Un empresario desaparecido, una millonaria herencia y un megalote: ingredientes de la historia que tiene en la cárcel a poderosa exfiscal

La otrora todopoderosa fiscal especializada de la Unidad de Extinción de Dominio, Mónica Valencia Charry, se encuentra hoy por hoy privada de su libertad en la cárcel del Pedregal, en la ciudad de Medellín. Esto, en el marco del proceso penal que se le adelanta por haber utilizado su cargo para obtener información privilegiada de la documentación de Julio Cesar Zuluaga Trejos, un empresario desaparecido desde el 22 de octubre de 2002 y quien fue señalado, en su momento, de tener fuertes nexos con narcotraficantes de la talla de José Byron Piedrahita Ceballos, alias El Árabe.

Esta documentación fue solicitada, curiosamente, dentro de un proceso que se encontraba inactivo desde enero de 2022. La fiscal Valencia citó en repetidas oportunidades a los familiares de Zuluaga Trejos a diferentes diligencias judiciales para obtener información privilegiada y reservada frente a lo que tenía que ver con el patrimonio del empresario y su situación financiera. Desde mediados de diciembre de 2022, la fiscal empezó a convocar a la esposa e hijos del empresario desaparecido, manifestando que no era necesario ir con abogado.

“(...) Por favor, traer las declaraciones de renta de los años 2000 a 2021 y los Folios de Matrícula Inmobiliaria de los bienes que figuren a su nombre o hayan figurado a su nombre, así como la documentación que acredite las empresas o sociedades de las cuales hagan parte”. En muchos correos electrónicos la fiscal Valencia insistía en las citaciones de declaración juramentada y en los documentos que debían presentarle en su despacho, ubicado en la carrera 52 #42-73, Piso 21, en La Alpujarra, centro de Medellín.

La citación también le fue enviada a Dora Lucía González, quien casualmente era la contadora de la familia Zuluaga Trejos. Pero, ¿cuál era el interés de Mónica Valencia Charry en esta información y por qué tanta insistencia? La respuesta la dejó en claro el fiscal Mario Burgos en la audiencia de imputación de cargos que se adelantó. Por algunos apartes, de manera reservada era conocer la herencia que había dejado Julio César Zuluaga Trejos a su esposa y a sus hijos, para así empezar un proceso y, teniendo en cuenta su conocimiento de extinción de dominio, obtener un megalote ubicado cerca de la presa La Fe, en Antioquia, y el cual había generado una rencilla interna por parte de los herederos.

Prueba de esto es que, sin justificación alguna, una de las primeras preguntas que le hizo a Tomás Zuluaga Herrera –quien para el momento de la desaparición tenía cinco años– fue sobre lo que les había dejado su padre: “(...) a los años se hizo una distribución de los bienes que él tenía, no supe cómo ni cuándo, ni de qué manera se hizo, solo supe que a todos los que nos debía tocar nos tocó por partes iguales lo que nos dejó mi papá”. Debido a que esta respuesta no fue de su agrado, insistió en escuchar la versión de las declaraciones de aquellas personas que tenían más conocimiento de la herencia.

La fiscal le insistió en preguntar si conocía que este proceso ya no se trataba de una desaparición, sino de un secuestro, situación que desconocía por completo el hijo del empresario, quien no dudó en manifestar su extrañeza en el impulso de este caso diez años después que el paradero de su padre se convirtiera en un verdadero misterio y que la única investigación que existía avanzara a paso de tortuga.

La obsesión con la información privilegiada ya había presentado una acción de tutela ante el Juzgado 33 Penal Municipal con función de control de garantías el 14 de septiembre para obtener información reservada y personal con relación al seguro de vida de Julio César Zuluaga, esto después que se le negara acceder a estos datos por no tener competencia.

El fiscal Burgos reprochó la actitud de su colega, insistiendo en que en medio de las diligencias judiciales que adelantó aprovechó la oportunidad para manifestarle a uno de los hijos del empresario que debía estar insatisfecho por la repartición de los bienes, por lo que ejerció presiones para que le entregara todo tipo de documentación.

Estas presiones quedaron evidenciadas en las interceptaciones telefónicas que se le hicieron a la línea de la fiscal y las declaraciones juramentadas hechas en menos de un mes por los familiares y personas cercanas al empresario. “La fiscal Mónica Valencia Charry incurrió en decisiones, las cuales, por su rango de acción, son prevaricadoras. En este sentido, emite resoluciones de interceptación de comunicaciones de la familia Zuluaga cuando el proceso ya no estaba en su poder y estaba inactivo”.

“Además, aparentemente, abroga su competencia, activa, supuestamente, un proceso de ley 600 el cual ya no estaba en su poder con el fin de abusar de su función pública por su rol y estatus; cita a los declarantes haciéndose pasar que es funcionaria de extinción de dominio; obtiene información reservada y privilegiada; violenta sus datos personales sobrantes en documentos y ficheros digitales; constriñe de manera ilegal a los declarantes para cometer su cometido y obtener información muy reservada frente a los bienes”, precisó. La fiscal incluso llegó a presionar a los testigos asegurando que si ocultaban información podían ir a la cárcel.

En una audiencia, que se extendió por siete horas, el fiscal Mario Burgos le imputó los delitos de prevaricato por acción, violación de datos personales, fraude procesal, abuso de la función pública y constreñimiento ilegal. Tras la pregunta del juez segundo de control de garantías de Medellín, la fiscal Valencia Charry se declaró inocente.