Una fotografía fidedigna

Los 30 años que han transcurrido desde la primera publicación que hizo SEMANA, de la lista de las 100 empresas más grandes de Colombia, han sido un periodo de importantes transformaciones en la estructura económica y empresarial del país. Estas han sido generadas por cambios fundamentales en la política económica y social, especialmente por la apertura de comienzos de los años noventa y la Constitución de 1991, pero también por modificaciones del entorno internacional.
En 1985, el país estaba todavía absorbiendo el impacto de la fuerte desaceleración de la economía mundial y de la crisis latinoamericana de la deuda. Los efectos de estos desarrollos habían sido un lento crecimiento económico; grandes desajustes fiscales y en las cuentas externas; tasas de interés elevadas y (con un rezago) devaluación; y crisis financiera interna, cuyo episodio más dramático tendría lugar durante el primer semestre de 1986, cuando se nacionalizó el grupo financiero más grande del país: el Grancolombiano.

La ‘minibonanza’ cafetera de 1986 sirvió para que retornara el crecimiento, al mismo tiempo que el gobierno emprendía un primer programa de apertura externa. Este retorno fue, sin embargo, frágil. Esto aconteció pese a la fuerte expansión de las exportaciones, tanto de las no tradicionales como las petroleras y mineras, que, de hecho, borraron durante estos años la dependencia colombiana de las exportaciones del grano. El colapso del Pacto Internacional del Café, a mediados de 1989, cerró para siempre el manejo del mercado mundial con la ayuda de pactos de cuotas, que obligaron al gobierno a acelerar de nuevo la devaluación.

Últimos años del siglo

Al tiempo que en 1990 enfrentaban la peor coyuntura inflacionaria en dos décadas, las administraciones Barco y Gaviria lanzaron la apertura económica, primero en forma moderada y luego acelerada. Ello involucró reducciones sustanciales de los aranceles y eliminación del sistema de licencias de importación, rompiendo con más de medio siglo de proteccionismo.  Simultáneamente, se abrió la puerta a la inversión extranjera en todos los sectores y a la inversión de las empresas colombianas en el exterior. El Banco de la República eliminó los elementos más rigurosos del control de cambios, permitiendo, con algunas restricciones, el acceso al financiamiento externo.

La Asamblea Constituyente adoptó, por su parte, una nueva Carta Política, con nuevas responsabilidades estatales en materia social, en el marco de un concepto de derechos económicos y sociales. También aceleró el proceso de descentralización que se había iniciado en 1986 con la elección popular de alcaldes, decretando un aumento gradual pero fuerte de la participación de las entidades territoriales en las rentas de la nación. Ambos cambios generaron aumentos sustanciales del gasto público.

El elemento positivo de esta decisión fue la expansión considerable de la educación, salud y otros beneficios sociales durante las administraciones Gaviria y Samper. El lado negativo fue el deterioro de las cuentas públicas, pese a las sucesivas reformas tributarias.

El crecimiento económico fue en general positivo hasta 1997, aunque con una desaceleración temporal, asociada a medidas de ajuste adoptadas en 1995, para frenar el rápido crecimiento de la demanda agregada que acompañó la fase inicial de la apertura. La inflación se desaceleró después de las medidas de ajuste de 1990. El elemento más preocupante fue el nuevo deterioro de la balanza de pagos y la sobrevaluación que lo acompañó, pese a los intentos que se hicieron de frenar la entrada de capitales.

El país se encontró, así, vulnerable frente a la secuencia de crisis en las economías emergentes que se inició con la asiática de 1997. Colombia experimentó una situación mucho más difícil que a comienzos de los años ochenta y obligó a la administración Pastrana a adoptar un severo programa de ajuste fiscal y externo. El resultado fue la peor recesión económica del siglo XX (una caída del PIB del 5 por ciento en 1999) y una nueva crisis financiera, aunque concentrada en las entidades oficiales y en los créditos de vivienda.

Como parte del ajuste fiscal, se frenó la tendencia al aumento de las participaciones de las entidades territoriales en los ingresos corrientes de la nación, pero continuó la mejoría en la cobertura de los servicios sociales. Un efecto positivo fue el retorno, después de un cuarto de siglo, a tasas de inflación de un dígito.

