Tensión entre la Corte Constitucional y Colpensiones por la reforma pensional: “No ha desacatado la decisión judicial”

La reforma pensional está viviendo un nuevo momento de tensión, después de que la administradora estatal colombiana de pensiones, Colpensiones, le respondiera a la Corte Constitucional que no ha desatendido ninguna decisión judicial en medio de este proceso que ha generado fuertes diferencias entre el Gobierno Petro y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de ese alto tribunal.

El magistrado Ibáñez Najar es el ponente de la demanda que puso la senadora Paloma Valencia contra esa iniciativa y hace pocos días le lanzó un duro regaño a Colpensiones, por la falta de documentos que enviaron en el proceso de recusación que avanza contra el magistrado Héctor Carvajal, quien fue abogado personal del presidente Petro y contratista de esa entidad cuando la reforma pasaba por su trámite legislativo.

Frente a esos reclamos respondió la jefe de la Oficina de Asuntos Legales de la Administradora Colombiana de Pensiones, Mirtha Patricia Bejarano, quien manifestó que “Colpensiones no ha desacatado la decisión judicial de fecha 27 de octubre de 2025, por cuanto la respuesta dada con destino al expediente de la referencia se ajustó a los precisos términos en que le fue solicitada en esta providencia”.

Todo empezó cuando Colpensiones le envió a la Corte Constitucional las funciones que cumplió Carvajal cuando fue contratista, y quedó en evidencia que el ahora magistrado, además de conceptos sobre la reforma pensional, también le proyectó a la entidad pensional la defensa jurídica frente a la demanda de la congresista Valencia.

La Corte, tras revisar la documentación, concluyó que Colpensiones “no presentó en debida forma las pruebas solicitadas”, específicamente sobre los contratos que firmó Carvajal para asesorarlos jurídicamente en este caso y las pruebas enviadas no lograron cumplir con estándares mínimos como “autenticidad, completitud e integridad exigidos por la normativa”, concluyó el magistrado Ibáñez Najar.

Por eso la jefe de la Oficina de Asuntos Legales de Colpensiones, Mirtha Bejarano, le respondió al presidente de la Corte Constitucional que con el término establecido, entregaron información como “(i) memorial de respuesta; (ii) compilación de soportes documentales del contrato 070 de 2024 (64 folios); y (iii) compilación de soportes documentales del contrato 005 de 2025 (39 folios), incluyendo informes mensuales, solicitudes y entregas de conceptos, y soportes del supervisor”.

Así mismo, Bejarano aclaró que en la orden de la Corte no se exigió formatos electrónicos nativos, preservación de metadatos, cabeceras completas de correos, ni certificación técnica de la Oficina de tecnología, información que no fue entregada, según el presidente de la Corte.

“En resumen, Colpensiones en acato a lo dispuesto por el Magistrado Sustanciador en la providencia del 27 de octubre de 2025, remitió conceptos, documentos, soportes e informes de supervisión vinculados a los contratos referidos”, explicó la entidad.

Lo cierto es que esta nueva tensión entre el Gobierno nacional y la Corte Constitucional, extiende más el trámite para resolver la recusación que la senadora Paloma Valencia contra Carvajal, por la supuesta afectación a la imparcialidad que tendría frente a la reforma pensional al haber sido contratista de la entidad que se encargara de ponerla en marcha.