¿Qué empresa, universidad o entidad privada tiene en nómina a más de 400 trabajadores innecesarios con sueldo de 30 millones de pesos al mes? Creo que ninguna. Ese abuso, ese absurdo, se presenta en la Procuraduría General de la Nación. Son más de 400 los funcionarios de ese organismo que son inútiles, es decir, completamente inútiles, en una nómina de más de 5.000 burócratas. Siga o se acabe la Procuraduría, se deberían suprimir esos cargos. Son un desangre. Se tratade los procuradores judiciales grado II. Devengan lo mismo que los magistrados de los tribunales superiores ante los cuales están acreditados. En cada departamento hay un tribunal superior, con salas civiles, penales y laborales.
Los procuradores judiciales II emiten concepto en todos los expedientes que se tramitan en esas salas, es decir, sí tienen que trabajar, pero su concepto no es obligatorio. Por lo tanto su trabajo es inoficioso y demoran el trámite de todos los procesos. Y por ser una rémora ganan muy bien. Los 439 procuradores judiciales grado II perciben exactamente 29.782.005 pesos al mes, o sea que cada 30 días hay que desembolsar de los impuestos 13.000 millones de pesos solo para pagarles el sueldo, sin bonificaciones y otras gabelas. En un año son 156.000 millones de pesos.
La procuradora general gana 39 millones de pesos mensuales, igual que el viceprocurador y 41 procuradores delegados. Cuando hace cuatro años escribí sobre estas sanguijuelas grado II, me llamó asombrado mi viejo amigo Germán Castro Caycedo, que había visto todo en el periodismo menos esto. Había entonces 412 procuradores judiciales grado II, que en los diez años anteriores le habían costado al erario 1 billón de pesos, es decir, un millón de millones. Por hacer más lenta la justicia. Una de esos 412 era la amante de un senador. Ella y el senador fueron llevados por uniformados a una estación de Policía ante llamadas de vecinos que sospechaban una golpiza.
Así se descubrió que la doctora santandereana Magda Patricia Romero Otálvaro era procuradora judicial II y se supo, porque ella lo contó en entrevista radial, que en el cargo la nombró en 2010 el procurador santandereano Alejandro Ordóñez, “porque era gran amigo de mi papá” y además había sido su profesor. El senador santandereano que fue conducido a la comisaría con ella es Bernabé Celis. Pero no hubo escándalo ni golpiza, pues según la doctora santandereana: “Él no me agredió a mí físicamente, me resbalé, me golpeé contra un mueble de mi casa” y todo fue una “discusión acalorada en donde se levantó la voz por parte mía”.
En los siete años que llevaba en la Procuraduría la doctora Romero ya le había costado al erario 700.000 dólares, al cambio del momento, sin contar prestaciones, primas, pensión y otras adehalas. Por hacer más lenta la justicia. No son las relaciones sentimentales de la doctora lo que preocupa, pues cada cual hace de su capa un sayo, sino el costo que los grado II representa para el presupuesto nacional. También son inútiles las investigaciones de la Procuraduría a funcionarios públicos. Como se abren miles de expedientes, las sanciones terminan aplicándose a las mil y quinientas, si es que se aplican. Investigar todo es la fórmula que se utiliza en Colombia para garantizar la impunidad. Un bloque de búsqueda que se ocupe de los casos más importantes sería mucho más efectivo.
¿Cómo fueron capturados los Rodríguez Orejuela? Con un bloque de búsqueda. ¿Cómo fue abatido Pablo Escobar? Con un bloque de búsqueda. Además, el control disciplinario se hace siempre después de ocurrido el daño. Una Procuraduría eficiente podría llegar preventivamente, antes del estropicio. Es una propuesta del penalista Mauricio Luna Bisbal: “El médico atiende al vivo para sanarlo y no al muerto. El control posterior hace las veces del patólogo forense: descubre el daño. Lo que se necesita es prever y evitar el riesgo para anular el posible daño”.
En 2020 la Corte Constitucional señaló que el control preventivo sirve para evitar “los riesgos de corrupción a los cuales se exponen los recursos públicos. La corrupción empobrece las naciones, y atrasa las posibilidades de desarrollo en todos los campos”. La Procuraduría es un elefante blanco.
Nadie derramará una lágrima si se cierra. Lo que no se entiende es la promesa de Gustavo Petro de premiar a los más de 5.000 empleados: “No echaremos a la calle a miles de empleados que tiene la Procuraduría y que están ligados a los ejes jurídicos y al derecho disciplinario”. Lo justo sería despedirlos y que busquen empleo en el sector privado, en el que millones de trabajadores que no ganan 29 millones de pesos tienen que entregar, mes a mes, una parte del salario para financiar esta nómina inútil de los procuradores judiciales grado II.