Sirva o no sirva

Al ministro no lo desvela que la enorme mayoría de los hospitales de la red pública muestren, en el Sistema de Alertas y Seguimiento de Hospitales Públicos del Sispro, niveles de gestión bajos, que los indicadores, que tanto cacareó Petro en campaña y que le llenan la boca al ministro y a su antecesora Corcho cuando justifican la destrucción del sistema de salud, se mantienen en su mayoría en los mismos niveles que antes y si mejoran arrojan sutilezas entre los expertos porque los cambios en las estadísticas parecen reflejar más bien manipulación que procesos; un poco como el sorpresivo cambio en el indicador histórico de productividad a las puertas de la negociación del salario mínimo por parte del Dane.

No le preocupa el deterioro acelerado de la cartera de la red pública y privada de atención, las evidencias de la caída en los indicadores de atención de las EPS intervenidas y en las no intervenidas. El ingreso en ley de reorganización empresarial del mayor operador logístico farmacéutico del país que, entre otras, atendía a la EPS más grande en intervención, tampoco es problema del ministro. Ni siquiera parece importarle el trámite de su reforma a la salud 2.0, que resultó la misma que la anterior.

Al ministro Jaramillo solo le interesa congraciarse con los poderes políticos locales, pidiéndole a los alcaldes de todo el país que le manden sus listados de nombres para nombrarles —a cuenta de la nación— decenas, cientos o miles de funcionarios por municipio para conformar sus equipos básicos de salud (EBS).

Para los municipios de la primera ola de solicitudes, ya han salido los nombramientos y se supone que ya deben estar desplegados en las veredas y cabeceras haciendo su “gestión”, que no tiene alcance ni diagnóstico ni terapéutico alguno. “Armados” las enfermeras, el médico y, eventualmente, el odontólogo de severas camionetas que entrega el ministro y de un cuestionario “básico” de unas trescientas preguntas, se dedican ahora, supuestamente, a encuestar uno a uno los hogares en situación de riesgo o con dificultades de acceso.

Nada se sabe sobre dónde se carga la información que se sigue capturando, mayoritariamente a mano, por los EBS. Nada se sabe sobre qué relación tendrá esta nueva base de datos con Sispro, el Sistema Integrado de Información de la Protección Social. ¿Cómo pretende el equipo de administración del sistema de EBS, que ya ocupa el tercer piso de Nueva EPS con nueva y frondosa burocracia, conectar estas evaluaciones con las redes de atención para traducir los hallazgos con rutas terapéuticas? Nadie lo sabe. Incluso existe la posibilidad de que, antes del fin del gobierno, no exista ningún desarrollo institucional suficiente para evitar que los cientos de miles de visitas que deben realizar los EBS queden enterradas en estériles e inútiles bases de datos.

Pero los equipos se contratan porque se contratan. El medio billón de pesos que le ha quitado el ministro al presupuesto de la prestación para esta iniciativa se gastará completamente o probablemente ya se ejecutó para este año. Cientos de municipios se quedaron esperando los nombramientos de sus nuevas nóminas. Rezarán para que el ministro candidato los tenga en cuenta en la próxima corchada.

La duplicación de esfuerzos (como, por ejemplo, con los programas de vacunación), la falacia de un supuesto acercamiento a las comunidades para recoger datos que no se usarán para nada o para notariar las patologías evidentes sin poder brindar ni capacidad resolutiva ni acceso prioritario a redes. La muy segura falta de seguimiento del programa y la rotación burocrática de los equipos que estará a la orden del día le auguran un futuro de fracaso a esta improvisación y será un nuevo episodio de gasto vergonzoso de recursos públicos que, si fueran invertidos en atención, pago de cartera e inducción del gasto de salud preventivo, podrían —en cambio— salvar vidas, evitar el cierre de hospitales y mitigar las patologías crónicas de mayor impacto que son las que principalmente afectan la salud de los colombianos.

Los lagartos de las camionetas serán solo eso: los lagartos de las camionetas que más pronto que tarde aparecerán derruidas en parqueaderos oficiales.

El programa fracasará como lo hizo en Bogotá, desastrosamente bajo la égida de Jaramillo. Y no será solo por la falta ostensible de financiamiento. Fracasará porque ni atiende los problemas de saneamiento básico, ni inicia una ruta de atención específica.

La ciudadanía no requiere más diagnósticos. La educación en salud puede y debe ser dispensada por radio, redes sociales y por la televisión pública, que abandonó su rol de formación para transformarse en un generador de contenido ideológico y un centro de manipulación cultural.

La mejora en la resolubilidad municipal pasa necesariamente por enfrentar el fracaso de las empresas sociales del Estado. Hoy, cuando la descentralización es el mantra incuestionable en boca de todos, todo el país debe confrontarse con el fracaso de politiquería, corrupción e ineficiencia que la red pública hospitalaria representa. Con infraestructura insuficiente y caduca, con crecientes nóminas en propiedad que son notoriamente más ineficientes e improductivas que sus pares en el sector privado, los hospitales públicos, en su enorme mayoría, son meros centros de referencia, despachadores de ambulancias que nada resuelven y congestionan con su incuria los niveles de atención superiores sin aportar oportunidad ni detección temprana, ni haciendo tampoco seguimiento eficaz a las terapias que se administran en otras instituciones de la cadena de atención. Parece un anatema, pero la privatización de estas ochocientas o más empresas sociales del Estado traería, esa sí, una revolución de atención y eficacia de despliegue rápido, control autónomo real y atención de la morbimortalidad más severa en cascos urbanos y veredas.