Defensa de Álvaro Uribe arremete contra Eduardo Montealegre tras su renuncia: lo acusa de presionar a la justicia

El cruce entre el exminisitro de Justicia, Eduardo Montealegre, y la defensa del expresidente Álvaro Uribe escaló este viernes, 24 de octubre, tras la renuncia del primero al cargo.

Montealegre dejó el gobierno argumentando su desacuerdo con el fallo absolutorio a favor de Uribe, mientras que el abogado Jaime Granados respondió señalando que las afirmaciones del exministro representan un intento de presión sobre la justicia y un ataque a la independencia judicial.

Granados, líder del equipo de defensa de Álvaro Uribe Vélez, suscribió el comunicado en el que plantea, en primer lugar, que las manifestaciones de Montealegre constituyen una intromisión “indebida” del Ejecutivo en asuntos que corresponden a la rama judicial.

Según el abogado, al responsabilizar al Tribunal Superior de Bogotá y lanzar insinuaciones contra la Corte Suprema y la Fiscalía, el exministro estaría procurando “deslegitimar” el fallo absolutorio y presionar a las autoridades a comportarse de determinada manera ante la opinión pública.

En su texto, la defensa subraya que la absolución dictada por el tribunal superior de Bogotá fue producto de una análisis “meticuloso, ponderado y exhaustivo” de las pruebas aportadas en el proceso.

Granados destaca que los magistrados valoraron la credibilidad de los testigos y otros elementos probatorios y concluyeron, por ellos, que no era posible acreditar responsabilidad penal más allá de toda duda razonable.

En el comunicado añade que resulta especialmente grave que funcionarios del gobierno emitan señalamientos públicos que puedan interpretarse como intentos de influir en la actuación de las altas corporaciones encargadas de impartir justicia.

Para la defensa, esa dinámica no solo perjudica la percepción pública sobre el fallo, sino que amenaza la separación de poderes.

La renuncia de Montealegre, cuyo texto difundido hoy contiene una crítica severa al Tribunal y a la Corte, y que anuncia la intención del exministro de acudir a tribunales internacionales, ha encendido opiniones sobre la vía correcta para cuestionar decisiones judiciales, si por el cauce procesal o por la denuncia pública y mediática. La defensa de Uribe opta por resguardar la vía judicial y reprochar las declaraciones que, a su juicio, constituyen presión indebida.

En el texto de la defensa también se afirma que el gobierno, mediante actuaciones públicas de sus integrantes, “busca interferir en un asunto que es competencia de la rama judicial”.

Dentro de ese pronunciamiento se califica como grave cualquier intento de influir sobre magistrados y fiscales desde el Ejecutivo. Granados advierte, además, que ese tipo de intervenciones socavan la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.