En el año 1823, cuando las jóvenes repúblicas hispanoamericanas aún sangraban por las guerras de independencia y Europa intentaba recomponer sus imperios tras la caída de Napoleón, James Monroe, entonces presidente de los Estados Unidos, trazó una línea invisible sobre el mapa del hemisferio occidental. Esa línea, convertida en doctrina, advertía a las potencias europeas que cualquier intento de recolonización, imposición de protectorados o establecimiento de “monarquías títeres” en América sería tratado como una amenaza directa a la seguridad estadounidense, al tiempo que Washington prometía no intervenir en los asuntos internos del Viejo Mundo. Detrás de esa fórmula aparentemente defensiva se escondía una idea fundante: América no volvería a ser un tablero abierto a la disputa entre imperios, porque el único árbitro aceptable sería, tarde o temprano, el poder de los Estados Unidos.
Durante el siglo XIX, la Doctrina Monroe se invocó como un escudo diplomático frente a aventuras coloniales como la expedición francesa en México y como soporte ideológico de la expansión continental de los Estados Unidos, una potencia naciente, pero con medios militares aún limitados. Años más tarde, y con el Corolario del presidente Theodore Roosevelt, en 1904, esa lógica se transformó: dejó de ser un principio defensivo para convertirse en la justificación de intervenciones directas en el Caribe y Centroamérica, la implementación de regímenes aduaneros tutelados y el control de nodos estratégicos como el istmo de Panamá. Nació entonces la era del “Gran Garrote”: Washington se autoasignaba el papel de policía del hemisferio frente a la inestabilidad interna de los países de la región y frente a cualquier pretexto europeo de intervención.
Durante la Guerra Fría, el monroísmo se reescribió en clave anticomunista. El objetivo ya no era frenar a las coronas europeas, sino bloquear la expansión soviética y la proyección castrista en el mal llamado “patio trasero”. Bahía de Cochinos, República Dominicana, Granada y Panamá fueron capítulos en los que la vieja doctrina sirvió como marco tácito para golpes apoyados, intervenciones puntuales y el sostenimiento de dictaduras “amigas”, siempre que fueran anticomunistas. Tras el colapso de la URSS, el lenguaje de Monroe pareció diluirse bajo la retórica de la globalización y la democracia liberal, pero nunca abandonó del todo los despachos de Washington: siguió vivo en la vigilancia sobre Cuba y en la incomodidad ante cualquier presencia militar extracontinental en la región.
Dos siglos después, esa historia regresa con otro rostro y otra gramática de poder. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Donald Trump, lanzada el pasado mes de noviembre del presente año, no se limita a mencionar el hemisferio occidental: lo declara teatro central de la competencia entre grandes potencias y actualiza, de facto, un “Corolario Trump” que reivindica el derecho de Estados Unidos a preservar una zona de influencia exclusiva en América. El enemigo ya no lleva uniforme europeo, sino pasaporte chino, ruso o iraní; y el terreno que se disputa no es solo diplomático, sino tecnológico, financiero, informativo y militar. En ese tablero, Venezuela deja de ser una dictadura brutal y autoritaria para convertirse en una cabeza de playa adversaria: un enclave desde el que actores extrahemisféricos proyectan poder en el Caribe.
Lo que hoy ocurre en nuestra cuenca se parece menos a una escaramuza fronteriza y más a una partida de ajedrez jugada en clave realista. Desde la Casa Blanca, Trump actúa bajo la lógica del realismo ofensivo descrito por el profesor John Mearsheimer: en un sistema internacional sin árbitro, las grandes potencias buscan la hegemonía regional porque solo dominando su vecindario pueden reducir la incertidumbre y el riesgo de intromisiones foráneas. Cada movimiento de pieza —un portaaviones con su grupo de ataque en el Caribe, una nueva ronda de sanciones, la designación de organizaciones narcoterroristas en el corazón de un régimen mafioso identificado como amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, la declaración de zonas de exclusión aérea y marítima de facto, sumada a un bloqueo naval modificado— persigue un objetivo estructural que va más allá de tumbar una dictadura: dejar claro que el hemisferio occidental sigue siendo un tablero vedado para potencias externas. El efecto dominó que generen las próximas jugadas en este ajedrez geopolítico será crucial para consagrar —o desmentir— el “Corolario Trump”.
En la otra orilla, el chavismo de Nicolás Maduro juega con las fichas del realismo defensivo asociado a Kenneth Waltz: no aspira a conquistar el tablero, sino a no ser expulsado de él. Su estrategia no es el jaque mate inmediato, sino el desgaste del adversario mediante la resistencia prolongada: multiplicar los costos políticos, humanitarios, económicos y militares de cualquier intervención de los Estados Unidos; lograr el apoyo internacional de sus pares alegando violación a la Carta de las Naciones Unidas; apoyarse en la inteligencia y el know how cubano para controlar la sociedad hasta el último cuadrante; y usar la ecuación criminal —tráfico de cocaína, oro, coltán, contrabando, extorsión, migración ilegal y la alianza con organizaciones narcoterroristas como el Tren de Aragua, el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia, todo esto bajo el auspicio del Cartel de los Soles— como fuente de recursos para sostener la partida. Mientras Trump piensa en términos de maximizar el poder, Maduro piensa en términos de sobrevivir un día más.
