Mapa de la seguridad en Colombia: ¿algún grupo irregular está sometido?

En los últimos dos años, la situación de seguridad en el país parece que se ha deteriorado: las disidencias de las Farc pasaron de operar en cerca de 50 municipios en 2018 a más de 80 en 2020, el ELN pasó de operar en 96 municipios a 136 en el mismo periodo de tiempo y los grupos armados organizados también han ampliado las zonas de influencia.

Las disidencias de las Farc o grupos residuales son 23 grupos, divididos en tres grandes organizaciones. La primera es la de “Gentil Duarte”, ubicados en los llanos orientales, siendo una de las estructuras mejor organizadas. Luego se encuentra un segundo grupo denominado “La nueva Marquetalia”, conformada por Iván Márquez, Romaña y El Paisa, teniendo un total de cuatro grupos. Y unos terceros que trabajan para los carteles del narcotráfico. Dentro de estos encontramos el frente Oliver Sinisterra, los contadores, entre otros que tienen conexiones con el narcotráfico.

El Clan del Golfo, también denominando Autodefensas Gaitanistas de Colombia, está muy ligado a la desmovilización paramilitar. Su centro de operación está ubicado en el Urabá Antioqueño y Chocoano.  Este grupo tiene un comité central de cinco personas y luego 51 mandos en todo el país, todos ellos, ponen la plata para conformar una fuerza elite que agrupa a tres mil personas.  Por otro lado, el ELN, opera en 136 municipios, de los cuales en 35 de ellos se han expandido, luego de la firma del acuerdo de paz, llegando a las zonas que eran de las Farc y aumentando su capacidad bélica durante el Gobierno Duque.

El Poder habló con el senador Iván Cepeda, quien afirma que el sometimiento a la justicia es un proceso fundamental que se puede definir como una paz total. Donde debe existir una solución política, en este caso con el ELN, y también, un componente de reintegración a la sociedad por vía de beneficios judiciales o de mecanismos que puedan significar un sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales. Así mismo afirmó que si no se hace simultáneamente este proceso de manera global, es muy difícil poder avanzar de una manera radical en la solución de todas las formas de violencia en el país.

Sin embargo, este sometimiento a la justicia genera varias dudas. De igual forma el decreto 601, expedido por el Gobierno Duque deja una interrogante: ¿Hay algo avanzado en materia de sometimiento a justicia con algún grupo?