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Francisco y Catalina Uribe Noguera serán imputados el próximo 15 de marzo por el delito de destrucción de evidencias. Se trata del segundo cargo en su contra pues la Fiscalía ya los acusó de favorecimiento en secuestro. Dentro de la estrategia judicial del ente acusador no está contemplado solicitar su captura.

JUDICIAL

Hermanos de Rafael Uribe Noguera, al banquillo

La Fiscalía se propone demostrar que Catalina y Francisco Uribe Noguera no solo incurrieron en el delito de favorecimiento, sino que además eliminaron evidencia clave para el esclarecimiento pleno del crimen de Yuliana Samboní.

4 de marzo de 2017

Durante el último mes se reunió semanalmente en la oficina de María Paulina Riveros, la vicefiscal general, un comité integrado por agentes del CTI, forenses de Medicina Legal, investigado de la Policía y la fiscal que tiene asignado el crimen que estremeció al país: el de la niña Yuliana Samboní, de solo 7 años de edad, secuestrada, violada y estrangulada por Rafael Uribe Noguera. Analizaban, entre otras cosas, las pruebas obtenidas por la Fiscalía para argumentar que los hermanos Catalina y Francisco incurrieron en una conducta delictiva tras enterarse de que su hermano había perpetrado el crimen.

Como se recuerda, la tragedia de Yuliana Samboní ocurrió hace tres meses, el 4 de diciembre de 2016. Para determinar la implicación de Catalina y Francisco en los hechos relacionados con el crimen (cuya autoría ya reconoció Rafael ante la justicia), los investigadores reconstruyeron la cronología, minuto a minuto, de aquella fatídica jornada. Según esta, el arquitecto Rafael Uribe Noguera recibió en su apartamento a un distribuidor de drogas hacia las 8:30 de la mañana y luego, al poco tiempo, salió de su residencia y condujo hasta el barrio Bosque Calderón Tejada, al nororiente de Bogotá, donde raptó a Yuliana para regresar velozmente a su apartamento.

La Fiscalía tiene una serie de grabaciones que evidencian el trayecto que cumplió la camioneta en la que se movilizó el criminal. Inicialmente, Rafael trató de regresar a su residencia pero al parecer los gritos de la víctima le complicaron las cosas, por lo que tras ingresar el vehículo e intentar parquearlo, abruptamente, cambió de parecer y salió de nuevo. En el afán incluso chocó ligeramente la camioneta. Luego de esto condujo hasta el edificio Equus 66 –a tres cuadras– y se cuidó de usar un parqueadero ajeno, interno, y no el espacio que le correspondía. Esto le facilitó alcanzar el apartamento 603 por un ascensor directo, sin exponerse a la eventual mirada de vecinos o al registro de cámaras de seguridad. Esa cuidadosa ruta, al mismo tiempo, le ha impedido a la Fiscalía resolver un punto clave: determinar en qué momento asesinó a Yuliana. Hoy no se sabe en qué condiciones ingresó la menor al apartamento donde más tarde apareció su cadáver. Tal vez el celador de turno habría podido esclarecer el misterio, pero se suicidó y en el interrogatorio legal que alcanzó a rendir no dilucidó este punto.

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Hacia las once de la mañana, Rafael recibió en la puerta del apartamento un domicilio: aceite, trago y cigarrillos. Media hora más tarde, salió solo del edificio, caminó hasta su residencia y, a los pocos minutos, regresó a Equus a pie y con otra vestimenta. Aunque no se ha logrado precisar la hora exacta de la muerte, la lógica indica que cuando Rafael salió a mediodía ya habría perpetrado el crimen y que fue a cambiarse para borrar rastros del mismo. Los investigadores no han podido dar con la ropa que se quitó. Pero los forenses de Medicina Legal, a través de análisis de ADN, sí tienen plenamente establecido que nadie distinto a Rafael Uribe Noguera accedió violentamente a la niña.

El crimen de Yuliana Samboní, de apenas siete años, conmocionó al país. La niña vivía con sus padres y un hermano en esta humilde casa en el barrio Bosque Calderón,al nororiente de Bogotá. La familia tenía una sola cama para todos ellos.

