SEMANA conoció en exclusiva el auto mediante el cual la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia “dispuso avocar conocimiento” frente a la acción de tutela presentada por la exconsejera presidencial de las regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova.
La exfuncionaria insiste en que se le han vulnerado sus derechos al debido proceso y a la defensa en el desarrollo del proceso penal que se le adelanta por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Por medio de su defensa, Ortiz Nova entuteló a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y los juzgados 26 y 79 penales municipales con funciones de control de garantías de Bogotá por no revisar el recurso de habeas corpus que radicó por considerar que se encuentra privada injustamente de su libertad.
La exfuncionaria está cobijada con medida de aseguramiento privativa de su libertad desde el 18 de diciembre de 2024. Sin embargo, enfatiza, hasta la fecha no ha comenzado el juicio en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
El pasado 30 de enero, la Corte Suprema confirmó la providencia mediante la cual se negó por “improcedente el amparo de habeas corpus” presentado por la defensa de la exfuncionaria.
La acusación contra Sandra Ortiz
Según la Fiscalía General, entre los meses de septiembre y octubre de 2023, la entonces consejera regional de la Presidencia fue una de las fichas clave en el entramado de corrupción que desvió millonarios contratos y recursos de la UNGRD para favorecer a un grupo de congresistas.
En una reunión informal que se adelantó en la Casa de Nariño, en antesala a un consejo de ministros, Sandra Ortiz recibió instrucciones del entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, y del director de la UNGRD, Olmedo López, para mover recursos que debían llegar a las manos de los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
Esto con el fin que, en su calidad de presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, agilizaran el debate y la aprobación de proyectos en los que el Gobierno tenía especial interés.
Después de esto, la consejera organizó un desayuno en el lugar en el que residía de manera temporal, para fijar el monto del dinero que se les entregaría a los congresistas y la forma en que debía ser entregado.
Según señaló Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad y testigo de cargo de la Fiscalía, la funcionaria prestó sus camionetas blindadas para transportar el dinero desde Residencias Tequendama, en el centro de Bogotá, hasta un edificio en el nororiente de Bogotá, donde vivía el senador de la Alianza Verde, Iván Name.
La exfuncionaria reveló en entrevista exclusiva con SEMANA que pese a que le manfiestó a la Fiscalía General que contaba con información novedosa sobre estos hechos de corrucpión, el ente investigador —por orden de Luz Adriana Camargo— le cerró las puertas a una eventual negociación para obtener un preacuerdo.
