Sandra Liliana Ortiz continuará privada de la libertad mientras avanza el proceso penal por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), luego de que un juzgado de control de garantías descartara que en su caso se hubiera configurado el vencimiento de términos.
En audiencia, la juez 79 analizó el cumplimiento de los plazos procesales establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal para casos de lavado de activos y determinó que, según esa norma, no se configuraba el vencimiento de términos alegado por la defensa de Ortiz.
Según ese mismo concepto, aunque han transcurrido más de 340 días desde que se presentó la acusación formal el 24 de enero, la juez determinó que 170 de esos días corresponden a aplazamientos y actuaciones de la defensa, incluidos periodos en los que se tramitó una nulidad procesal. Por esa razón, consideró que no se cumplió el término legal requerido para conceder la libertad.
La decisión se produjo tras resolver una solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa, que argumentaba el transcurso del plazo máximo desde la radicación del escrito de acusación. Sin embargo, la juez concluyó que el conteo legal no se encontraba agotado.
La defensa también solicitó la sustitución de la medida de aseguramiento por una menos drástica, petición que igualmente fue negada. El abogado Mauricio Camacho anunció que apelará la determinación ante la instancia correspondiente, insistiendo en que, a su juicio, se vulneran las garantías procesales de su cliente.
Sandra Ortiz, quien se desempeñó como consejera presidencial para las regiones, es investigada por su presunta participación en un esquema de direccionamiento de recursos públicos relacionados con la compra de carrotanques para La Guajira.
La Fiscalía sostiene que la exfuncionaria habría intervenido en la entrega de millonarios sobornos a cambio de favorecer intereses políticos en el Congreso.
