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| 1/27/2018 10:33:00 PM

La historia de 19 soldados que se negaron a cometer falsos positivos

El 2 de noviembre, este pelotón contraguerrilla fue destituido por no cohonestar esas actividades criminales. Su caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Soldados que se negaron a cometer un falso positivo La historia de 19 soldados que se negaron a cometer falsos positivos

El jueves 2 de noviembre de 2017 un hecho extremadamente inusual ocurrió en las instalaciones del Batallón de Infantería Mecanizada n.o 6 Cartagena en Riohacha, La Guajira. El comandante, la asesora y el coordinador jurídico de esa unidad militar citaron a un grupo de 19 exsoldados profesionales, antiguos integrantes de un pelotón de contraguerrilla conocido como Atila 1, para una reunión sobre un episodio que esos hombres protagonizaron hace casi una década. “Lo que ocurrió con ustedes fue una de esas estupideces que pasaban en esa época en el Ejército, fue una decisión injusta que tomó el mando en su momento y se está revisando de manera imparcial”, les dijeron.

La razón tiene que ver con uno de los episodios más oscuros en la historia reciente del país: los llamados falsos positivos. Lo irónico en este caso es que esa reunión no tenía que ver con que ellos hubieran participado en esas ejecuciones extrajudiciales, sino todo lo contrario. Ellos salieron destituidos del Ejército por no cohonestar esas actividades criminales.

Este hecho poco común, ocurrido hace solo dos meses, era una especie de mea culpa del Ejército por un caso que se remonta a 2008. En esa época estaba en su punto más álgido la práctica de esas ejecuciones extrajudiciales que llegaron a cobrar más de 3.500 víctimas inocentes, presentadas por militares como guerrilleros dados de baja y por las cuales las autoridades detuvieron a más de 2.000 uniformados. Pero esa historia tenía una cara desconocida: justamente la de los hombres de Atila 1.

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El 22 de abril de 2008, esa contraguerrilla recibió la orden de patrullar varias zonas de La Guajira y Cesar con el fin de ubicar a un grupo del frente Gustavo Palmezano del ELN, que había realizado extorsiones y tenía secuestrado desde hacía dos meses al periodista Mario Alfonso Puello y a dos funcionarios de la administración de Riohacha.

Después de varios días de recorrido, los hombres de Atila 1 ubicaron a una joven acompañada por dos indígenas que confesó ser integrante del ELN. Con la información que obtuvieron los uniformados se dirigieron hasta un campamento de ese grupo subversivo. A la distancia vieron a uno de los guerrilleros cargando leña, sin embargo, como estaba desarmado y vestido de civil obraron con cautela. “Lo fácil habría sido dispararle y matarlo, pero estaba desarmado”, contó a SEMANA uno de estos exmilitares. La zona, que estaba minada, los obligaba, además, a aproximarse al campamento con la precaución del caso.

Los diez guerrilleros que estaban en el lugar detectaron a las tropas. Tras un prolongado intercambio de disparos, los elenos escaparon con uno de sus hombres heridos. “Aunque no pudimos capturarlos a todos en ese momento, era un buen resultado. Estábamos contentos porque la información en los computadores que capturamos era importante y ese campamento era clave para ellos. Como los dejamos sin armas ni comida, como a los tres días algunos de ellos terminaron entregándose y meses después, gracias a la información que encontramos en el campamento, cayó abatido el cabecilla, alias Omar”, afirma otro de los exmilitares que estuvieron en el lugar.

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Cuando regresaron al batallón en Riohacha, los esperaba el comandante de esa unidad, un teniente coronel. “Pensamos que nos iban a felicitar o algo así. Pero no. Nos reunieron en la plaza de armas, nos quitaron el armamento, los equipos de campaña y nos desnudaron. Cuando entró mi coronel, nos empezó a putear y a vaciar y nos dijo que no servíamos para nada, que si no entendíamos que a él de nada le servía la guerrillera viva y que lo que importaba eran las bajas nada más, porque él iba a jugar para ascender a coronel y lo medían por eso. Nos dijo que nos iba a hacer echar a todos”, contó un tercer exintegrante de Atila 1, quien tiene en su hoja de vida la medalla Almirante Padilla otorgada por la Gobernación de La Guajira por sus buenos resultados operacionales, así como varias felicitaciones de sus superiores.