La resistencia prolongada de Maduro no se entendería sin la huella cubana. Durante años, asesores de La Habana han ayudado a diseñar un aparato de control social y seguridad interna que convierte la represión selectiva, la penetración de la oposición y la vigilancia masiva en herramientas rutinarias de gobierno. Esa escuela explica el arreciamiento sistemático contra líderes opositores, la criminalización de la protesta y el uso de las instituciones judiciales, legislativas y electorales como armas políticas: no es improvisación, es doctrina aplicada a la supervivencia de un régimen sitiado. La narrativa de “fortaleza asediada”, pulida durante décadas por el castrismo, ha sido reciclada por el madurismo para justificar cada encarcelamiento, cada inhabilitación y cada exilio forzado como si fueran batallas defensivas de una revolución acorralada. En ese contexto, el Premio Nobel de Paz 2025 otorgado a la valerosa líder opositora María Corina Machado no fue solo un reconocimiento personal, sino la validación internacional de un pueblo que lleva casi tres décadas pagando con cárcel, destierro, silencio, ruptura familiar y una humillación cotidiana que se suma al costo de desafiar a un poder que decidió sobrevivir a cualquier precio.
En ese tablero caribeño, Rusia ha decidido jugar con discreción. Moscú ha enviado asesores, equipos militares y respaldo político explícito a Caracas, además de explorar el uso de puertos y aeródromos venezolanos como puntos de apoyo simbólico para despliegues a larga distancia. No se trata tanto de desplazar militarmente a los Estados Unidos, sino de un gesto geopolítico: demostrar que, si Washington puede proyectar poder cerca de las fronteras rusas, Rusia también puede hacerse sentir en el patio trasero estadounidense, encareciendo el costo de cualquier aventura contra Maduro. Es intervenir con baja inversión en un momento en que los costos de la guerra en Ucrania reducen cualquier margen de maniobra.
China, en cambio, juega una partida más silenciosa. Evita la exposición militar directa, pero sostiene al régimen mediante créditos, compras de crudo con descuento, inversiones selectivas y acceso privilegiado a recursos naturales. Su silencio frente al despliegue del portaaviones USS Gerald Ford es engañoso: mientras Trump muestra músculo naval, Pekín calcula cuánto puede ganar manteniendo a Venezuela como socio debilitado pero funcional, sin quedar atrapado en una escalada abierta en el Caribe. Diversas estimaciones sobre la deuda venezolana con China reflejan la magnitud de esa dependencia: un agujero negro caldeado por la corrupción que se volvió insostenible con el tiempo.
En el fondo, más allá de los intereses geopolíticos, lo que se libra hoy entre Washington y Caracas es un choque entre dos modelos de guerra incrustados en el mismo escenario: la guerra multidimensional diseñada por los Estados Unidos frente a la guerra híbrida que el régimen de Maduro intenta imponer. En la primera, el tiempo se mide en ciclos de presión escalonada, donde se pretende el control de todos los dominios —marítimo, aéreo, financiero, tecnológico y psicológico—; en la segunda, el modelo híbrido, concepto acuñado por Frank G. Hoffman, militar estadounidense del cuerpo de Marines, quien define este tipo de conflicto donde se combinan en un mismo teatro las capacidades convencionales, tácticas irregulares, actos terroristas y desorden criminal, integrados bajo una sola estrategia. No se trata solo de sumar formas de violencia, sino de coordinar todos los medios disponibles con el firme propósito de desgastar al adversario y desbordar sus capacidades de respuesta. En el caso venezolano, el régimen de Maduro adopta precisamente esa lógica híbrida al fusionar el aparato estatal, la inteligencia, los proxys armados y las economías ilícitas para sostener una resistencia prolongada frente a la presión multidimensional de los Estados Unidos. En este marco, el tiempo se administra como desgaste calculado, resistencia al costo que sea y la administración del caos, incluso al riesgo de una anarquización generalizada que haga inviable cualquier gobierno de transición. Esta es una de las mayores preocupaciones de la Casa Blanca.
Aunque pueda ser discutible, de facto, ambos países ya están en guerra: la generación de zonas aéreas y marítimas de exclusión, el bloqueo selectivo y la incautación de líneas marítimas que transportan crudo venezolano, así como la interdicción sistemática de “narcolanchas” y rutas de contrabando, han elevado exponencialmente el costo económico y logístico para el régimen. Más que destruir embarcaciones o bloquear e incautar buques petroleros, Estados Unidos está atacando, una por una, las variables que alimentan la ecuación criminal que sostiene al poder en Caracas, hasta asfixiar su capacidad de financiarse. Es un torpedo que impacta en la línea de flotación del régimen. El siguiente umbral es claro: un acto hostil que sirva de detonante para liberar el empleo abierto de la fuerza y justificar, ante la opinión pública y el derecho interno, el enorme despliegue militar ordenado por Trump y ejecutado por el Pentágono. Washington juega a la provocación controlada; Caracas, a no caer en ella sin renunciar a los pilares criminales que le permiten seguir en pie.
