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Daniel Felipe Briceño Montes

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El costoso EGO de la alcaldesa Claudia López

Las finanzas del Distrito no pueden seguir orientándose a cultivar la arrogancia de ningún mandatario.

17 de mayo de 2023

Durante la campaña de 2019 en Bogotá, uno de los temas más denunciados por la entonces candidata Claudia López fue el del recurrente gasto de los anteriores alcaldes en pauta, publicidad e imagen. En ese momento, López venía de liderar una consulta anticorrupción que en su esencia buscaba recobrar la confianza de los ciudadanos en el Estado mediante la implementación de herramientas y normas que limitaran el poder de algunos en beneficio de la ciudadanía.

Con el discurso de austeridad y anticorrupción logró convertirse en la primera alcaldesa de Bogotá bajo un escenario de esperanza y cambio para la ciudad. Sin embargo, al pasar el tiempo comenzamos a ver una mujer poderosa cuya principal preocupación era mantener su imagen e ir acorde con las tendencias mediáticas; incluso muchas veces en contra de las necesidades de los bogotanos.

En medio de la crisis de la pandemia se vendió como salvadora, precavida y diligente, atendiendo la situación con un encierro preventivo, diciendo en todos los medios de comunicación que estaba tramitando respiradores para la ciudad, cerrando colegios y dando un mensaje de “tranquilidad” a todos los capitalinos. Pero no era más que una táctica de marketing en medio de la tragedia para explotar su propia popularidad. La estrategia funcionó, pero únicamente durante las primeras semanas. El fracaso del hospital transitorio de Corferias, las demoras en las entregas de las ayudas y la ineficiencia para adquirir los ventiladores prometidos para las UCI la pusieron en evidencia.

Lo mismo sucedió durante el paro nacional donde, para subirse a las tendencias del momento, decidió romper las relaciones con la Policía Nacional haciendo populismo sobre toda la institucionalidad. La consecuencia fue generar un grave problema en la operatividad entre el Distrito y la fuerza pública que desencadenó en una ola de inseguridad. Claudia nunca ha perdido una oportunidad ni tragedia para tomar protagonismo.

Esta semana lo vimos de nuevo con el feminicidio de Érika Aponte a manos de su expareja en el centro comercial Unicentro. La mandataria aprovechó el caso para hacer una rendición de cuentas sobre la “maravillosa” ciudad que según ella y sus funcionarios les están dejando a los bogotanos -especialmente a las mujeres-, donde prácticamente dio a entender que no hubo ninguna ineficiencia institucional y que la víctima tardó mucho en denunciar. Una propaganda totalmente fuera de lugar.

Pero detrás de este afán de protagonismo hay también un malgasto de recursos públicos que, según el Sistema de Contratación Pública (Secop), ya se acerca a los 90.000 millones de pesos durante estos cuatro años para pauta en medios de comunicación y redes sociales. En próximas columnas hablaré del gasto de la alcaldesa en asesores de imagen, personal para el manejo de redes y del ejército de camarógrafos y productores contratados para darse autobombo. En total son 95 contratos con los que se han montado agencias de medios en cada entidad, bajo el mismo esquema que tanto criticó cuando era candidata.

Para nadie es un secreto que ella se encuentra en campaña presidencial y que los recursos y la estructura de la ciudad se están poniendo hoy al servicio de su ego y aspiraciones políticas. Hace unas semanas la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) alertó que en el periodo de esta administración distrital se ha gastado el doble en publicidad que lo que gastó el expresidente Iván Duque durante su gobierno. Un dato muy revelador si tenemos en cuenta que él fue fuertemente cuestionado por su reiterativo gasto en imagen.

Las finanzas del Distrito no pueden seguir orientándose a cultivar la arrogancia de ningún mandatario. Creo que es momento de que comencemos a reflexionar y abramos el debate sobre la necesidad de comenzar a limitar drásticamente este tipo de gastos. Bogotá y el país requieren que el erario se destine a programas eficaces y reales que beneficien a quienes pagamos impuestos y no a quienes deben cuidar de ellos.

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