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Opinión

  • | 2019/05/26 00:46

    Donde manda capitán...

    A los militares que dicen la verdad en la JEP los tratan de traidores, y cuando los amenazan, ni siquiera son dignos de la protección del Estado.

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Ha comenzado una cacería de brujas contra los oficiales del Ejército que valientemente denunciaron al NYT la existencia de nuevas directrices que podrían revivir los falsos positivos, y contra los militares retirados y activos que están cumpliendo con el compromiso de contar en la JEP la verdad sobre cómo funcionaba esa red de corrupción que los permitió.

Según mis fuentes, varios de los militares que han ido a la JEP de manera voluntaria a contar la verdad recibieron amenazas luego de que presentaron su versión. Sé también que uno de ellos fue víctima de un atentado del que salió ileso de milagro. Las amenazas fueron debidamente denunciadas ante la Fiscalía desde octubre del año pasado, pero a pesar de que el propio Néstor Humberto Martínez fue informado de ellas, su Fiscalía, más preocupada por tumbar a la JEP, las embolató porque hasta el día de hoy no se sabe en qué van las investigaciones. Lo más grave es que a pesar de que el estudio técnico de riesgo que se les hizo a varios de esos militares amenazados –algunos de ellos activos– arrojó que era extraordinario, hasta el momento ninguno tiene un esquema de seguridad porque la UNP insiste en que no puede prestar servicio de protección sino a los magistrados de la JEP. Mejor dicho: hoy, a estos militares que están cumpliendo con el compromiso de decir la verdad y que están siendo amenazados por ello, el Estado no les brinda ninguna protección. Tanto temor les da la verdad que han convertido a quienes se atreven a decirla en parias. Ya son 80 militares que han ido de manera voluntaria a contar la verdad sobre los falsos positivos ante la JEP. Si a alguno de ellos le llega a pasar algo, el responsable directo va a ser el Gobierno del presidente Duque.

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En la misma situación están los militares que se atrevieron a develar al diario NYT las órdenes que nos estarían devolviendo a la doctrina del body counting. A ellos, a los oficiales que denunciaron la existencia de una serie de órdenes que vuelven a medir el éxito de las tropas por el número de “combates masivos con el enemigo” –muy parecidas a las que adoptó Álvaro Uribe en su gobierno cuando el comandante del Ejército era el general Montoya–, los tienen cercados y al acecho. Sé de buena fuente que muchos ya han sido interrogados, y que otros han tenido que pasar por el polígrafo como si fueran traidores y no militares valientes, que cumplieron con su deber al ver con temor cómo se devolvía su ejército en materia de derechos humanos.

A los militares que dicen la verdad en la JEP los tratan de traidores, y cuando los amenazan, ni siquiera son dignos de la protección del Estado.

Su temor es más que fundado: estas nuevas órdenes denunciadas por ellos obligaron a todos los oficiales a firmar una especie de formulario en el que se vieron obligados a proyectar el doble de resultados para este año, en capturas, desmovilizaciones y muertos en combate. Cómo van a lograr esas metas, poco importa. Solo saben que si no las cumplen, serán castigados como sucedía en la época de Uribe, cuando él llegaba a las divisiones y trapeaba con los comandantes que no tenían suficientes muertos.  

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Otro de los documentos de los que habla el NYT es un instructivo en el que se ve la presión a la que son sometidos los comandantes de las brigadas y de las divisiones en todo el país: a todos se les lleva un conteo de los días que llevan esas unidades sin combatir, lo que implica –y es lo que más preocupa a los oficiales que denunciaron este hecho– que deberán salir a buscar muertos como sea y donde sea; y más grave aún, los van a tener que buscar en un país en el que el ejército ya no tiene grandes enfrentamientos con columnas guerrilleras porque las Farc, que eran su principal enemigo, ya no existen. Hace diez años, cuando las Farc estaban en armas, cerca de 5.000 jóvenes fueron asesinados con la excusa macabra de que eran guerrilleros muertos en combate. Si esta doctrina prospera, quién sabe cuántos son los colombianos que podrán morir asesinados solo para satisfacer los parámetros de éxito que exige el comandante del Ejército, Nicacio Martínez.  

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El Gobierno Duque, que le entregó el Ministerio de Defensa al expresidente Uribe, se ha visto a gatas para hacer lo correcto. Primero dijo que las denuncias eran falsas e inexistentes. Luego decidió retirar las órdenes que antes había dicho que no existían, y mientras que el uribismo movía sus hilos en la Comisión Segunda del Senado para que se aprobara el ascenso del comandante del Ejército investigado por falsos positivos y se le enviaba una carta a The New York Times acusándolo de mentiroso, Duque salió a nombrar una comisión para investigar el tema de las directivas como si la comisión pudiera reemplazar su levedad. Y encima de eso: a los militares que dicen la verdad en la JEP les dan el trato de traidores, y cuando son amenazados, ni siquiera son dignos de protección por parte del Estado. 

El desprecio por la verdad solo es superado por el desprecio por los derechos humanos. Afortunadamente, en la Colombia de hoy esa ecuación ya no es permitida, como lo demuestra el hecho de que hay militares valientes contando la verdad.    

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