Vulgar politiquería y predios enculebrados en la Reforma Agraria en Tolima

En la Agencia Nacional de Tierras (ANT) hay utilización politiquera de la reforma agraria, inclusive por Petro. Coexiste con la compra de predios improductivos a precios especulativos.

En Risaralda, el exalcalde de Santa Rosa de Cabal, Rodrigo Toro, que estuvo al frente de la ANT y tenía 25 contratistas de su cuerda, que además compró una cuadra de tierra por 1.500 millones de pesos, busca postularse como candidato a la Cámara. En el Cesar, la excoordinadora Alexandra Pineda pide votos para figurar en la lista del Pacto Histórico, pese a tener un proceso abierto en la Procuraduría por politiquería cuando estaba en funciones. En Antioquia, Chocó y el Eje Cafetero, la coordinadora es Farlin Perea, quien fue, ni más ni menos, “gerente de etnias” en la alcaldía de Medellín de Daniel Quintero.

En Tolima, la ANT es coto de caza de la representante liberal petrista y jaramillista Olga Beatriz González, a través de su ficha, Andrés Leonardo Rubio Calderón. Rubio, excandidato a la Asamblea del Tolima en 2023, fue nombrado, tras no ser elegido, “abogado asesor de apoyo jurídico” en la Cámara de Representantes, de abril a julio de 2024, por Andrés Calle, colega de la representante González, otro liberal petrista.

El 5 de marzo de 2025, Rubio, igualmente contratista del Sena, comenzó como coordinador de la ANT en el Tolima, y solo un mes después tuvo audiencia de formulación de acusación por concusión entre varios delitos (corrupción), según proceso 7300160993552053529 de la Fiscalía General de la Nación.

La causa sigue activa y espera citación a juicio. Se originó cuando Rubio era asesor jurídico del alcalde de Natagaima, David Mauricio Andrade. El 18 de enero de 2020, según una contratista que entregó equipos para la biblioteca municipal, Rubio le manifestó que “para realizar el pago, tenía que darles el 15 % del valor del contrato”, pero la petición de la “mordida” quedó grabada. El audio llegó a la Fiscalía y cinco años después Rubio no ha podido zafarse.

(https://www.cambioin.com/unidad-investigativa/contratista-grabo-a-un-alcalde-cuando-le-pedia-plata-o-mordida).

¿No había nadie idóneo para nombrar, doctores Harman y González? ¿Se estudió la hoja de vida o bastó la recomendación clientelista? La respuesta la dio el director a SEMANA, escudriñado por varios nombramientos como el de Rubio: “Mucha gente del Pacto Histórico trabaja en la ANT”. Significa que la entidad es botín burocrático del petrismo y sus aliados.

(https://www.semana.com/politica/articulo/las-preocupantes-dudas-que-rodean-a-la-agencia-nacional-de-tierras-hay-politicos-inmersos-y-riesgo-electoral-para-2026/202551/).

Los antecedentes de Rubio son llamativos por casos como la negociación, por parte de la ANT, del predio La Duquesa, con la matrícula 357-37552, ubicado en el municipio de Suárez, de 342 hectáreas, comprado el 25 de junio de 2025 –ya con el ahijado de Olga B. en ejercicio– por 4.835,58 millones de pesos a Gabriel Hernando Duque Cifuentes.

Duque lo obtuvo de la sociedad familiar Inversiones Duque Hermanos & Asociados Limitada (IDHA Ltda.), el 4 de diciembre de 2020, por 100 millones de pesos y más tarde, el primero de septiembre de 2021, le levantó una hipoteca por otros 160 millones de pesos. La ANT, cinco años después, lo transó por 18,5 veces más.

Las autoridades municipales de Suárez, a menos de un mes de tan inicua transacción, fueron sorprendidas con la entrega provisional de la tierra a un grupo de beneficiarios de la Anuc de Cundinamarca, sin el aviso previo obligatorio de la ANT. ¿Cuál el afán de la ocupación exprés? Surgen suspicacias.

Tan irregular como este procedimiento es la transferencia de dos predios aportados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a la ANT en el Tolima sin que estén a paz y salvo con sus obligaciones, emproblemados. Uno es La Condesa, en Honda, donde se ubicaron 80 familias sin tubería de agua para servirlas, pero sí con un pasivo de 800 millones de pesos con Empocaldas. ¿Lo pagarán los campesinos?

El otro es el TauTao de Ambalema, legado espurio de Gonzalo Rodríguez Gacha, el Mexicano. Tiene 1.300 hectáreas asignadas a 50 familias. Más allá del valor político, su estado real es el de una tierra agreste, llena de maleza, que exige mecanización. También sin agua, con cuantiosas deudas con Cortolima y por impuesto predial de 38 millones de pesos, dos “culebras” que se le suman a la presencia múltiple de serpientes venenosas habituales. La actividad se limita a rotar 20 personas que cuidan el lugar.

Estas son algunas de las hectáreas de las que Petro hizo alarde en La Dorada el 19 de septiembre, presentándolas como pago de la deuda con las víctimas de paramilitares y narcos en el Magdalena Medio. No importa la deplorable condición de TauTao, La Condesa o La Duquesa, solo interesa la campaña electoral, la más vulgar politiquería.