Vichada, entre el hambre y la desnutrición. Corte Constitucional detecta grave crisis humanitaria en ese departamento

Como si La Guajira no fuera suficiente, la Corte Constitucional también detectó una grave crisis alimentaria y de desnutrición que tiene en riesgo a cientos de niños y niñas indígenas del departamento del Vichada, por eso ordenó una serie de medidas que garanticen la protección de derechos fundamentales como la salud, la vida, la alimentación y el agua potable.

Esta decisión se dio después de que la Sala Segunda de Revisión estudió una tutela que presentó la Defensoría del Pueblo a nombre de los niños y niñas indígenas de ese departamento contra otras entidades del orden nacional y territorial, por lo que se consideró como una grave y urgente situación de escasez alimentaria y desnutrición experimentada por la población infantil de las étnias que habitan en ese territorio.

La Corte declaró que “en materia de alimentación se desconoció este derecho por la insuficiencia y falta de articulación de las actuaciones adelantadas por entidades locales y nacionales, que han impedido atender la problemática generalizada de la región”.

Los magistrados del alto tribunal hallaron la existencia de una situación crítica “reiterada, conocida e intolerable” sobre la cual no se han implementado políticas públicas que aseguren el mínimo vital alimentario, con pertinencia cultural y étnica.

“En materia de las garantías del derecho al agua potable: ninguna de las entidades accionadas presentó un plan para resolver el déficit de acceso al agua potable y segura para las comunidades étnicas de los municipios del Vichada”, expuso la Corte en su decisión.

El tema del agua también tendría un problema relacionado con la falta de respuesta institucional articulada y coordinada, lo que dejaría sobre la mesa las graves omisiones en las que han incurrido diferentes entidades públicas para garantizar el acceso a ese derecho fundamental para la población étnica en Vichada.

En cuanto al derecho a la salud, la Sala concluyó que “existe una afectación estructural del derecho de acceso a la salud configurada tanto por barreras administrativas y geográficas, como por una falta de voluntad institucional para implementar medidas con enfoque diferencia”.

Frente a todas estas situaciones, la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio del Interior, liderado por Armando Benedetti, que cree un espacio de participación y diálogo que incorpore un enfoque étnico y de género, así mismo, la Defensoría y las personerías municipales deberán realizar visitas en territorio para determinar el cumplimiento de los derechos vulnerados para realizar un diagnóstico que identifique los obstáculos.

Esas entidades deberán plantear una serie de soluciones efectivas que permitan superar las problemáticas identificadas, mientras que se implementará un plan de atención primaria para tomar medidas de atención urgente en materia de salud para los niños y niñas menores de cinco años que se encuentre en grado de desnutrición aguda y moderada.

La Sala ordenó en materia de agua potable que “, a través de carrotanques, pilas privadas o públicas o por el medio más idóneo, del servicio en las comunidades étnicas que no dispongan de alternativas adecuadas para obtener el suministro de dicho recurso”.

Con esta orden, la Corte también solicitó implementar planes destinados a dar soluciones permanentes en materia de salud, alimentación y agua potable, los principales problemas que están provocando una crisis humanitaria en el departamento de Vichada.