La autonomía del Congreso silenció a las regiones

El 10 de abril de 2024 se presentó ante la opinión pública una iniciativa de referendo constitucional orientada a transformar el modelo de asignación y gestión de recursos en Colombia. La propuesta, que buscaba modificar el artículo 298 de la Constitución Política, fue impulsada por líderes nacionales y regionales, quienes, junto con la ciudadanía, promovieron una apuesta por el desarrollo territorial autónomo y diferenciado, con el propósito de garantizar que la inversión pública respondiera de manera directa y eficaz a las necesidades concretas de cada departamento.

Durante décadas, el centralismo fiscal ha configurado un esquema inequitativo en la distribución de los tributos, desatendiendo la heterogeneidad de los territorios y los retos propios de cada región. Bajo el modelo vigente, el Estado central concentra aproximadamente el 85 % de los ingresos por concepto de renta y patrimonio, mientras que a los municipios se asigna apenas el 10 % y a los departamentos un exiguo 5%. Este panorama contrasta de manera evidente con la capacidad de generación de riqueza de departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, cuyos aportes superan con creces el retorno proporcional de recursos desde la Nación.

La iniciativa del referendo ‘Por las Regiones, Firme’ se presentó como una herramienta constitucional legítima y democrática para superar el rezago territorial, permitiendo a los departamentos asumir la administración directa de los tributos recaudados en su jurisdicción por concepto de renta y patrimonio, y duplicar así los ingresos disponibles para inversión social, infraestructura y desarrollo económico. Se trataba de un mecanismo para materializar el principio de autonomía territorial consagrado en la Carta Política, fortaleciendo la descentralización y corrigiendo los desbalances históricos del modelo centralista.

Como integrante y vocero de esta iniciativa, creo que es imposible ignorar el respaldo de 3,5 millones de ciudadanos, que reconocieron la necesidad de avanzar hacia un ordenamiento territorial más justo y equitativo. Sin embargo, el trámite legislativo en el Congreso se convirtió en el principal obstáculo, dejando en suspenso esta propuesta que representaba una salida concreta frente al atraso de los territorios y una apuesta por la consolidación de una inversión social justa en el país.

El hundimiento de esta iniciativa revela una desconexión estructural entre el Congreso de la República y las demandas ciudadanas. Mientras la ciudadanía mostró un respaldo masivo a la propuesta, la gestión legislativa demostró la resistencia de la institucionalidad centralista a ceder espacios de poder y decisión a los territorios, perpetuando la inequidad fiscal, al tiempo que se desconoce la soberanía popular plasmada a través del referendo.

Asimismo, resulta pertinente advertir que el debate sobre la descentralización fiscal no es meramente económico, sino profundamente político. El manejo concentrado de los recursos ha sido, históricamente, una herramienta de control que limita la autonomía de las regiones y frena el surgimiento de proyectos de desarrollo propios de estas zonas del país.

La brecha territorial se ensancha a causa de la decisión tomada en el poder Legislativo, que en lugar de poner fin a la desconexión existente entre el nivel central y el regional, ratifica y posterga el manejo exclusivo de los recursos desde la capital, dejando de lado el crecimiento propio de las regiones. Así, aunque el referendo era un mecanismo democrático, la autonomía del Congreso logró silenciar a las regiones.