El Juzgado Octavo Especializado de Bogotá rechazó la petición de preclusión elevada por la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, procesada por el escándalo de corrupción que permeó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En la decisión judicial se consideró que no se cumple ninguno de los requisitos judiciales para cerrar el proceso contra la exfuncionaria por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
La defensa de la exfuncionaria, liderada por el abogado Mauricio Camacho Fernández, aseguró que la Fiscalía General había cambiado varios hechos jurídicamente relevantes entre la imputación de cargos y la presentación del escrito de acusación.
Debido a estas modificaciones, se debía convocar la preclusión del proceso penal con el fin de salvaguardar el debido proceso.
Estos argumentos, sin embargo, no fueron avalados por la jueza, quien consideró que todos estos temas se resuelven en la etapa de juicio mediante la presentación de pruebas.
“(…) Lo que avizora el despacho es que la defensa se está adelantando a etapas procesales posteriores, pues implícitamente está abriendo un debate en sede de preclusión, encaminado a concluir que, por la aparente ejecución de un contrato en un lugar distinto al referido por la Fiscalía, de manera automática resultan inexistentes todos los hechos jurídicamente relevantes”, aseguró.
Con esta decisión, en los próximos días continuarán las etapas preparatorias del juicio en este proceso penal.
Según la acusación de la Fiscalía General, en el año 2023, la entonces consejera presidencial de las regiones habría recibido instrucciones precisas del director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, para que moviera la entrega de millonarios sobornos destinados a los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
Fue así como en una reunión en las residencias Tequendama, en el centro de Bogotá, se estableció junto con el director de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, la forma en que se debían entregar estos dineros en efectivo.
La consejera presidencial habría prestado camionetas destinadas para su esquema de seguridad con el fin de que Sneyder Pinilla recolectara y entregara el dinero de las coimas.
Al senador de la Alianza Verde, Iván Name, se le entregaron, en dos ocasiones, tres mil millones de pesos en su residencia en el nororiente de Bogotá, muy cerca del centro comercial Unicentro.
Mientras tanto, al representante del Partido Liberal, Andrés Calle, se le entregaron mil millones de pesos en su casa en Montería, Córdoba.
Desde el 18 de diciembre de 2024, la exconsejera presidencial para las regiones se encuentra privada de su libertad en una guarnición militar en Bogotá.
En entrevista exclusiva con SEMANA, manifestó que la Fiscalía General le había cerrado completamente las puertas a una negociación para lograr un principio de oportunidad a cambio de la entrega de información sobre otros partícipes en estos hechos de corrupción.