"Cómo vivimos de bueno"

Hace dos años que a don Jesús Eduardo Mazo no se le quiebra ninguno de los termos de los tintos que vende en el centro de Medellín. En medio de la guerra de bandas, milicias y paramilitares que azotó su vecindario hasta 2003, solía llegar raspado y tembloroso, con su caja de madera de los termos hecha trizas de tanto arrojarse al suelo para que no le dieran un balazo. "Esto ha cambiado mucho, sobre todo los muchachos", dice su esposa, Rosalbina Uribe, que lo esperaba en la ventana recitándole oraciones a Dios.

Ellos viven hace 31 años en el barrio Popular 1, en la zona nororiental de Medellín. Tienen cuatro hijos. Los dos menores, Juan Camilo y John Ferney, son mellizos, pero, además, músicos, bailarines y poetas. Durante la última década, signada en esta parte de Medellín por miles de muertos, los dos se refugiaron en la Fundación para la Educación Popular y la Pequeña Industria (Fepi), donde recibieron cursos de liderazgo, danza, recreación y computadores.

La FEPI queda en una esquina que era frontera natural del territorio de las bandas y allí tronaban petardos y balazos casi a diario. Pero Los Mellizos, igual que cientos de jóvenes que tuvieron la atención de organizaciones comunitarias y no gubernamentales, sortearon aquel ambiente dominado por el poder y la intimidación de las armas. Hoy asisten al Instituto Técnico Metropolitano, gracias a una beca para estudiar sistemas de información que les otorgó el gobierno de Medellín.

En el barrio Popular 1 medio centenar de jóvenes se desmovilizaron en noviembre de 2003 y en julio pasado. Hacían parte de las filas de los bloques Cacique Nutibara (BCN) y Héroes de Granada (BHG) de las autodefensas, al mando de Diego Fernando Murillo, alias 'Adolfo Paz' o 'Don Berna'. Según fuentes oficiales, de los 2.900 reinsertados de ambos procesos, por lo menos 2.000 operaban en las comunas populares de Medellín.

En su informe más reciente sobre Colombia, la organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) criticó los resultados de esa desmovilización y sostuvo que en Medellín se dio un proceso de "reciclaje" de los paramilitares, quienes veladamente no sólo tienen el control militar de la mayor parte de las zonas marginadas de la ciudad, sino que ahora pretenden el dominio político y organizativo de las comunidades.

Tres aseveraciones del informe de AI indispusieron a las autoridades locales y encendieron el debate sobre la realidad de Medellín: "Aunque los homicidios han disminuido, se siguen perpetrando para garantizar que la población civil no desafía el control paramilitar. (...) No se puede garantizar el Estado de Derecho en una ciudad en la que cualquier intento de cuestionar o desafiar el control de las fuerzas paramilitares puede tener, y tiene, como respuesta la violencia política. (...) las estructuras paramilitares y el control sobre Medellín permanecen intactos".

Esos juicios sobre la totalidad del cuerpo urbano que es Medellín excluyeron otras explicaciones y factores que influyen en la mejoría de la convivencia ciudadana. El testimonio de pobladores, líderes y analistas consultados por SEMANA refleja que es tan impreciso decir que el orden público y la vida social y comunitaria de la ciudad dependen de los paramilitares, como negar que algunos de esos agentes ilegales mantienen presiones y cometen atropellos en por lo menos una decena de barrios de las comunas 1, 4 y 13 de Medellín.

Esa apreciación tan contundente desconoció, además, largos y lentos procesos de activismo social y político de entidades comunitarias y no gubernamentales que por años han funcionado como células regenerativas del tejido social de Medellín. Campañas a favor del respeto a la vida y los derechos humanos, abanderadas por la Iglesia Católica, las juntas de acción comunal y decenas de ONG, y algunas acciones del Estado, calaron poco a poco en una ciudadanía cansada de ver muertos y violencia.

"Los cambios culturales son lentos, pero los hay. Hay síntomas de que la gente de Medellín es más consciente de que tenía un problema grave de violencia que hay que resolver. Hay más denuncia, hay un cambio de lenguaje y de modelos que descartan las salidas violentas", observa el investigador social y analista Pablo Emilio Angarita. Él celebra, sin dudarlo, la reducción vertiginosa de las muertes violentas, que en 2005 podrían bajar a 800, contra las 2.012 que hubo en 2003.