En el nuevo milenio

El PIB per cápita de 1997 solo se alcanzó de nuevo en 2004, cuando se inició una década de condiciones externas excepcionales que disfrutaron las administraciones Uribe y Santos. Esta coyuntura se interrumpió con la crisis financiera internacional y, especialmente, por el colapso del banco de inversión Lehman Brothers en septiembre de 2008, pero su impacto sobre las economías emergentes duró apenas un año.

Estas circunstancias excepcionales se reflejaron en el auge más fuerte y prolongado de los términos de intercambio en la historia del país (mucho más fuerte y prolongado que todas las bonanzas cafeteras del siglo XX) y condiciones de financiamiento externo extremadamente favorables. A ello se agregó el aumento de las exportaciones petroleras.

El crecimiento económico alcanzó un promedio del 4,8 por ciento en 2003-2014 y tres años excepcionales (2006, 2007 y 2011) durante los cuales superó el 6 por ciento. Una quinta parte de la población salió de la pobreza por ingresos y una cuarta de la pobreza multidimensional. Todo esto aconteció en medio de bajas tasas de inflación.

Esta década no estuvo exenta de dificultades que, aparte de la crisis financiera internacional, incluyeron la inestabilidad del mercado venezolano para los productos del país, en especial el gran auge de 2003-2008 sucedido por una contracción severa generada por los enfrentamientos entre los presidentes Uribe y Chávez.

Más allá de estos eventos, lo más preocupante fue la nueva etapa de sobrevaluación del peso y el fuerte deterioro en el balance comercial manufacturero y agrícola. De hecho, el país arrojó déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos en medio del auge petrolero. La fuerte caída de los precios del petróleo durante el segundo semestre de 2014 hizo evidente esta vulnerabilidad.

Visto a largo plazo, el crecimiento económico desde 1985 no ha sido excepcional: 3,8 por ciento por año, un registro muy inferior al 5,1 por ciento alcanzado entre 1945 y 1980 y, especialmente, al 6,3 por ciento de 1967-1974. Es cierto que con la reducción en el ritmo de crecimiento poblacional, el PIB por habitante ha aumentado a ritmos rápidos durante la última década, pero no así el PIB por trabajador o la productividad total de los factores, que han tenido desempeños mediocres.

Los cambios estructurales han sido profundos. En materia exportadora se pasó de la dependencia cafetera hasta mediados de los años ochenta a una dependencia de petróleo y minerales. En términos de estructura productiva, el gran ganador fue el sector minero, que incrementó su participación en la producción nacional de un 2 a casi un 8 por ciento. Ha habido también aumentos en la contribución del sector servicios y una participación creciente del sector privado en servicios que el Estado controlaba en 1985 (telecomunicaciones y energía) o donde tenía una posición dominante (el financiero). Por el contrario, el sector agropecuario perdió tres y el industrial cuatro puntos porcentuales de participación en la producción nacional (mucho más si se estima a precios corrientes). La desindustrialización ha sido particularmente intensa durante algunos períodos, especialmente durante los años noventa y entre 2008 y 2014.

Estos cambios han estado acompañados de otros en la estructura empresarial, que incluyen la fusión de empresas; la participación de algunas compañías nacionales (ISA, Nutresa, el Banco de Colombia, por ejemplo) en el mundo de las multilatinas; la entrada de empresas extranjeras en el mercado nacional, muchas de ellas latinoamericanas, y la fusión de algunas firmas nacionales con otras de fuera del país (Bavaria y Avianca, en particular); la privatización de muchas empresas públicas; y la quiebra de algunas industriales o su transformación en importadoras de los productos que antes fabricaban.

Los cambios más notorios en la estructura se registran en la lista de las primeras 20 entre las 100 mayores empresas. Algunas públicas –notablemente Ecopetrol e ISA– siguen figurando o han ascendido (EPM) pero otras han desaparecido (el grupo cafetero). El sector petrolero-minero tiene una presencia creciente, pero con fuertes cambios en las empresas dominantes. Lo mismo acontece con el comercio. Avianca, ahora una multilatina, sube en la clasificación. Surgen además empresas privadas o mixtas de telecomunicaciones y la Nueva EPS, de carácter mixto. Pero el sector industrial pierde considerablemente. Algunas empresas de alimentos, bebidas y cemento se sostienen, pero desaparecen de la lista las textileras, Paz del Río y las ensambladoras de vehículos. Es una fotografía fidedigna de los profundos cambios en la estructura económica del país.