La búsqueda de Yuliana

Entretanto, los oficiales del Gaula desplegaban un operativo de búsqueda urgente pues la menor había sido reportada como secuestrada a media mañana. Gracias al registro de una cámara de seguridad, los agentes establecieron la placa de la camioneta y contactaron a quien figuraba en los papeles. En ese momento el abogado Francisco Uribe Noguera aparece en la historia. El Gaula se reunió con él pasadas las dos de la tarde en el CAI de la calle 72 con carrera séptima, donde le informaron que una niña había sido secuestrada en la camioneta. Francisco dijo no tener claridad de quién tenía el carro y, tras algunas llamadas, informó que se trataba de su hermano Rafael, pero que no sabía dónde encontrarlo.

Guiados por Francisco, los investigadores del Gaula buscaron a Rafael en el apartamento en que vivía y en el de sus padres. También fueron a las oficinas de la firma de arquitectura de la familia e hicieron innumerables llamadas, sin que nadie diera razón. Agotadas esas opciones, los agentes decidieron indagar por su lado, tratando de rastrear el celular que estaría en poder de Rafael, para lo cual se apartaron de Francisco, a quien le pidieron informarles cualquier novedad. Pero ello no ocurrió. Francisco y su hermana Catalina buscaron a su hermano en un lugar que nunca les mencionaron a los investigadores, el apartamento del edificio Equus 66. De acuerdo con la línea de tiempo reconstruida, Francisco y Catalina habrían tenido certeza de que su hermano estaba oculto en ese apartamento cuando el Gaula estaba a solo tres cuadras de ahí, pero no avisaron a la Policía.

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En efecto, Francisco decidió ir solo al Equus 66, donde lo esperaba su hermana, quien todavía, sin poder entrar al apartamento, le había dicho que estaba casi segura de que allá se escondía Rafael, pues salía olor a cigarrillo. Al entrar al edificio, Francisco echó un vistazo a los parqueaderos y encontró la camioneta. Aún más: al asomarse al interior observó el zapato de una niña. Cuando ya fue innegable, el vigilante reconoció a los hermanos que Rafael estaba adentro y explicó que le había ordenado negar su presencia a todo el que fuera a buscarlo. Para las autoridades, Francisco y Catalina cometieron en ese momento el gran error de no avisar urgentemente al Gaula y de entrar al apartamento por sus medios.

Hacia las cuatro de la tarde, Francisco saltó varios muros y, luego de un par de piruetas –incluso poniendo en riesgo su vida–, logró entrar al apartamento desde la terraza. Allí, en el balcón de una alcoba, contra una columna, encontró a Rafael pasmado en una especie de shock, según contó. Tras increparlo sin obtener respuesta, le abrió a Catalina y los tres hermanos permanecieron allí hasta cerca de las seis de la tarde. A esa hora salieron juntos, según lo muestra la cámara de seguridad de la recepción, en aparente calma. Francisco y Rafael anduvieron varias calles hasta que tomaron un taxi para ir hacia la Clínica Monserrat, mientras que Catalina decidió ir a casa de sus padres.

Según lo que Francisco ha relatado en las indagatorias, hasta ese momento ni él ni Catalina sabían que su hermano estaba involucrado en el crimen de una niña de 7 años. La pareja de hermanos aseguró que Rafael apenas les dijo vagamente que la niña se había bajado en la Circunvalar, por lo que ellos suponían que el Gaula la hallaría sana y salva. Francisco asegura que solo en el taxi, camino a la clínica y en voz baja, su hermano le confesó el crimen. Y los investigadores no están del todo seguros de que ello haya ocurrido así.

La Fiscalía se dio a la tarea de ubicar y entrevistar al taxista que los movilizó. El conductor confirmó el trayecto que hicieron desde la calle 67 hasta el centro médico en la 127, y aseguró no recordar nada particular en esa carrera. Dijo que aunque iba distraído escuchando música, no percibió ninguna escena dramática como la que se supone habría en un taxi cuando alguien le confiesa a su hermano que secuestró y mató a una niña.

Con pruebas de ADN la Fiscalía constató que nadie distinto a Rafael Uribe Noguera accedió violentamente a la niña

Para los investigadores del caso también es ilógico que Francisco no hubiera llamado al Gaula pero que sí hubiera contactado a juristas para buscar asesoría en medio de la situación extrema en la que estaba envuelto. El reconocido abogado aseguró que al llegar a la Clínica Monserrat se encontró con un colega, quien, enterado de la situación, le recomendó dar inmediato aviso a las autoridades. Y solo entonces, varias horas después de encontrar a su hermano, Francisco habló con los agentes del Gaula a los que les contó que, según Rafael, la niña estaba muerta.

