Un nuevo e intenso capítulo legal se abrió este 15 de octubre tras la divulgación de un pronunciamiento oficial emitido por el general en retiro Jorge Luis Vargas Valencia.
El exdirector de la Policía Nacional manifestó su profunda inquietud frente a informaciones publicadas por SEMANA, en las cuales se detallan presuntas actuaciones arbitrarias e ilegales orientadas a rastrear sus movimientos e intimidad personal mientras Gustavo Petro ejerció la Presidencia de la República.
Según lo expuesto en el documento público, las maniobras de espionaje habrían implicado el desvío sistemático de capacidades de los organismos de inteligencia y control financiero del Estado.
“Dichos actos habrían consistido en seguimientos, perfilamientos, obtención de información financiera sobre mí, entre otros, a través del uso ilícito de los recursos del Estado en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf)”, denunció formalmente el alto oficial en retiro, señalando el uso indebido de la capacidad institucional para fines de persecución individual.
Argumentos jurídicos y radicación de acciones penales
Para respaldar sus severos señalamientos, el general Vargas Valencia recordó episodios públicos en los que el exmandatario dejó ver desacuerdos de índole personal y política en su contra.
De acuerdo con el escrito entregado a los medios de comunicación, una entrevista concedida en su momento al periodista Daniel Coronell serviría como antecedente probatorio de la animadversión que derivó en las supuestas labores de inteligencia no autorizadas.
“Al respecto, es preciso que la opinión pública recuerde que Gustavo Petro, en entrevista dada al periodista Daniel Coronell, confesó y manifestó su aversión contra mí, indicando directamente que me tenía ‘entre ojos’, lo que me comprueba la realización de esas actividades ilícitas”, sostuvo Vargas Valencia en la nota de prensa.
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA https://t.co/9E86JwFiya
— Jorge Luis Vargas (@ElGeneralVargas) October 15, 2026
Frente a la gravedad de los hallazgos periodísticos e institucionales, el exdirector de la entidad policial confirmó el inicio de las acciones formales en el ámbito penal para llevar ante la justicia a quienes ejecutaron u ordenaron el rastreo de sus datos.
“Por lo anterior, he iniciado, junto con mi equipo de asesores jurídicos, las acciones legales tendientes a obtener la judicialización de quienes cometieron dichos actos, que podrían configurar los delitos de abuso de autoridad, peculado por aplicación oficial diferente, concierto para delinquir y otros más”, concluyó el general Vargas Valencia en su comunicado de este 15 de octubre.