Millones de personas en Colombia dependen actualmente de las aplicaciones de transporte para movilizarse por la ciudad. Sin embargo, esta dinámica podría cambiar con un nuevo proyecto de ley. Este lunes, Alianza In —el gremio de aplicaciones e innovación— advirtió que el proyecto de ley 347 de 2026 podría poner fin a las plataformas de movilidad en el país. La iniciativa fue presentada recientemente por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, según informó la agremiación en un comunicado.
La noticia ha tomado por sorpresa a los ciudadanos, quienes se verían directamente afectados por esta decisión, así como al sector empresarial del gremio, que ha manifestado su inconformidad. Empresas como Uber, DiDi, Cabify, inDrive y Yango, entre otras, han expresado su rechazo a la propuesta, al considerar que afecta un servicio clave para la movilidad urbana.
La preocupación es significativa, especialmente porque el proyecto impactaría la forma en que los ciudadanos se apoyan en la tecnología para su vida cotidiana, así como los avances en innovación y seguridad logrados en los últimos años.
Uber se pronuncia frente a la posible prohibición
Son muchas las preguntas que han surgido en torno a esta iniciativa, particularmente entre quienes dependen de estos servicios para movilizarse. No solo los usuarios, sino también los conductores que encuentran en estas plataformas una fuente de ingresos estable, han manifestado su inquietud. Frente a este panorama, Camilo Segura, gerente de Comunicaciones de Uber para la región Andina, Centroamérica y el Caribe, se pronunció al respecto:
“Un nuevo proyecto de ley radicado por el Gobierno en el Congreso amenaza la estabilidad de más de 200.000 familias de arrendadores y conductores que hoy generan ingresos adicionales a través de la tecnología”.
Segura advirtió, además, que la iniciativa podría abrir la puerta a nuevos riesgos para la seguridad y la integridad de quienes utilizan estas plataformas. A esto se suma la preocupación por las multas contempladas en el proyecto, que podrían resultar “impagables” para muchos colombianos.
“Esperamos que el Gobierno nacional retire este proyecto, que escuche a todos los actores involucrados en el debate y, sobre todo, que no ponga en riesgo la estabilidad de millones de usuarios que ya saben que utilizar la tecnología no es un delito”, enfatizó.
La compañía también señaló que este tipo de normas no debería borrar de golpe años de avances tecnológicos en el país. “Criminalizar el uso de una aplicación no protege a nadie; solo pone en riesgo la integridad y la seguridad de millones de usuarios, conductores de taxi y arrendadores de moto y vehículos particulares, así como la estabilidad y la tranquilidad de sus familias”, afirmó Uber en un comunicado.
Un golpe para las aplicaciones de transporte
El proyecto de ley permitiría a las autoridades suspender de manera inmediata la operación de estos servicios, sin necesidad de una decisión administrativa o judicial previa.
Asimismo, contempla sanciones severas, como la inmovilización de vehículos hasta por 120 días, multas de $4,7 millones por cada viaje y sanciones de hasta $2.179 millones cuando no exista una multa específica en la ley. También se prevén multas de hasta $726 millones para conjuntos residenciales o propiedades horizontales que faciliten o permitan la prestación de estos servicios.