Los tuvieron durante una semana en una barraca. Después los sacaron a prestar seguridad en la Sierra Nevada donde capturaron a varios paramilitares. Sin embargo, un mes después de la operación contra el ELN, les notificaron que estaban fuera del Ejército. De ellos, 19 fueron destituidos fulminantemente. Otros 8 pidieron la baja al cabo de pocos días, desmoralizados por lo ocurrido con sus compañeros.

El Batallón Cartagena, el Mecanizado Rondón en Fonseca, La Guajira, y La Popa en Valledupar fueron tres de las unidades militares más salpicadas en casos de falsos positivos. Sin embargo, aunque Atila 1 pertenecía a la primera, no hay registro de que haya estado involucrada en esas ejecuciones.

La mayoría de ellos llevaban varios años como soldados profesionales y sus hojas de vida ostentan muchas condecoraciones y medallas. Nadie les dio una explicación sobre por qué los expulsaban. Extraoficialmente, les dijeron que había sido por “cobardía” y por “negarse a combatir”, lo cual no era cierto. SEMANA conoció las declaraciones de dos sargentos primeros en las que manifestaron que los soldados cumplieron a cabalidad su misión.

Esa fue solo una de las irregularidades. En un documento interno del batallón al que tuvo acceso SEMANA, se menciona incluso que el cruce de disparos duró más de 2 horas y participaron directamente 12 soldados. Sin embargo, estos y otros 7 que hacían parte de Atila 1, pero nunca estuvieron en el sitio, fueron despedidos con el mismo argumento de “negarse a combatir”. En forma irregular jamás se les abrió investigación por ese hecho, considerado delito de cobardía por la justicia penal militar.

A muchos ni siquiera les hicieron los exámenes de retiro obligatorios. Así empezó para todos un suplicio que aún no termina. La gran mayoría no ha logrado conseguir un trabajo formal. Pasaron de soldados condecorados a rebuscarse la vida como coteros o mototaxistas. Dos de ellos trabajan en la plaza de mercado de Valledupar. “Yo tengo 3 hijos y mantengo a mi mamá. En un día bueno me puedo hacer 10.000 o 15.000 pesitos”, contó uno de ellos, que vive en un barrio de invasión en la capital del Cesar en una choza con conexiones ilegales de luz y con agua que le llega por una manguera.

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“A mí me prestan una moto a veces y trabajo de mototaxista. Cuando me va bien alcanzo a librar entre 8.000 y 12.000 pesos. Con eso ayudo a mi papá, mi mamá, 2 hermanos, mi mujer y mi hija”, afirmó otro. Han vivido de trabajar como ayudantes de albañilería, mecánica y algunas veces hasta de la caridad.

Poco después de su salida varios de ellos hicieron una vaca y como pudieron recolectaron 3 millones de pesos para pagar un abogado de Riohacha que les ayudara a recuperar su honor militar. El hombre los robó y les dejó tirado el proceso porque se iba a dedicar a la política. Tiempo después, Carlos Varela, un filántropo defensor de derechos humanos, se enteró de la historia de Atila 1 y asumió gratuitamente la causa que orienta mediante sus abogados.

Varela logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitiera el caso. Después de años de instaurar múltiples tutelas y otra serie de acciones legales, solo en febrero de 2016, ocho años después de los hechos, consiguió que la Subdirección de Personal del Ejército le aportara oficialmente los informes que dieron lugar al retiro, en los que encontró que las razones invocadas eran muy diferentes a las que durante años expuso la institución. En esos documentos afirmaban que habían salido por “razones del servicio”.

Si bien el tema está en la CIDH, en la última década el caso ha dado vueltas por cuatro juzgados administrativos que se tiran la pelota para definir los reclamos de los hombres de Atila 1; algunos quieren recuperar el honor perdido y otros reintegrarse al Ejército. En diciembre pasado llegó a otro juzgado en Riohacha.

La batalla legal continúa y los exmilitares se rebuscan día a día su comida y la de sus familias. Muchos de ellos ven esa reunión de noviembre pasado como una luz de esperanza y una especie de reconocimiento de un error por parte del Ejército. Mientras esperan una solución no se cansan de repetir algo que se ha convertido en su frase de batalla: “Lo que nos pasó ocurrió en una época en la que en el Ejército, lejos de ser bueno, era malo”. 

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