“Nada es tan malo que no pueda empeorar”. Esta frase le cae como anillo al dedo al sector energético colombiano, que hoy enfrenta tensiones simultáneas en electricidad y gas. La alta dependencia de las hidroeléctricas se ve amenazada por un fuerte fenómeno de El Niño, previsto para la segunda mitad del año, mientras crecen los temores por el abastecimiento de gas y la disponibilidad de energía.
Como si esto fuera poco, el sector energético y sus autoridades están en alerta ante la posibilidad de que uno de los principales jugadores de gas se vaya abruptamente, dejando colgados de la brocha a sus clientes.
El protagonista de las preocupaciones es la empresa canadiense Canacol Energy, que llegó a Colombia en 2008 y hoy está en trámite de bancarrota ante los tribunales de su país de origen. El caso no tendría nada de particular, dado que otras firmas, como Avianca, han pasado por procesos de insolvencia en el exterior y han logrado acuerdos con sus acreedores, enderezaron el rumbo y volvieron a crecer.
El lío con Canacol está en que, dentro del trámite que adelanta ante el Tribunal del Rey de Alberta —aceptado en noviembre pasado—, la compañía estaría solicitando dejar de cumplir los contratos que tiene en Colombia.
Si las autoridades canadienses le aceptan su pedido, el impacto sería enorme en el país. Según Naturgas, gremio que representa a las empresas de gas, Canacol abastece parte de la demanda de siete departamentos de la Costa Caribe y algunos municipios de Norte de Santander, incluyendo hogares, comercios, industrias, transporte y una planta térmica en Sahagún (Córdoba). Si bien la empresa mantiene contratos en firme por cerca de 110 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), su producción promedio en abril se ubicó en 75 MPCD, equivalente al 7,5 por ciento de la demanda nacional.
Justamente, su menor producción de gas sería la razón por la que Canacol entró en problemas para poder cumplir con los contratos que tiene firmados. No obstante, Jose Plata, socio de Serrano Martínez CMA y experto en gas, dice que ese es un riesgo operativo inherente a la actividad petrolera y que las empresas saben cómo manejarlo y mitigarlo.
En Naturgas también consideran que ese contexto no justifica una terminación anticipada de contratos. Por el contrario, advierten que una decisión en ese sentido incrementaría los riesgos sobre la continuidad del servicio y el abastecimiento energético del país. “Existen caminos distintos a la terminación de contratos. Hay mecanismos empresariales, acuerdos entre las partes e incluso interés de inversionistas que permitirían mantener la operación y proteger el abastecimiento de gas sin sacrificar la prestación del servicio y la confianza del sistema”, explica Luz Stella Murgas, presidenta del gremio.
Desde Canacol responden que sus actuaciones deben ser entendidas dentro del marco de un proceso judicial de insolvencia y reestructuración, y no como decisiones comerciales ordinarias. “La compañía continúa actuando conforme a las órdenes aplicables de la Corte canadiense, al reconocimiento otorgado en Colombia y a los mecanismos previstos por la ley para este tipo de procedimientos”, asegura uno de sus voceros.
El abogado Plata aclara que, pese a que la mayoría de los bienes de Canacol están acá en Colombia, su matriz se ubica en Canadá y, por eso, se acogió a las leyes de reorganización empresarial de ese país. Como resultado, después de que le fuera aceptada su solicitud en la Corte de Alberta, la Superintendencia de Sociedades recurrió en diciembre a una normativa denominada proceso de insolvencia transfronteriza para también activar el caso en Colombia.
La primera audiencia en Canadá fue el 7 de mayo, pero no hubo decisión del tribunal y se fijó una nueva fecha para el 21 de mayo. Así mismo, este martes 19 de mayo habrá una audiencia en Colombia.
Plata asevera que el aplazamiento en Canadá se dio porque los diferentes compradores de gas natural reaccionaron e hicieron presencia para participar en el proceso. En general, señalan las graves implicaciones que tendría para Colombia el incumplimiento de los contratos de Canacol, que es actualmente el tercer mayor proveedor de gas del país, después de Ecopetrol y de Hocol.
Si se va Canacol, habría un incremento en los precios del gas y en subsidios, con mayores erogaciones desde el Ministerio de Hacienda. “En el mejor de los casos, se incrementan las tarifas y se disparan los subsidios, y, en el peor de los casos, hay desabastecimiento”, precisa Plata.
En Naturgas alertan que una reducción en la disponibilidad de gas obligaría a sectores productivos a migrar hacia energéticos más costosos o con mayores emisiones, como el GLP, carbón, gasolina o diésel, lo que incrementaría los costos de producción y presionaría el precio de bienes esenciales como alimentos, bebidas, papel, cartón y cerámica.
“Es imperativo proteger la estabilidad de las reglas de juego y el respeto a los contratos. No existe gas más costoso que aquel que deja de estar disponible por decisiones que afectan la seguridad del sistema y la confianza en el sector”, agrega Murgas.
¿Acatar a Canadá?
El principal temor en este caso es que el Tribunal de Alberta le dé la razón a Canacol, dado que no conoce —ni le preocupan— las implicaciones sobre el mercado colombiano, y que además la Superintendencia de Sociedades avale esa decisión.
No obstante, Nini Johanna Castañeda, superintendente (e) de Sociedades, dice que las decisiones adoptadas por autoridades extranjeras no producen efectos automáticos en Colombia. “En materia de insolvencia transfronteriza, la legislación colombiana establece mecanismos de coordinación y reconocimiento judicial precisamente para garantizar que las medidas extranjeras sean compatibles con el orden público económico nacional y con las normas previstas en la Ley 1116 de 2006”, subraya.
En ese sentido, indica que el rol de la Superintendencia no es simplemente refrendar decisiones tomadas en otra jurisdicción. “Como juez del concurso en Colombia, le corresponde analizar el alcance de las providencias extranjeras, verificar sus efectos sobre acreedores, contratos, activos y operaciones ubicadas en el país, y determinar si dichas medidas pueden ser reconocidas dentro del marco jurídico colombiano”.
Una posible solución podría ser que, ante la innegable caída en la producción de Canacol, se aplique un principio de proporcionalidad; es decir, que si no tiene para responder por el ciento por ciento del gas que se comprometió en todos sus contratos, entregue lo que pueda, 80 o 70 por ciento, pero que no los liquide por completo. “Lo ideal sería que el Tribunal de Canadá los ayude a renegociar una disminución de las cantidades vendidas de sus contratos para que se ajusten a lo que sí pueden producir”, indica Plata.
En caso de que los contratos sigan vigentes por orden de los tribunales, y Canacol no cumpla, en cada uno de ellos se activarían las cláusulas para resolver diferencias, que también podrían ir ante un juez. Lo importante en este momento es evitar que se materialice la ley de Murphy en un sector energético tan vulnerable como el colombiano.