La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia no aceptó las pretensiones de la acción de tutela presentada por la defensa de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, procesada por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En la decisión, que fue notificada a todas las partes en la tarde de este martes, 17 de febrero, se declaró “improcedente” la acción judicial que fue revelada en primicia por SEMANA.
“Declarar improcedente la acción de tutela frente a la decisión proferida por el juzgado 79 penal municipal de control de garantías de Bogotá, mediante la cual se negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad”, precisa la decisión.
La exfuncionaria reclamaba que se le estaban vulnerando sus derechos al debido proceso y a la defensa, al considerar que no se habían evaluado de manera correcta los argumentos en la solicitud de libertad radicada hace unos meses.
Para Ortiz, pese a que se encuentra cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario desde diciembre de 2024, hasta la fecha no se ha comenzado la etapa de juicio, por lo que consideraba que se habían superado los términos que exige la ley.
La exconsejera presidencial para las regiones fue acusada por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en servidor público.
Para la Fiscalía General, fungió como una especie de “mensajera” —para hechos registrados en octubre de 2023— entre el entonces director del Dapre, Carlos Ramón González, y un grupo de congresistas con quienes se había acordado la entrega de millonarios sobornos.
La solicitud de preclusión
Incluso, el pasado 11 de febrero, la defensa de la exconsejera presidencial para las regiones solicitó ante la jueza especializada que lleva el caso la preclusión del proceso por el delito de tráfico de influencias en servidor público.
Esto al considerar que los hechos que sustentaban este cargo habían cambiado, considerablemente, tanto en la audiencia de imputación de cargos como en la acusación. Incluso, el abogado manifestó que las supuestas presiones frente a un contrato en el Atlántico “nunca habían existido”.
“La Fiscalía jamás ha dudado, señora jueza, que Sandra Liliana Ortiz Nova debe responder por circunstancias de tiempo, modo y lugar que giran en torno a un contrato que, se dice, se realizó en el municipio de Repelón, Atlántico (…) que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo”, explicó el abogado Mauricio Camacho.
Frente a esta solicitud, los delegados de Fiscalía, la Procuraduría y los representantes de víctimas acreditadas se opusieron tajantemente a esta solicitud, al asegurar que no se cumplen los requisitos mínimos para avalarla.
El próximo miércoles 4 de marzo, la jueza octava especializada de Bogotá tomará una decisión de fondo.
La exconsejera presidencial se encuentra privada de su libertad, por motivos de seguridad, en una guarnición militar en el centro de Bogotá.
