En la cárcel La Picota de Bogotá, un detenido con dinero puede hacer lo que quiera, ya que todo tiene un precio. Traslados de prisión, desactivación del brazalete de detección, autorizaciones para salidas, ingreso de comida especial, licor, prepagos y hasta fiestas monumentales. Así quedó en evidencia con la confesión ante la Fiscalía de un exfuncionario del cuerpo de custodia del Inpec, sorprendido mientras participaba en los traslados irregulares del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, condenado por homicidio.
El dragoneante decidió colaborar con la justicia y en su confesión abrió la caja de Pandora sobre lo que ocurre en La Picota. Comenzó con su propio “pecado”: el traslado de Suárez Corzo a Cúcuta, sin cumplir las normas y hasta la desactivación del brazalete de protección para andar como si estuviera en libertad.
Traslados
Los hechos, que ocurrieron hace seis años, reflejan el caos y la ilegalidad que se ha apoderado del Inpec. En julio de 2020, en medio de la pandemia por covid-19, fue aprobado el traslado de Suárez Corzo, un trámite que tarda por lo menos una semana, pero con dinero en efectivo y la complicidad de un guardia llamado Hugo Téllez, quien manejaba el famoso patio ERE sur de La Picota, logró salir de inmediato para su casa.
Señala el testimonio que Suárez Corzo era una de las “plumas” de este patio para servidores públicos. El testigo, de quien se reserva el nombre por seguridad, trabajaba en el área de “domiciliarias” y se encargaba de los procesos de revocatorias (cuando un detenido en casa por cárcel debe regresar a intramural), traslados y domiciliarias.
En este caso, pese a que se trataba de un político condenado por homicidio, Téllez y el testigo usaron una figura reservada para delincuentes de mínima peligrosidad: el “traslado por medios propios”. Así, el 16 de agosto de 2020, lo llevan en una camioneta particular azul. Parten desde la calle 170 en Bogotá y llegan al día siguiente cerca de las 10 de la mañana a la casa de Corzo en Cúcuta, donde reciben 5 millones de pesos.
De ahí, abordan una camioneta blindada y se van para la cárcel Modelo de esta ciudad, pero las irregularidades se hicieron evidentes en el ingreso. El testigo y Téllez quedaron reseñados y a Corzo no lo dejaron salir de la prisión. Ahí se empezó a poner en evidencia el cartel que opera en el Inpec.
Corzo, según la confesión, no solo había logrado este traslado exprés, sino que, estando en prisión domiciliaria, consiguió que en el Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual (Cervi) inhabilitaran el monitoreo del brazalete. La ‘vuelta’ costó 14 millones de pesos que fueron repartidos entre Téllez, un funcionario del Cervi, un dragoneante de apellido Ballesteros y el testigo. En la práctica, Corzo estaba libre y sin vigilancia, y apenas debía pagar 500.000 pesos mensuales para seguir así.
Además, estando detenido, logró que se aprobaran planillas completas de supuestas visitas médicas para salir de la cárcel y hasta “certificados de cómputo”, para redimir su pena con inexistentes horas de estudio.
La misma operación se dio con el excongresista Félix Salcedo Baldión, quien se encontraba en domiciliaria, pero estaba a punto de ser condenado por tráfico de migrantes, lo que le garantizaba un tiquete directo a La Picota, y así sucedió.
En mayo de 2021 es condenado y con la excusa del covid, retrasaron su traslado a la cárcel, no por unos días, sino por seis meses, en los que les pagaba a miembros del Inpec un millón de pesos mensuales. Como estos, eran constantes los beneficios a cambio de billete.
Mercados, droga y licor
La red corrupta del Inpec, compuesta por 23 miembros de la guardia que fueron denunciados con nombre propio, de los cuales muchos siguen formando parte de la guardia penitenciaria, también se encargaba de garantizar los lujos de algunos detenidos. En este caso, el descaro era tal que los pagos no se hacían en efectivo, sino a través de Nequi y DaviPlata.
