En 2025, la Dian recibió 6.521.502 declaraciones de renta de personas naturales por el año gravable 2024 y cerca del 12 % de ellas realizaron ese trámite tributario por primera vez. Este año, un nuevo grupo de colombianos se convertirá en contribuyentes de este tributo, que grava primordialmente los ingresos anuales de los ciudadanos.
Aunque el número total de declarantes sube cada año, las cifras muestran que los incrementos no son lineales. Por ejemplo, en 2025, más de 763.000 colombianos declararon renta por primera vez, pero el número total de declaraciones aumentó en aproximadamente 366.000 frente al año anterior. En la firma Tributi, especializada en realizar declaraciones de renta, explican que ese fenómeno se da porque, mientras nuevos contribuyentes superaron alguno de los topes establecidos, otros dejaron de cumplir las condiciones para estar obligados.
Para el año gravable 2025, que es el que se paga este año, están obligados a declarar las personas que tuvieron ingresos, compras, consumos con tarjeta, consignaciones, depósitos o inversiones iguales o superiores a 69.719.000 pesos, o un patrimonio bruto superior a 224.096.000 al 31 de diciembre. También deben hacerlo quienes fueron responsables del IVA al cierre del año.
Esto implica que la obligación no está determinada únicamente por el salario. Una persona puede convertirse en declarante por el valor de su patrimonio, sus movimientos financieros o una transacción extraordinaria, como la venta de un activo, aún cuando sus ingresos laborales no hayan registrado cambios importantes.
También hay diferencias entre estar obligado a declarar y terminar con impuesto a cargo. En muchos casos, las personas simplemente reportan ante la Dian sus ingresos, pero al aplicar beneficios tributarios, como las deducciones por dependientes o por créditos hipotecarios, el resultado puede ser cero o incluso arrojar un saldo a favor. Algo similar ocurre con quienes tuvieron retenciones en la fuente durante el año, pues esos anticipos se descuentan del impuesto definitivo y pueden reducir considerablemente el valor final o generar también un saldo a favor.
Los cambios en el número total de declarantes de renta también se originan en las reformas tributarias de los últimos años, pues algunas de ellas han reducido algunos beneficios para las personas naturales.
La reforma de 2016 introdujo un límite conjunto del 40 % y 5.040 UVT para determinadas rentas exentas y deducciones. La de 2022 redujo todavía más el límite absoluto, de 5.040 a 1.340 UVT anuales. Con el valor de la UVT aplicable al año gravable 2025, esto equivale a pasar de aproximadamente 250.986.960 pesos a 66.730.660.
La reforma de 2022 también redujo el límite anual de la renta exenta del 25 % sobre los pagos laborales, que pasó de 2.880 a 790 UVT. Expresado en valores del año gravable 2025, el máximo bajó de cerca de 143.421.120 pesos a 39.341.210. En la práctica, estas restricciones hacen que quienes alcanzan esos límites tengan que pagar más impuesto de renta, aunque ya hicieran parte de la población declarante.
Así las cosas, entre el 12 de agosto y el 26 de octubre, las personas naturales tendrán plazo para declarar renta y se estima que lo hagan unos siete millones de colombianos por el año gravable 2025.
Los expertos advierten que haber declarado renta en años anteriores no significa que una persona deba hacerlo indefinidamente. La obligación debe revisarse cada año según los ingresos, el patrimonio, los consumos y los movimientos financieros registrados durante el periodo gravable.
A lo anterior hay que sumarle los cambios de las reformas tributarias. El proyecto que radicó el Gobierno de Gustavo Petro, el pasado 21 de julio, propone reducir algunos beneficios en materia de renta de personas naturales, sin ampliar los topes generales que determinan quién debe declarar. “Si fuera aprobado, haría que parte de quienes ya cumplen esta obligación tengan que pagar más impuesto”, señalan en Tributi.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella, que para ese momento aún no se había posesionado, rechazó la iniciativa, pues considera que las medidas allí incluidas lo que buscan es “trasladarles a los colombianos el costo de cuatro años de desorden fiscal, endeudamiento y manejo irresponsable de los recursos públicos”.