Hasta este punto, para la Fiscalía la conducta de Francisco y Catalina configuraba el delito de favorecimiento en secuestro. Es decir que la pareja de hermanos habría hecho maniobras para poner fuera del alcance de la justicia al responsable de ese delito, lo cual, de ser probado, les significaría una pena entre uno a cuatro años de cárcel. Pero la Fiscalía anunció esta semana que irá más allá, pues en dos semanas les imputará el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio.

Los argumentos

Para argumentar el primer cargo, la Fiscalía presentará la línea de tiempo, las grabaciones de las cámaras de seguridad, las indagatorias y un minucioso análisis del cruce de llamadas entre todos los involucrados. El ente acusador tratará de demostrar el importante lapso de tiempo en el que Francisco y Catalina evadieron la comunicación con el Gaula mientras permanecieron con su hermano Rafael, y que luego buscaron internarlo en la clínica para obstruir el trabajo de los investigadores. Quienes conocen del caso en la Fiscalía se preguntan si realmente se trataba de una emergencia por qué salieron caminando tranquilamente, por qué no usaron el carro que tenían a su disposición en el parqueadero de Equus y por qué no llamaron una ambulancia. Dentro de la investigación también reposa un video en el que se ve a Rafael antes de ser atendido en la clínica, usando una máquina dispensadora de gaseosas, un registro que pondría en entredicho la supuesta urgencia médica que le aquejaba.

Sobre el cargo de favorecimiento cabe una amplia discusión, porque este habría ocurrido en medio de una situación extrema en la que no había claridad sobre lo que estaba pasando y en la que el involucrado era nada menos que el hermano de los implicados. Pero no ocurre lo mismo respecto al delito de destrucción de material probatorio. En ese aspecto es más difícil sostener los descargos, pues se trataría de actos posteriores, deliberados y ya con plena conciencia de la gravedad de la situación.

La agencia estadounidense ICE escudriñó en los celulares y computadores de los hermanos Uribe Noguera y sus hallazgos serán la base para imputarles el nuevo cargo de destrucción de evidencia. ICE, aunque menos conocida que la DEA o la CIA, es una agencia de ese mismo nivel e importancia.

Pero, ¿cuál sería el material probatorio que habrían eliminado los hermanos? La respuesta está en los teléfonos celulares y computadores de Rafael, Francisco y Catalina Uribe Noguera, incautados por la Fiscalía. El ente acusador, inicialmente, no pudo hallar mucha información allí, pues las aplicaciones de las redes sociales más comunes no estaban instaladas en los dispositivos. Pero la Fiscalía contó con la asistencia de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocida como ICE por su sigla en inglés (Immigration and Customs Eforcement). Esta oficina, aunque no tiene la misma fama de la CIA o la DEA, está a esa altura y cuenta con herramientas tecnológicas de última generación que pueden hacer milagros a la hora de escudriñar en un celular.

Hace un par de semanas, ICE entregó a la Fiscalía el resultado de los peritajes a los dispositivos y estos informes soportarán el nuevo delito imputado a los hermanos Uribe Noguera. La ayuda de la oficina gringa resultó determinante, al punto que la decisión de acusar “se tomó con base en la nueva evidencia recaudada y, en particular, por virtud de los dictámenes derivados de la asistencia judicial provista por la agencia ICE”, como lo señaló la Fiscalía en su comunicado.

Francisco y Catalina han reconocido que ellos cerraron las redes sociales de Rafael y que posteriormente desinstalaron algunas aplicaciones de los celulares. Los motivó, según ellos, que por esos canales empezaron a recibir una cascada de amenazas e insultos cuando los medios informaron que tras el crimen de Yuliana Samboní estaba el nombre del arquitecto Rafael Uribe Noguera.

El próximo 15 de marzo a las seis de la mañana, en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, se llevará a cabo la audiencia en la que la Fiscalía destapará sus cartas respecto al delito de destrucción de pruebas. Allí se expondrán en detalle los hallazgos de ICE en los celulares y computadores de los Uribe Noguera y se empezará a determinar hasta qué punto estos los pueden hundir en un delito castigado con una pena de entre cuatro y 12 años de cárcel. El abogado de los acusados, el penalista Pedro Aguilar, expondrá sus descargos y tratará de demostrarle al juez que durante y después de la tragedia los hermanos de Rafael, Catalina y Francisco obraron de buena fe. Apenas dos semanas más tarde, el 29 de marzo, un juez emitirá la sentencia que deberá purgar Rafael Uribe Noguera por el abominable crimen que cometió.