La operación también contaba con complicidad fuera del penal. “En el establecimiento carcelario La Picota se encuentra una reja o hueco controlada por personal externo, el cual, mediante coordinaciones con algunos privados de la libertad y personal de guardia, ingresa por este sitio todo tipo de elementos prohibidos como licor, droga o sustancias psicoactivas”, señala el testimonio.
Afuera de La Picota hay un mandamás que es el que permite el ingreso de los lujos; lo llaman ‘Servientrega’ y, según la confesión, su esquema de operación es el siguiente: la mercancía ingresa por el inconcebible hueco en la pared que da al pabellón de mínima seguridad; de ahí, los presos se los entregan a los miembros de la red del Inpec, quienes los distribuyen como si se tratara de domicilios.
El otro mecanismo es a través de un ‘consorcio’, haciendo referencia a la empresa contratada por la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para la alimentación de los reclusos. La comida llega al punto de entrega y de ahí salen los pedidos especiales que son entregados a los rancheros. “Llega más comida para vender que para preparar”, explica el testigo, quien agrega que es más caro vivir en la cárcel que por fuera. Por ejemplo, una canasta de huevos cuesta unos 100.00 pesos.
Las irregularidades se hacen en las narices de los guardias del Inpec, que son sobornados y cuentan con un tarifario según lo que se pretenda ingresar: celulares, comida, licor, cuchillos, cigarrillos; todo vale y todo se paga en La Picota.
Hasta las visitas extramaritales tienen precio. Aunque están sujetas a un registro, algunos presos pagan para permitir el ingreso de amantes que no figuran como sus parejas autorizadas.
“Sé que en algunas ocasiones dejaban ingresar a visitas conyugales y salían a las dos de la mañana o a las doce de la noche cuando se iba a hacer el cambio de guardia y, pues, ellos no registran la salida”, advierte el testimonio que reveló la guachafita en La Picota.
La bacanal
El guardia del Inpec que decidió colaborar con la justicia también identificó y documentó una megafiesta que se dio en La Picota, con la complicidad de por lo menos 20 guardias del Inpec y a la que asistieron artistas de la talla de Ana del Castillo, el Mono Zabaleta y Churo Díaz.
Esta fiesta, ocurrida en 2022, fue documentada por SEMANA en una portada donde se contó al detalle la bacanal. Con videos, el testigo identificó a cada participante de la fiesta que tuvo lugar, nada menos que en el Pabellón de Alta Seguridad (PAS) para extraditables.
Un camión de suministros ingresó a la cárcel el 21 de septiembre, a las 6 de la mañana, en un horario inusual. Según el testigo, esto tenía una razón: por lo general, los insumos llegan hacia las 10 de la mañana, cuando deben pasar por los controles y las revisiones de seguridad.
En este caso no hubo revisión; el camión, nuevamente, era del Consorcio contratado por la Uspec. Según el video, en el pabellón había civiles que solo pueden estar ahí con autorización. En las imágenes se ve a los guardias brindando y compartiendo teléfonos celulares con los reclusos, e incluso una pelea con un tipo alto y calvo.
“En los videos se observa un grado de familiaridad que no está permitido; se ven abrazos, que se comparten cigarrillos, bebidas alcohólicas y los vasos en los que están consumiendo las mismas. Además, se detecta en una parte del video la entrega de un equipo móvil de un guardia a una PPL. Esta camaradería está prohibida de manera explícita dentro de las normas penitenciarias”, explicó el exdragoneante mirando videos de la parranda.
Fueron siete días de fiesta; estaba involucrada toda la guardia, el consorcio y la Uspec, pero aún no ha pasado nada y, como reconoce en su declaración el testigo, es posible que nunca haya correctivos. Lanzó también una perla final: los sindicatos del Inpec no están para proteger derechos laborales, sino para acolitar malos comportamientos. Desde dichas organizaciones venden fueros por 2 millones de pesos. Así resulta más fácil sacar a un privado de la libertad que a un guardia corrupto de La Picota.