El gobierno Petro en temas de seguridad va sin duda del timbo al tambo. Ya no es importante que el ministro Iván Velásquez no tenga idea de su cartera, pues tampoco la tuvieron Botero, Holmes o Molano; igualmente, que se utilice un concepto como el de “Seguridad Humana” adelantado en 1994 por la ONU y ya superado; incluso, que no se actualicen en los nuevos enfoques y no se tomen en cuenta los aportes de la escuela de Copenhague (Teoría de los Complejos de Seguridad Regional), o los de la escuela de París de Estudios Críticos de Seguridad.
Tampoco es relevante ya la barrida de los generales de Policía y Fuerzas Militares con los traumatismos operacionales que ello conllevó, o la indistinción de conceptos tan diferentes como seguridad y convivencia ciudadana con el de seguridad nacional. Sumado a esto, la no existencia de claridad en el horizonte estratégico desde el Ministerio de Defensa y el Comando General de Fuerzas Militares al igual que de la Dirección Nacional de la Policía, lo que conlleva a una profunda carencia en la orientación operacional y táctica de las unidades de las Fuerzas militares y de Policía.
En síntesis, hasta acá, se puede decir que la “seguridad de la vida humana” es un contenido carente de cualquier responsabilidad con las regiones vulnerables a los actores armados organizados, pero esto no es importante ya, la improvisación del Gobierno es cotidiana.
Sin embargo, a pesar de toda la desestructuración del sector Defensa, causan profunda preocupación tres factores que me permito comentar, los cuales no solo prometen un oscuro panorama, sino un mar de incertidumbres institucionales con altos costos para el aparato productivo de la nación.
En primer lugar, la ausencia de una política pública de seguridad que defina objetivos específicos para estos cuatro años, con una línea de base que pueda establecer una medición específica de resultados y una planeación juiciosa de los recursos de funcionamiento y los de inversión en equipos y tecnologías necesarias para el cubrimiento de todo el territorio, a pesar de que sin dicha planeación seria, el ministro asevere que el sector no necesita los recursos que tradicionalmente le son destinados en el presupuesto nacional.
En segundo lugar, un mar de indecisiones sobre la posibilidad del Ministerio de Seguridad y Convivencia Ciudadana o el traslado de la Policía al Ministerio del Interior, factor este que tiene a la acción operacional policial en un limbo en el que no soo no hay directrices gubernamentales, sino vacío institucional.
En tercer lugar, la incapacidad de generar cooperación interinstitucional con otras carteras para consolidar un proyecto integral.
Con respecto a lo primero, al no haber una línea estratégica clara proveniente del comandante en jefe (presidente de la República), y los vacíos desde el Ministerio y de los comandantes de Fuerza, los márgenes operacionales y la acción táctica conllevan a que los comandantes no adelanten operaciones y los grupos armados ilegales fortalezcan su presencia en territorios de frontera y controlen nuevos, mucho más proclives al narcotráfico con alianzas de sectores civiles en dichas regiones.
La incapacidad de la inteligencia militar se convierte en un factor de ventaja estratégica para los grupos al margen de la ley.
En cuanto al vacío institucional, la tendencia a la politización al interior de las Fuerzas, la ruptura de las líneas de mando y, la imagen de proletarización de soldados y policías, en palabras más claras, la tendencia a convertirlos en obreros en condiciones de explotación de clase, ejercida esta, por los oficiales como actores burgueses que mantienen inequidad y desigualdad al interior de las respectivas instituciones.
Finalmente, al no haber cooperación entre ministerios, las imágenes de seguridad y la responsabilidad del gobierno con los sectores agroproductivos o de minería legal, al igual que de pequeños cultivadores o mineros artesanales, establece la tendencia a dinámicas de autodefensa, debido a que, en términos tácticos, ningún comandante de policía o ejército quiere dejar sus cuarteles y adelantar operaciones por temor a retaliaciones desde el gobierno por violación a los derechos humanos.
Esto en el marco de un proyecto de paz total no es riesgoso, es catastrófico, por varias razones; la primera, el ELN antepone que paz no es entrega de armas pero por supuesto es control territorial en forma administrativa, el peligro es para los gobernadores y alcaldes; la segunda, las mesas territoriales no van a producir consensos sociales y los mandatarios locales, sin tener formación en asuntos de seguridad, andarán en la oscuridad para la gestión de sus territorios, y finalmente, las elecciones regionales de 2023 tendrán una participación directa de los actores armados ilegales en las campañas, con beneficios políticos regionales. Sin duda, estamos ante una crisis sistémica de la seguridad y promoción del territorio.
Pdta: si, como dicen, es cierto que un excomandante general asesora al ministro, sería inaceptable que este panorama se estuviese dando, más cuando la experiencia de un alto oficial que conoce todo el sistema de seguridad permite la vulneración del Estado y la sensación de pérdida de control desde la legalidad de los territorios para el desarrollo armónico social y productivo del país.