La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, conocida también como “la mensajera”, sufrió un nuevo revés judicial este miércoles, cuando la Sala de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela presentada por su defensa. La solicitud buscaba obtener la libertad por vencimiento de términos o hábeas corpus, en el marco del caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Con la decisión, Ortiz permanece privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, mientras se adelantan las investigaciones por lavado de activos y tráfico de influencias relacionadas con su presunta participación en la red de corrupción.
En los últimos meses, la exfuncionaria ha presentado varias estrategias defensivas, incluyendo solicitudes de acceso a informes financieros de terceros y peticiones de preclusión del proceso penal, argumentando cambios en los fundamentos del delito de tráfico de influencias. Sin embargo, estas iniciativas han sido rechazadas reiteradamente por las autoridades competentes.
Este historial de derrotas judiciales contrasta con declaraciones públicas de Ortiz a medios como SEMANA, donde aseguró querer “contar la verdad al país” sobre los hechos en la UNGRD y manifestó haber solicitado un principio de oportunidad para delatar órdenes superiores, lo que implicaría reconocimiento de participación en el entramado de corrupción. En entrevista con Yesid Lancheros, director de SEMANA, Ortíz sostuvo que está dispuesta a hablar, pero que la Fiscalía le ha puesto “trabas”.
No obstante, su estrategia legal en los tribunales ha adoptado una postura contraria, negando la existencia de los hechos, alegando vulneración de derechos y solicitando preclusión del proceso. Analistas judiciales consideran este cambio como un reflejo de la “desesperación de la defensa” y de la incoherencia en su abordaje ante un caso que sigue avanzando con las puertas judiciales cerradas a sus pretensiones.