¿Qué puede ocurrir en adelante? Ríos de tinta se han escrito por centenares de expertos en diferentes partes del mundo explorando los posibles derroteros que podría tomar este conflicto. Un primer escenario es el de la coerción prolongada sin intervención clásica. Estados Unidos podría mantener durante años una combinación de presión naval, sanciones financieras, aislamiento diplomático y guerra informativa, esperando que el régimen implosione: fracturas en las Fuerzas Armadas, quiebre de la élite económica y un desgaste social insoportable. Ese camino minimiza el costo político de una intervención abierta, pero tiene riesgos evidentes: consolidar a Maduro en su narrativa de “fortaleza sitiada”, profundizar la dependencia de Venezuela respecto a China, Rusia e Irán y desplazar la presión hacia la región, especialmente hacia Colombia y los países del sur que ya absorben migración masiva y criminalidad transfronteriza.
Un segundo escenario implica una escalada limitada en el uso de la fuerza. No se trataría de una invasión clásica, sino de operaciones de precisión contra infraestructuras críticas del Cartel de los Soles, laboratorios, pistas clandestinas y nodos logísticos o financieros del régimen. Acciones discretas, encubiertas o de atribución ambigua, que buscarían debilitar la capacidad de Maduro de sostener su economía ilícita y su aparato represivo. Este tipo de escalada sería coherente con la lección extraída de casos como Irak o Libia: cuando la brutalidad de un régimen se considera intolerable y su impacto desestabilizador cruza cierto umbral, la presión diplomática tiende a ir acompañada de golpes selectivos que inclinan la balanza.
Un tercer escenario, menos probable pero no descartable, es el de la ruptura mayor: un incidente naval o aéreo en el Caribe, un ataque atribuido a estructuras vinculadas a Caracas o un hecho de violencia masiva que modifique súbitamente la percepción de amenaza en Washington. En ese punto, la lógica del realismo ofensivo y del “Corolario Trump” podría empujar a la Casa Blanca a demostrar que su doctrina no es retórica. Una operación más amplia —aunque limitada en el tiempo— orientada a acelerar el colapso del régimen sería consistente con la historia de intervenciones estadounidenses cuando se percibe que la credibilidad de su hegemonía regional está en juego. Pero para los Estados Unidos, el curso de acción ideal sería derrocar el régimen sin arriesgar la vida de los hombres y mujeres desplegados en el Caribe: ahí, en la mente del estratega, está la clave.
En todos estos escenarios, Colombia no es espectadora: es pieza central. Es frontera directa con el régimen de Maduro, históricamente socio privilegiado de Washington en inteligencia y operaciones de interdicción y territorio de paso de migración y economías ilícitas que encuentran tanto en el Caribe como en el Pacífico su corredor natural. Los puertos del Caribe colombiano, las bases de la Fuerza Pública y la cooperación con el Comando Sur son parte del tablero donde se define cuánto se aproxima la guerra multidimensional a nuestras costas, en medio de la guerra híbrida que ya marca nuestra realidad. Por tanto, la posición de Colombia no puede ser ambigua ni dubitativa. Los principios democráticos que rigen al Estado colombiano no son negociables: la opinión pública ha dejado claro que una aplastante mayoría repudia el régimen de Maduro. No se necesitan más explicaciones.
La pregunta que atraviesa esta nueva guerra hemisférica es tan incómoda como inevitable: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los Estados Unidos para preservar su supremacía en el hemisferio occidental? La experiencia histórica indica que hay dictaduras que no caen con comunicados ni con sanciones, sino con el uso explícito de la fuerza. El choque entre el realismo ofensivo de Trump y el realismo defensivo de Maduro —entre la guerra multidimensional y la resistencia prolongada— decidirá si el Caribe será escenario de una coerción intensa pero contenida o de un conflicto que, una vez desatado, nadie en la región podrá observar desde la barrera.
Porque, en última instancia, la línea que James Monroe trazó hace dos siglos sobre el mapa no era solo una advertencia a Europa: era el anuncio de un imperio en construcción. Hoy, ese imperio ha regresado al Caribe con portaaviones, drones, sanciones, bloqueos, presión militar y algoritmos. La verdadera cuestión para Colombia y para el hemisferio entero no es si habrá o no una actualización letal de la Doctrina Monroe, sino si nuestras élites políticas, militares y económicas están preparadas para enfrentar —o simplemente para entender— el laboratorio de guerra multidimensional que ya existe sobre nuestras aguas.