Después de que un juez le negara recientemente la libertad condicional por vencimiento de términos, la defensa de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, radicará un recurso de habeas corpus en el que reclamará el hecho que se encuentra detenida pese a que el juicio en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) no ha dado inicio.
La defensa de la exfuncionaria, liderada por el abogado Mauricio Camacho, ha reclamado que la Fiscalía General presentó el escrito de acusación en julio de 2025 y hasta la fecha no se ha comenzado esta etapa, por lo que se han superado considerablemente los términos que establece la ley.
Camacho aseguró que en menos de un mes se le han negado dos peticiones de libertad condicional a la exconsejera. Con el recurso de habeas corpus, espera que un juez analice detalladamente el cronograma de audiencias, el tiempo que lleva Ortiz privada de su libertad y la conducta que ha tenido dentro de la guarnición militar a la que fue trasladada por motivos de seguridad.
Sandra Ortiz permanece en la Estación de Policía de Carabineros, en el centro oriente de la capital del país, desde el 18 de diciembre de 2024. En esa oportunidad, una jueza de control de garantías concluyó que la exfuncionaria representaba un peligro para la sociedad y podía eliminar evidencia o presionar testigos.
La exconsejera presidencial fue acusada por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias a servidor público y lavado de activos.
El ente investigador señaló que, en octubre de 2023, la entonces funcionaria fue intermediaria en el pago de un soborno de 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name. Esto con el fin que avalaran los proyectos que iba a presentar el Gobierno.
Según detalló la fiscal delegada ante la Corte Suprema, Ortiz dio instrucciones precisas al entonces subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, para que le enviara directamente grandes sumas de dinero a los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
En el primer caso, Ortiz prestó incluso las camionetas que hacían parte de su esquema de seguridad para mover las maletas con los fajos de billetes.
Todo esto atendiendo, presuntamente, las indicaciones del también entonces director del departamento administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González.
“El 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la exfuncionaria habría recibido de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al expresidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez”, señaló la Fiscalía.
El mismo Sneyder Pinilla fue el encargado de llevar el 13 de octubre los otros 1.500 millones de pesos hasta un edificio ubicado en cercanías al centro comercial Unicentro. Las pruebas indican que en ese lugar habitaba el senador de la Alianza Verde.
Citando pruebas documentales y testimoniales, la Fiscalía General señaló que Sandra Ortiz tuvo “pleno conocimiento” de que el dinero que se estaba movilizando para la entrega de los sobornos “provenía de recursos de la UNGRD”.
En esta triangulación de recursos, se presentó un claro “direccionamiento de una orden de proveeduría que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira”.
