Contador, el temido narco invisible que reemplazó a Guacho, responderá por sus crímenes ante los Estados Unidos

En 2018, a sus escasos 26 años, José Albeiro Arrigui Jiménez asumió ―tras la muerte del temido Guacho― las riendas del frente Óliver Sinisterra de las Farc, que delinquía en el sur del país y tenía una guerra a muerte con otros grupos para el control de las rutas del narcotráfico.

A diferencia de Guacho, Arrigui Jiménez, quien era conocido con el alias de Contador, era más reservado, muy pocos conocían su rostro y, como si se tratara de un espectro, hacía todo desde las sombras con sus pocos hombres de confianza.

Comandar la Oliver Sinisterra era solo un paso más en el escalón de su extensa carrera criminal. Contador, quien había hecho parte de la guerrilla de las Farc, le dio la espalda al Acuerdo de Paz y en el 2015 conformó una organización que bautizó como La Gente del Orden, la cual cooptó varios de los negocios ilegales del grupo subversivo en el departamento del Nariño, principalmente. Aprovechando su vasto conocimiento estableció nuevas rutas por el Océano Pacífico para el tráfico de cocaína y armas a países de Centroamérica como Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, para luego dar el gran salto a los Estados Unidos.

Con cerca de 200 hombres fuertemente armados a su mando, Contador empezó una expansión por el sur del país con las Guerrillas Unidas del Pacífico, sembrando el terror en los corregimientos y veredas de Tangarial, Aguacate, Imbili, La Vega, Cajapi, Inguapi, Ceibito, Guachal y Aguas Claras, en zona rural de Tumaco (Nariño), punto clave para el tráfico de cocaína. Para esto, estableció una alianza con el temido Cartel de Sinaloa, de México.

En su escalada criminal puso en marcha homicidios selectivos y desapariciones forzadas, centrándose en los reinsertados de las Farc que adelantaban todo tipo de proyectos para volver a la vida civil. Fue así como le ordenó a sus hombres acabar con la vida de Jorge Junior Granja, uno de los líderes de la reinserción en la vereda El Aguacate, en Tumaco.

Además de ejecutar amenazas contra el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Palma del mismo municipio y el gobernador indígena de la zona, hechos que los obligó a abandonar la región.

Su nombre también está relacionado con las tan temidas “casas de pique” a las que trasladaban a la fuerza a todo aquel que no estuviera de acuerdo con seguir sus designios criminales o hiciera parte de los bandos contrarios. A estos lugares también habrían sido llevados varios reinsertados para amenazarlos y obligarlos a empuñar las armas.

Cuando los operativos de las autoridades aumentaron en contra de la Oliver Sinisterra, y el rostro de Contador ya empezaba a ser conocido, no lo pensó un segundo en buscar alianzas con miembros del Ejército y la Policía para que les dieran información sobre las acciones militares y sobornarlos para que se centraran en “la competencia”. Lo malo es que esta misma estrategia la estaba implementando la banda rival, comandada por Juan Larinson Castro Estupiñán, el recordado Matamba.

Ya para ese momento, por información que permitiera su captura se ofrecían hasta 500 millones de pesos, siendo uno de los hombres más buscados del país. El 21 de febrero, tras un arduo operativo, fue capturado en la vereda Aguas Calientes, el municipio de Morelia (Caquetá), lugar al que habría llegado para pactar alianzas ilegales con grupos residuales ―otros desertores del Acuerdo― que delinquían en los Llanos.

Con el fin de salvar su pellejo, y sabiendo de muy buena fuente que su nombre ya generaba alerta en los Estados Unidos, buscó blindarse mediante un acuerdo de colaboración. Un agente de la DEA narró la forma en como Contador ―quien para ese momento había creado también un pequeño grupo criminal conocido como Los Contadores, que mutó para convertirse en el frente Iván Ríos, encargados del manejo de los recursos ilícitos del narcotráfico― entregó información clave sobre rutas del narcotráfico, los nombres de sus socios e información sobre todo tipo de actividades ilícitas.

Esta fue una de sus cartas para salvarse de la extradición. Su defensa alegó que gracias a su colaboración se logró la desarticulación de grupos armados organizados en Colombia y la incautación de cargamentos de armas de fuego, lo que permitió la destrucción de cinco complejos logísticos para la elaboración de clorhidrato de cocaína y de pasta base de coca, logrando así la incautación de 11.692 kilogramos del clorhidrato de cocaína, de 526 kilogramos de pasta base de coca y “ha afectado, a nivel económico, a las estructuras criminales en US 342 millones de dólares”.

Sin embargo, esto no lo salvó. SEMANA conoció en exclusiva el fallo de la Corte Suprema de Justicia que avala su extradición para que responda ante una Corte del Distrito Sur de Texas por delitos relacionados con el tráfico de drogas, armas y concierto para delinquir. “(...) así se determina del estudio de la acusación y de las declaraciones de apoyo, especialmente la del Agente de la DEA, con los que se deja en claro que las conductas por las cuales se solicita a Arrigui Jiménez estaban encaminadas a concertarse para distribuir estupefacientes con destino al país reclamante”.

Debido a que salió de las Farc antes de la firma del acuerdo y que los hechos por lo que es solicitado por Estados Unidos se presentaron con posterioridad tampoco pudo acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Su falta de voluntad para someterse al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición terminó de darle el pasaje sin un retorno cercano a los Estados Unidos. Hoy, a sus 32 años, ve como su vida criminal llega a su fin.

Cuando regrese a Colombia, Contador tendrá pendiente varios procesos penales por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, y homicidio agravado, este último por causarle la muerte a un excombatiente de las extintas Farc-EP.

Igualmente, tiene en fila varias investigaciones por asesinatos, amenazas y amedrentamientos contra un centenar de firmantes, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.