En el barrio Popular 1, donde viven los Mazo Uribe, esos cambios se sienten: doña Rosalbina, quien dice que sufre problemas del corazón y la tensión arterial debido a la angustia y al estrés que le producía estar pendiente de la salida y la llegada al barrio de sus hijos y su esposo, ahora camina en la noche y la mañana, como parte de la terapia que le recetó el médico. "Tan bueno que estamos viviendo, estamos felices. Hay fiestas de 15 y mucha música los fines de semana", dice ella.

La experiencia de los directivos de la Fepi es ejemplo de esa realidad que tiene varias facetas. Ellos denunciaron la campaña de desprestigio iniciada por un líder simpatizante de los desmovilizados que los "acusó de estar malversando 36 millones de pesos de un contrato. Pero, sin embargo, dicen Irma Rendón y John Jaime Sepúlveda, en los consejos consultivos para definir el presupuesto de inversión de nuestra comuna hay espacio para el debate y la libre expresión".

Aunque en la comuna 4 de Medellín también se denuncian presiones de simpatizantes de los paramilitares desmovilizados contra líderes que asisten a la definición del presupuesto participativo, miembros del Instituto Popular de Capacitación (IPC) no restan validez a la reinserción paramilitar y piden reglas claras al gobierno para que no haya intimidaciones. "La situación de hoy es mejor que antes y, al tiempo, la ciudad muestra un cambio cultural y político que se condensó con la elección del actual alcalde", dice el investigador del IPC Jesús Balbín.

En el contraste y el equilibrio con que se debe mirar a Medellín hoy, el informe de AI citó hechos concretos como el asesinato de líderes, el reclutamiento de menores y el cobro de extorsiones a pequeños comerciantes en la comuna 13, una amplia zona del occidente de Medellín donde hay presencia permanente y nutrida de la fuerza pública, desde octubre de 2002, cuando se cumplió la operación militar Orión y se desalojó a los grupos de milicias de la guerrilla.

Al homicidio de la líder comunitaria Teresa Yarce, en el barrio Las Independencias, en 2004, se suman denuncias permanentes a SEMANA sobre el cobro de vacunas a los transportadores y tenderos en el barrio La Pradera, por parte de personas que se presentan como paramilitares. El caso más grave en la comuna 13 es el reclutamiento forzado de nueve menores de edad en lo que va de 2005, ante lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno de Colombia que informe sobre las medidas de protección adoptadas.

La abogada Diana Gutiérrez Londoño, del Movimiento Social de Mujeres en Antioquia, se pregunta sobre la realidad de la desactivación del paramilitarismo en Medellín y la capacidad del Estado para proteger a los civiles. "Eso ocurre en la comuna 13 que, según el mismo gobierno, está bajo su control. ¿Entonces? Nos la jugamos por una salida negociada y no desconocemos la conveniencia del proceso con las autodefensas, pero esas cosas no pueden seguir".

Sin embargo, los líderes de la Fepi destacan cómo en ese cambio de mentalidad de los reinsertados y de la misma comunidad se están encontrando salidas dialogadas para realizar un trabajo social conjunto. Según los líderes de la Fepi, "hay alegría en los rostros, ganas de participar, apego por la vida. Los niños ya no pintan cruces ni pistolas, sino jirafas y casas".

En la zona nororiental, por ejemplo, se descubre que no sólo el silencio de las armas ha creado un clima de confianza, sino que obras como el Metrocable afianzan esa nueva mentalidad urbana menos propensa a las agresiones. "Hay más seguridad y nos sentimos reconocidos. Nos visita gente de El Poblado y del extranjero Ya saben que aquí tenemos valores, una belleza que está en la solidaridad y el trabajo comunitario", según Irma Rendón.

Es prematuro asegurar que Medellín ha entrado en una transición y en un cambio irreversibles, sobre todo cuando tiene por delante una pobreza y un desempleo que no ceden. Pero nadie quiere dar marcha atrás ni volver a los días de las balaceras eternas. "A Jesús a veces se le quedan todos los tintos sin vender, dice Rosalbina. Qué angustia sin plata para los pasajes de Los Mellizos. Pero es mejor que a ellos y a los muchachos del barrio les pasen por la cabeza libros y no balas".

*Corresponsal de SEMANA en Medellín