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Enrique Gómez, columnista invitado.
Bogotá, febrero 14 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

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Vueltas al sol

La lectura demuestra que la historia es circular. Para 1968 existía un consenso mundial sobre la necesidad y viabilidad de un Estado fuertemente intervencionista.

26 de diciembre de 2022

Una persona muy especial me regaló de cumpleaños la edición de mi día de nacimiento, el 23 de diciembre de 1968, del diario El Tiempo.

La lectura del diario de aquella fecha conllevó muchas sorpresas. Atrae la dinámica comercial que refleja la gran cantidad de publicidad. Se acababa de dar la primera vuelta a la luna por una nave tripulada (Apolo 8) en preparación de la gesta del Apolo 11 en 1969.

Se vivían los estertores del aplastamiento de la primavera de Praga con la invasión soviética de agosto de 1968, con la ampliación de la represión por parte del Gobierno de Dubcek. El Vietcong se acercaba peligrosamente a Saigón a la vez que una nueva ronda de negociaciones de paz fracasaba en París.

La vigésima tercera asamblea de la ONU terminaba con sabor a fracaso frente a la guerra de Vietnam, la invasión de Checoslovaquia y la continuada crisis en medio oriente. Uno de los pocos logros fue la convocatoria para 1972 de una conferencia mundial contra la contaminación atmosférica.

En el país, el nuevo ministro de Trabajo, John Agudelo Ríos, resaltaba que la primera urgencia nacional era el empleo. Demandaba un aumento de la productividad nacional de al menos dos por ciento al año para lograr el aumento de los salarios sin disparar la inflación. Se quejaba de que se seguía confundiendo la política laboral con el régimen prestacional, denotando la incapacidad de nuestra economía de crear empleo y la obsesión con la defensa de las “conquistas” del empleo formal.

El presidente Lleras entregaba en Santander cientos de títulos de propiedad a pequeños campesinos y anunciaba que no cejaría en el proceso de reforma agraria. El Idema compraba 20.000 toneladas de trigo nacional para estimular la producción, se anunciaban créditos de fomento agropecuario en el Meta y el Incora ponía en marcha el Plan Atlántico No. 3 para aumentar la productividad agropecuaria con sistemas de riego, vías rurales, asistencia técnica y nuevas especies botánicas para adecuar 47.500 hectáreas.

En el frente fiscal se habían logrado superar los picos inflacionarios del 65 y 66, se había introducido en el 67 el control cambiario total con el decreto 444 estabilizando la tasa de cambio, pero se mantenía un severo déficit en la balanza de pagos, se habían aumentado las tasas de retenciones en la fuente y mejorado el recaudo, se preparaba para 1969 una reforma integral de las finanzas municipales y departamentales y había repuntado la confianza inversionista, pero existía fuerte descapitalización empresarial.

Se debatía sobre la fijación de las tarifas de transporte de pasajeros y la necesidad de propiciar un esquema que asegurara la renovación del parque automotor. Se creó la Junta Nacional de Tarifas de servicios públicos con amplias facultades para fijar tarifas. Se reporta gran debate sobre la confiabilidad de las estadísticas criminales en los principales delitos de homicidio, hurto a residencias y robo de vehículos.

La lectura demuestra que la historia es circular. Para 1968 existía un consenso mundial sobre la necesidad y viabilidad de un Estado fuertemente intervencionista. La convicción, promovida entre otros por la Cepal, buscaba un Estado que no solo interviniera en la economía a través de grandes obras públicas o el control antitrust. El Estado promovería en América Latina la industrialización a través de inversión directa y fomento. Además, se incorporaba, con retraso, el consenso “social demócrata” de la posguerra del estado bienestar, pero sin la prosperidad derivada de la reconstrucción europea y la reconversión industrial norteamericana.

Se adoptaba en 1968 un rol ampliado para el Estado, potenciado por la mecánica del estado de sitio y la ampliación en la reforma constitucional de 1968 del régimen presidencialista.

A la postre, estas doctrinas estatistas, intervencionistas y asistencialistas se han mantenido con la moderada y forzada mitigación impuesta por la crisis de la deuda latinoamericana de los ochenta y los tímidos e incompletos esfuerzos de apertura y desregularización del gobierno Gaviria, frenados o promovidos a ratos por los gobiernos posteriores.

En lo internacional, la inoperancia de los entes multilaterales se mantiene, la viabilidad de la agresión militar se perpetúa y el avance en los temas de contaminación sigue siendo imposible.

En el país, este viaje al pasado muestra la persistencia de los problemas ante estas doctrinas socialdemócratas. Se anticipan los fracasos por venir que nos llevarán a pequeñas correcciones, pero no a un cambio verdadero de modelo económico y regulatorio. Uno que verdaderamente permita liberar las fuerzas del mercado, lograr los aumentos de la productividad y la transformación política del Estado clientelar, que permitan superar por fin la gran urgencia nacional del desempleo, como lo añoraba el ministro Agudelo Ríos.

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