Política
Senadora Paola Holguín se mete a la pelea por la prohibición de exportar carbón a Israel y demanda por inconstitucionalidad
La precandidata presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad por inconstitucionalidad ante esta decisión del presidente Gustavo Petro.
La senadora y precandidata presidencial, Paola Holguín, se metió a la pelea por el decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que prohíbe definitivamente las exportaciones de carbón a Israel.
La congresista se fue con toda y presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad por inconstitucionalidad ante esta decisión del presidente Gustavo Petro.
“Dicha prohibición constituye una extralimitación del poder reglamentario presidencial, desconoce competencias exclusivas del Congreso de la República y vulnera de manera directa normas fundamentales de la Constitución Política, entre ellas los artículos 6, 9, 26, 27, 58, 83, 121, 150-21, 226, 227 y 333 que tienen que ver con el principio de legalidad administrativa, la buena fe, la libertad económica, la propiedad privada, la seguridad jurídica, y la responsabilidad internacional del Estado colombiano", dice un comunicado de la senadora.
Lo cierto es que el decreto firmado por los ministros de Comercio, Diana Marcela Morales; de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio; de Hacienda, Germán Ávila; y de Minas y Energía, Edwin Palma, busca reforzar la idea de que se estaría incentivando los ataques de ese país a Palestina.
“El decreto impone una sanción comercial unilateral, de carácter punitivo e ideológico, sin respaldo legal ni justificación técnica, violando compromisos internacionales válidamente suscritos por Colombia, como el Tratado de Libre Comercio con Israel, vigente desde 2020″, dijo Holguín.
La precandidata fue enfática al mencionar que “Colombia no ha denunciado el tratado comercial que lo vincula jurídicamente con Israel, ni existe fallo de autoridad internacional competente que justifique suspenderlo. A su juicio, el Gobierno ha tomado una decisión con consecuencias económicas, fiscales y reputacionales irreversibles, y lo ha hecho sin pasar por el Congreso, ni permitir deliberación democrática, ni respetar las reglas del derecho internacional público".
Así mismo, Holguín solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos del Decreto 949, “advirtiendo que su ejecución está generando la ruptura forzada de contratos, la pérdida súbita de mercados estratégicos, el deterioro de la inversión y el empleo en zonas mineras, y la posible activación de disputas internacionales”.
Por último, la senadora agregó: “El país no puede aceptar que, bajo argumentos ideológicos o decisiones improvisadas, se comprometa el orden constitucional ni la reputación jurídica de Colombia”.
