Tras un prolongado proceso judicial y administrativo, el pasado jueves, 19 de febrero, se ratificó finalmente a Ismael Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional de Colombia. En un principio, el Consejo Superior Universitario (CSU) lo había designado para dicho cargo el 21 de marzo de 2024.
Peña logró asumir oficialmente sus funciones tras dos años de tensiones, durante los cuales el Ministerio de Educación se negó a reconocer su posesión.
La negativa se basó en que el acto se llevó a cabo en una notaría, sin la firma del acta oficial requerida por la cartera educativa. A este conflicto legal se sumó la controversia sobre su elección original: el CSU lo designó mediante un sistema de votación secreto, pasando por alto a Leopoldo Múnera, quien había sido el ganador de la consulta académica no vinculante.
La llegada de Peña a la rectoría no fue bien recibida por la comunidad estudiantil. Tras fuertes manifestaciones y con la intervención del Ministerio de Educación, se decidió posesionar a Leopoldo Múnera como rector encargado.
Sin embargo, la semana pasada, el CSU, respaldado por un fallo del Consejo de Estado, ratificó definitivamente a Ismael Peña Reyes como rector en propiedad de la institución hasta el año 2027.
Ante este panorama, cerca de 4.000 estudiantes se congregaron este miércoles, 25 de febrero, en el Auditorio León de Greiff de la Sede Bogotá para celebrar su asamblea trimestral.
Tras seis horas de deliberación, emitieron un comunicado oficial en el que expresaron haber debatido ampliamente “la imposición de Ismael Peña Reyes como rector, gracias al fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá”. Como resultado de esta coyuntura, la asamblea definió posturas claras y emitió una serie de determinaciones.
En primer lugar, “rechazaron enfáticamente la designación de Peña y exigieron su renuncia, argumentando que el fallo responde a intereses políticos de derecha que vulneran la autonomía universitaria. Asimismo, desconocieron su autoridad, señalando que, aunque posee legalidad judicial, carece de legitimidad ante la comunidad”.
En respuesta a esta ratificación, la asamblea estudiantil decidió “declarar un paro general hasta el 20 de marzo, tiempo en el cual sesionará la Mesa Constituyente Universitaria para presentar nuevos lineamientos de democratización”.
Entre otras medidas, solicitaron “liquidar cualquier entidad privada que use el nombre de la universidad para desviar recursos, convocar asambleas constituyentes para el estatuto general y rechazar señalamientos temerarios que ponen en riesgo al profesor Francisco Toloza”.
Finalmente, los estudiantes exigieron “plenas garantías al CSU para el desarrollo de la protesta, rechazando la implementación de clases virtuales o trabajo en casa como medidas de represión académica contra su derecho a la reunión”.