, ya que considera que no tiene nada qué decir sobre la participación de Besaile en ello. La pretensión de los abogados era obtener la suspensión condicional de la pena con relación al delito de cohecho.

En este escenario, la negociación de Besaile con la justicia parecía infertil desde el comienzo porque el delito de cohecho -como lo reconoce la misma corte- fue excluido de cualquier posibilidad de negociación por la Ley 1709 del 2014. 

"La Sala no puede ofrecer ninguna reciprocidad en términos de beneficios judiciales, y atendiendo a que el procesado ha manifestado que suspende su colaboración, la Sala suspenderá el proceso iniciado", Corte Suprema de Justicia.

De manera que una primera conclusión apunta que los datos que entregó Besaile para estudiar beneficios que pretendía en prinicpio no admiten transacción alguna. Además, dicen los magistrados, la colaboración no debía limitarse a menciones acerca de la participación de protagonistas en hechos ya conocidos, sino ser tan novedosa que su contenido explique y justifique el beneficio a conceder por parte de la sala, ante las bondades de la información entregada supondría para las autoridades judiciales. 

Como ello no ocurrió, los magistrados concluyen que que no se satisface este requisito de eficacia que la corte exige y reclama. 

¿Qué le dijo Besaile a la corte?

El exsenador le dijo a la corte que desde el año 2010, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos empezó a manejar la llamada "mermelada", en referencia a la burocracia y los auxilios parlamentarios. Según Besaile, todo se pactaba desde la Casa de Nariño en reuniones con los parlamentarios. El exsenador afirmó que para acceder a la asignación tanto congresistas como entidades tenían una calificación dependiendo de su importancia electoral.

En un informe revelado por La W se especifica que que entre los institutos clase A se encontraba el ICBF; entre los clase B estaba el Incoder, el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), el DPS (Departamento para la Prosperidad Social), el Invías y el Banco Agrario. En la clase C estaba la Dian, la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte y 4-72.

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Besaile confesó que por la alta votación que tuvo al lado del exsenador Bernardo ‘el Ñoño‘ Elías en 2014, el Gobierno les pagó con Fonade. Esta declaración confirmaría las pesquisas de la Fiscalía, que precisamente apuntan a que esta entidad fue usada para hacer favores burocráticos y comercializar puestos en favor de la organización criminal integrada por magistrados y exmagistrados de las altas cortes. Musa estaría entregando los detalles alrededor de la llegada del exmagistrado Francisco Ricaurte a la entidad en el año 2015, fecha para la cual recibió un millonario contrato como asesor.

En sus declaraciones, Besaile endilgó supuestas responsabilidades en el manejo de la mermelada a Germán Chica, quien fue alto consejero para los Asuntos Políticos de Santos, y Luis Miguel Pico, exviceministro de Agricultura.

En otros detalles, Besaile habría asegurado que en diciembre de 2013, siendo presidente de la Comisión IV de Senado, se enteró que el gobierno le entregó el ICA y el Incoder a algunos congresistas, con el fin de tener el apoyo de congresistas del Partido Conservador. En la  repartición de cuotas burocráticas estarían el Sena de Córdoba; la subdirección agropecuaria del Sena, el Incoder y el Instituto Colombiano Agropecuario.

En Sucre habrían entregado el ICBF y el ICA; el Sena de Caucasia y varias entidades de Antioquia y Magdalena estaban supuestamente en manos de congresistas.  

Como lo anticipó SEMANA, la carrera por convertirse en el gran delator de la corrupción del país la va ganando Jorge Iván Heano, el asesor número uno de la dirección de Fonade. Ha prometido entregarle a la Fiscalía por lo menos media decena de nombres de congresistas y evidencias que soportan su intervención en millonarios contratos, en los que habrían salido beneficiados con coimas. Este miércoles continuarán sus delaciones en la Fiscalía en el marco de la negociación de un principio de oportunidad. 

Sin embargo, fuentes aseguran que un complemento importante de las declaraciones de Henao lo tiene Bernardo Miguel Elías, por lo que se calientan nuevos aires de negociación que aún no han sido formalizados ante la justicia. Aunque se hundió la negociación de Besaile, la defensa de Bernardo Miguel Elías trata de encender motores.

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