El martes, 23 de julio, el Ejército sorprendió a 18 disidentes de las Farc en siete camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que se movilizaban entre el Catatumbo y Antioquia. Los delincuentes, además, eran custodiados por once escoltas de la misma entidad.
El hecho causó sorpresa e inquietó a múltiples sectores, especialmente aquellos que son críticos frente al Gobierno Petro. En el espacio de Vicky en SEMANA, voces políticas reaccionaron.
La representante Carolina Arbeláez se refirió al hecho y subrayó que el panorama “es difícil”. Así mismo, comentó que resulta complejo de asimilar cómo “criminales se están movilizando en camionetas del Estado, donde el Gobierno le está brindando protección a estos peligrosos delincuentes”.
“El director de la UNP, prácticamente, justificaba el actuar de estos delincuentes, con el cuento de la ‘paz total’, cuento que no está funcionando porque ya todos somos testigos de que la paz de Gustavo Petro fracasó hace mucho tiempo y eso no lo han querido asimilar”, criticó la congresista de Cambio Radical.
A renglón seguido, aseveró que hoy se están viendo grupos armados cada vez más fortalecidos, con control territorial y haciendo presencia permanente en departamentos como Cauca, Huila y Valle del Cauca, donde hoy “están padeciendo a las disidencias de las Farc”.
“Estos grupos no han mostrado ningún tipo de voluntad de paz; por el contrario, lo que vemos ahora es que están fortalecidos en complicidad con el Estado, les están dando las camionetas para que se movilicen. Miren que les encontraron armas, les encontraron dinero”, continuó.
Al respecto, el congresista Heráclito Landínez comentó que “fue el Ejército, que hace parte del Estado, quien inmovilizó las camionetas y quien hizo todo el operativo para capturarlos”. No obstante, Arbeláez replicó diciendo que “el Estado les facilita a estos criminales la movilización”.
“Mientras en todo Colombia hay líderes sociales que están reclamando protección, porque a la fecha van más de 94 líderes sociales asesinados este año (...), pero mientras estos líderes claman y piden protección, y el Estado no se las da, a estos criminales les dan siete camionetas blindadas para movilizarse, para que movilicen armas, para que movilicen dinero”, reclamó la representante Arbeláez en el espacio de Vicky en SEMANA.
“El Gobierno nacional está financiando el terrorismo”
El representante Juan Fernando Espinal recordó que dentro de los carros de la UNP también estaban movilizando dinero en efectivo, casi 200 millones de pesos. Incluso, llevaban oro. “Estamos hablando de un delito porque, en flagrancia, ellos llevaban armas”, agregó.
Luego, enfatizó: “Creo que se está configurando un delito y es el artículo 345 del Código Penal, y es que el Gobierno nacional está financiando el terrorismo y los grupos de delincuencia y organizados al margen de la ley. Esto tiene que trascender jurídicamente, tiene que trascender ante la comunidad internacional”.
Finalmente, cuestionó cómo es posible que hayan entregado siete camionetas blindadas a los disidentes, mientras que, en Antioquia, los alcaldes de Toledo y San Rafael no tengan un vehículo “porque la UNP no ha querido”. En esa línea, propuso que en el Congreso se haga un debate donde se analice “cuántos carros tiene la UNP, a quiénes les están pagando gasolina y quiénes tienen beneficios”.
“Al gobierno del presidente Gustavo Petro se le salió de las manos la paz total, se le salió de las manos la seguridad”, concluyó Espinal en el espacio de Vicky en SEMANA.
