POLÍTICA
Sanción contra la campaña de Gustavo Petro: estos son los magistrados que profirieron la sanción millonaria contra los directivos petristas
La investigación administrativa duró dos años, hubo traspiés, pero al final, la sala plena confirmó cómo Gustavo Petro fue elegido con dineros que no fueron reportados.
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A nueve meses de que Gustavo Petro finalice su gobierno, la sala plena del Consejo Nacional Electoral confirmó que la campaña que lo llevó a la presidencia en junio de 2022 violó los topes electorales establecidos por la ley y obtuvo financiación prohibida. Y confirmó que deben devolver al Estado más de 5.000 millones de pesos.
El presidente Gustavo Petro sostuvo hasta último momento que su campaña no violó los topes electorales. Aún así, las pruebas testimoniales, documentales y contables- algunas de ellas reportadas directamente por la Dian- confirmaron lo contrario.
La investigación la lideraron los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.
El primero, cercano al Partido Liberal, pero más allá de eso, Ortiz es conocido en el mundo jurídico como uno de los profesionales expertos del derecho electoral en Colombia. De hecho, laboró durante varios años en cargos directivos de la Registraduría y es docente en algunas universidades del país.
Ortiz, oriundo del Tolima, siempre fue un convencido de que Gustavo Petro y su campaña presidencial habían violado los topes electorales, pero escapó a la opinión pública y a la prensa y prefirió dedicarse a recaudar un caudal gigante de pruebas y testimonios que desfilaron por su oficina.
“Hay que actuar en derecho”, les insistió a su equipo de abogados que lo rodean, quienes le ayudaron a perfeccionar el pliego de cargos que elaboró y radicó junto al magistrado huilense, Álvaro Hernán Prada.
Prada hace parte del Centro Democrático. Es cercano al expresidente Álvaro Uribe y fue representante a la Cámara por el Huila.
Su militancia con el uribismo lo llevó a estar recusado en varias oportunidades porque el expresidente es contradictor político de Gustavo Petro. No obstante, la propia sala plena, consideró que debía seguir al frente de la investigación porque, de lo contrario, todos los magistrados tendrían que hacerse a un lado porque en el CNE los togados- incluidos los petristas- llegaron a sus cargos por representación política.
Otro de los magistrados que respaldó la ponencia de Ortiz y Prada fue Altus Baquero, cercano al Partido Liberal. Académico, docente universitario, un abogado que votó desde el comienzo la ponencia contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, aunque hizo varias salvedades. Quiso estudiar en detalle cada una de las pruebas y lo hizo.
Igual ocurrió con la magistrada Maritza Martínez, expresidenta del Consejo Nacional Electoral, quien tiene aproximación al Partido de la U. Ella siempre estuvo convencida de que la campaña presidencial del líder del Pacto Histórico había violado los topes electorales.
El magistrado Alfonso Campo, del Partido Conservador, también hizo parte del grupo de togafos que votaron contra la campaña.
Sin embargo, el voto decisivo que inclinó la balanza en contra del presidente Gustavo Petro fue el conjuez Majer Abushihab, abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal de la misma Universidad, magister en derecho con énfasis en litigación oral de California, entre otros títulos académicos.
Al contrario, en favor de la campaña presidencial de Gustavo Petro votaron Fabiola Márquez- cercana al Pacto Histórico- el conjuez Jorge Acuña y el presidente del CNE, Cristian Quiroz. Sorpresivamente, el último había votado el pliego de cargos en favor, pero la decisión final en contra.
