El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Economía Solidaria, removió a Yobany Montilla Meza de su cargo como agente especial al frente de la intervención de Copservir, la cooperativa que venía administrando a nivel nacional la cadena Drogas La Rebaja.
La decisión se dio por un balance difícil de defender. Tras casi dos años de gestión, las pérdidas se aproximan a los 100.000 millones de pesos, dejando a la organización contra las cuerdas y con la operación en terreno inestable.
SEMANA conoció los estados financieros preliminares de la cadena, en poder del Sindicato de Propietarios y Trabajadores de Copservir (Asocopservir), que evidencian pérdidas en 2024 por 64.395 millones de pesos y en 2025 por 41.342 millones de pesos, mostrando que empeoró el desempeño de la compañía bajo la administración del Gobierno.
Todo comenzó el 16 de abril de 2024, con la orden de la SuperSolidaria de tomar posesión inmediata de los bienes y haberes de Copservir, entidad que desde 1996 administraba Drogas La Rebaja y sus 800 puntos de venta. En ese momento, la cadena de farmacias aún era propiedad de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Inmediatamente, la superintendente María José Navarro Muñoz nombró a Montilla Meza como agente especial, comenzando su administración con dudas frente a su perfil. Había sido candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico y no tenía experiencia en el sector de la salud, dado que es un licenciado en Educación Básica y Artística de profesión.
Pese a eso, se inscribió como agente interventor el 15 de abril de 2024, un día antes de la intervención, y entró ganando 33.800.000 pesos mensuales.
SEMANA conoció que, aunque Drogas La Rebaja sí presentó dificultades financieras en 2023, registrando pérdidas cercanas a 10.000 millones de pesos, una auditoría privada se abstuvo de dar un veredicto frente a la necesidad real de llevar a cabo la intervención.
Mediante un documento presentado a Montilla, el auditor externo que revisó los números advirtió que “no se efectuó el reconocimiento contable del efecto derivado” de las decisiones sobre los más de 800 bienes y que “no es posible expresar una opinión” sobre los estados financieros.
De ahí en adelante, los trabajadores de la empresa encendieron las alarmas ante la Superintendencia de Economía Solidaria y la Procuraduría General de la Nación frente a las decisiones de Montilla a cargo de Copservir.
Las acciones del interventor
Las primeras denuncias contra Montilla llegaron en julio de 2025 a los entes de control. En principio, quejándose por la negociación con proveedores, eliminación de derechos laborales y gastos desproporcionados en salarios de asesores.
De acuerdo con las denuncias de Asocopservir, Montilla contrató un equipo de diez personas que mensualmente costaban 130 millones de pesos en nómina, que se convertían en 1.500 millones de pesos anuales, que para una empresa en vulnerabilidad económica es una decisión crítica.
Mientras esa nómina se mantenía intacta en 2024 y 2025, los trabajadores aseguran que renunciaron a buena parte de las primas, beneficios de fin de año y cedieron una fracción del aumento salarial. En casi dos años, asegura el sindicato, ese sacrificio representó un ahorro de 27.681 millones de pesos.
Incluso, señalan que hubo falta de voluntad para negociar con Coaspharma, proveedor que venía desde hace varios años suministrando medicamentos a Drogas La Rebaja. Según Deivis Carbonell, presidente de Asocopservir, esto generó pérdidas en ventas para la compañía de cerca de 24.000 millones de pesos.
“Eso incrementó el costo de ventas, pasando de 70 a 71,6 por ciento, lo cual equivale a 10.000 millones de pesos”, manifestó el sindicato.
Además, Carbonell explicó que el cambio de proveedor de medicamentos no solo redujo las ventas, por el bajo reconocimiento de las nuevas marcas, sino que también generó represamiento de inventario dentro de la empresa.
“Él trató de reemplazar al proveedor y dijo que iba a traer unos igual de rentables, pero eran nuevos y desconocidos. No se vendían como los reconocidos en el mercado. Incluso llegó a haber represamiento de productos por lo difícil que era venderlos”, afirmó el líder de los trabajadores de Copservir.
De igual manera, lo que exigen los 5.700 trabajadores de Copservir es que se defina su situación laboral, dado que están bajo la cooperativa, pese a que la Sociedad de Activos Especiales traspasó a finales del año pasado los más de 800 establecimientos de Drogas La Rebaja al Ministerio de Salud para su administración.
En esa misma línea, el pasado 18 de diciembre, Asocopservir le pidió al Ministerio del Trabajo que cumpla con el compromiso de definir la situación de los trabajadores de la cooperativa.
El reclamo parte de un punto concreto: en el acta de entrega de la SAE “no se deja ninguna aclaración respecto al destino laboral de los trabajadores y cooperados”.
Además, los trabajadores denuncian que la cartera hizo una reunión en noviembre “excluyendo” a la junta directiva del sindicato mayoritario, y que ni siquiera les han entregado “un reporte de las conclusiones”.
Luego de conocerse los resultados, por medio de un comunicado el Gobierno habló sobre la “nueva fase” de Drogas La Rebaja, que tendrá una articulación directa con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud.
La apuesta oficial es que se encamine a consolidarse como gestor farmacéutico a través de la línea La Rebaja Institucional, de manera que asuma la emisión de lineamientos técnicos, administrativos y operacionales para optimizar la operación y el abastecimiento.
En esa misma hoja de ruta, el anuncio plantea una central pública de compras y un rediseño del modelo para atender necesidades del sector salud desde una lógica institucional. También menciona que los trabajadores formarán parte de ese tránsito.
Lo que genera dudas es que no es claro cómo se va a transitar hacia la nueva etapa. No detalla un plan con tiempos, metas e indicadores, ni explica cómo se resuelve la crisis financiera.
El sindicato asegura que actualmente la empresa no cuenta con los recursos para garantizar la dispensación de medicamentos del sistema de salud, dada la situación económica en la que la dejó la intervención.
“Para convertirse en gestor farmacéutico se necesita una inversión que Copservir no tiene. No pueden comprar medicamentos para atender y dispensar a los pacientes de las EPS. Ahora mismo se está saliendo de un problema financiero comercial y de la administración de Montilla”, concluyó Carbonell.
SEMANA intentó comunicarse con la superintendente María José Navarro Muñoz y con Yobany Montilla, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
La intervención de Copservir, como ocurrió con otras empresas del sector salud, no tuvo efectos positivos. Ahora, en medio de una emergencia económica declarada y una inestabilidad del sistema, el Gobierno le apuesta a centralizar la dispensación pública de medicamentos mediante una empresa en números rojos y sin un rumbo claro.
