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Rafael Guarín Consejero Presidencial para la seguridad Nacional Foto Monica Gonzalez - Foto: Monica Gonzalez

Diez claves en seguridad

De acuerdo con la ONU, a 2021 existían 143.000 hectáreas de coca en el país. Se debe hacer un revolcón en la lucha contra los cultivos ilícitos.

Por: Rafael Guarín- Exalto Consejero de Seguridad Nacional- columnista invitado para esta edición

El presidente electo, Gustavo Petro, tendrá desafíos críticos en seguridad. Diez claves:Los retos de seguridad en las regiones más afectadas por la violencia no se resuelven solo con policías y soldados. En los primeros 100 días tendrá que adoptar una política integral que busque transformar las regiones, sustituir las economías ilícitas por lícitas y construir legitimidad democrática e imperio de la ley. Continuar la implementación del Acuerdo de La Habana y de los Planesde Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) tienen impacto favorable en seguridad. La preservación del agua, la biodiversidad y el medioambiente deberían mantenerse en el centro de la política de seguridad nacional.

El presidente debe asegurar que los planes militares y de policía sean adecuados a los objetivos estratégicos de la política de seguridad, establecer indicadores y mecanismos efectivos de monitoreo y control civil. Importante fortalecer el control civil sobre el aparato militar y policial e insistir en que la legitimidad de la fuerza pública se deriva del respeto a los derechos humanos.

De acuerdo con la ONU, a 2021 existían 143.000 hectáreas de coca en el país. Se debe hacer un revolcón en la lucha contra los cultivos ilícitos. Lo que funcionó parcialmente en el pasado, cada vez funciona menos. No existe seguridad jurídica frente a los instrumentos con los que se cuenta y son múltiples las estratagemas de cultivadores y narcotraficantes que dificultan la acción de la fuerza pública. Un nuevo plan que permita la disrupción de las redes de valor de las economías ilícitas es urgente, haciendo énfasis en la sustitución, pero diferenciando el cultivo del campesino de las grandes extensiones industriales de coca.

Nada funcionará sin la justicia y el sistema penitenciario. Jueces y fiscales en el territorio e infraestructura y recursos, junto a nuevas cárceles, es vital, al igual que una reforma al sistema de administración de las cárceles para enfrentar la corrupción y fusionar el Inpec y la Uspec.

En materia de seguridad ciudadana, el modelo de vigilancia por cuadrantes es impecable en el papel, pero no tiene cómo operar. La reforma del funcionamiento interno de la Policía respecto a la seguridad ciudadana está pendiente. Sin afectar el carácter nacional de la Policía, es importante examinar formas de empoderar más a los alcaldes en materia de seguridad ciudadana. Hay que hacer más contra el homicidio. Se requiere, entre otras muchas cosas, perseguir las armas ilegales y el control efectivo de las armas legales. Se deberá reforzar aún más la protección de defensores de derechos humanos, reinsertados y líderes sociales.

Avanzar en la renovación de las capacidades de defensa, al menos en los dominios aéreo y marítimo, y atender las amenazas en el campo cibernético. Esto implica nuevos recursos e inversiones a largo plazo. Fortalecer las capacidades de inteligencia interna y externa.

Cerrar las llaves que están goteando. Examinar el proceso de planeación y ejecución del presupuesto para la sostenibilidad del sector, lograr austeridad y optimizar la eficiencia y la racionalización del gasto, garantizando transparencia y el bienestar de los miembros de la fuerza pública.

Una política que lleve a la disolución de los grupos armados organizados es necesaria. Existe un marco constitucional y jurisprudencial claro en materia de derechos de las víctimas y el Gobierno puede explorar nuevos instrumentos jurídicos y alternativas. Un proceso de esas características debería ser resultado de un acuerdo político y no una bandera de división o polarización.

Fundamental continuar la relación con Estados Unidos en materia de seguridad y con la Otan, así como desarrollar diálogos sobre la eficacia de la cooperación contra el narcotráfico, la implementación del acuerdo de paz y la lucha contra el delito transnacional y el terrorismo. El nuevo Gobierno debe tomar la iniciativa y proponer una agenda.

El presidente electo ha dicho que establecerá relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Tal decisión debería al menos mediarse por la cooperación bilateral con el fin de que no existan santuarios de protección a terroristas y narcotraficantes; se logre la seguridad en la franja de frontera y un plan de recuperación económica y social. Pero el más importante, es que como presidente respete la Constitución, no ceda a la tentación de politizar a las FF. MM. y a la Policía, y que recuerde que ahora es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no el exguerrillero que las combatió.