Más pronto que tarde, el Ministerio de Hacienda deberá presentar la hasta ahora denominada ley fiscal o de rescate económico. Aunque el ministro Miguel Gómez Martínez ha insistido en que no será una reforma tributaria, varios expertos advierten que difícilmente podrá evitar cambios en materia de impuestos.
El Gobierno ha dicho que presentará la ley fiscal en septiembre, pero en los debates del proyecto de presupuesto de 2027, que ya comenzaron en las comisiones económicas del Congreso, crece la presión para conocerla cuanto antes. La consideran clave para financiar un faltante adicional de 60 billones de pesos, que llevó el monto del presupuesto a 635 billones, frente a los 575 billones propuestos por la administración saliente.
La urgencia de actuar es evidente, según sostuvo Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República, porque, en el sinceramiento de las cuentas, se evidenció que el gasto público es más abultado de lo que se creía, con 3 puntos del producto interno bruto (PIB) sin contabilizar. El déficit fiscal no era de 4,5 por ciento como lo estimaba el Gobierno anterior, ni del 7 por ciento como calculaban analistas, sino de 9,4 por ciento. Entretanto, la deuda se encarece. El pago de intereses de la obligación ya supera el 75 por ciento de la inversión total pública del país, afirmó Echavarría. “Otros países ya hicieron el ajuste. Incluso el descuadernado Brasil, que ya tiene un superávit primario cercano a cero. Y Colombia, no”.
El Gobierno actual anunció un recorte de 21,9 billones al gasto de 2026 como primera medida de ajuste, pero suena complicado lograr un ahorro de tal magnitud si se habla de que buena parte del presupuesto está amarrado, con gastos inaplazables, como los que se requieren para las pensiones, la salud, las transferencias a las regiones y el servicio de la deuda, entre otros.
La obtención de ingresos nuevos, entonces, sería indispensable, porque, como lo recordó Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), son dos tipos de fuentes de recursos los que tiene el Estado. “Uno proviene de impuestos, y otro, de los ingresos no tributarios, como utilidades de las empresas públicas y recursos de capital. Pero lo fundamental son los ingresos tributarios”.
Una reforma agresiva al sistema impositivo, en la primera etapa de un gobierno que dijo que no subiría la carga, sino que promoverá el aumento de ingresos vía crecimiento de la economía, tendría que hacerse con pinzas. Y aunque políticamente pareciera que es difícil, habría varios caminos, según lo expusieron varios expertos.
Fuentes cercanas al Gobierno confirman que aún están en discusiones internas previas a destapar la ley fiscal, pero entre los analistas llueven las ideas para ayudar a construirla. Lisandro Junco, exdirector de la Dian, parte de que el principio transversal no tiene que ser “no cobrar más a quien ya cumple, sino recaudar obligaciones ya causadas, ampliar la base formal y perseguir la evasión material, el contrabando y las facturas falsas”. Así, se podría echar mano de una eficiencia tributaria que podría provenir de una recuperación de más de 62 billones de pesos que la autoridad tributaria tiene en cartera sin cobrar a los contribuyentes. Para lograr que esa plata llegue a la bolsa pública, tendría que aplicarse un incentivo de pago, como el de disminuir considerablemente las sanciones y los intereses, para recuperar el capital. “No toda la cifra es inmediatamente cobrable. Puede existir cartera prescrita, litigiosa, suspendida, insolvente, duplicada o sin título ejecutivo completo. Por ello, antes de fijar metas definitivas, se requiere una auditoría nacional de cartera durante los primeros 45 días”.
Igualmente, sería ideal que la Dian avanzara hacia lo que Junco llamó “predialización” del régimen simple, diseñado para facilitar el pago de impuestos a pequeños negocios. “Se trata de usar los datos de factura electrónica para generar declaraciones prellenadas. El contribuyente revisa, corrige casos atípicos y paga digitalmente. Esto reduce trámites, errores y costos de cumplimiento”.
En cuanto al control de la evasión y el contrabando, que debe ser parte de la estrategia, y no solo para obtener recursos sin apretar el bolsillo de las personas y las empresas, sino para generar confianza y justicia, Junco propone “orientar la fiscalización, con datos, no con controles indiscriminados. Los principales cruces son factura electrónica, Pila, información exógena, registros patrimoniales, datos aduaneros y activos en el exterior”.
Para José Ignacio López, presidente de Anif, la construcción de una propuesta fiscal es todo un reto, pues se requiere un ajuste de hasta 53 billones de pesos. “Nuestra propuesta sería la de una reforma en la que el grueso de los recursos provenga del recorte de gasto, pero que también incluya elementos por el lado de los ingresos que ayudan a llegar a la cifra”.
Según López, además de una política de austeridad, habría que flexibilizar el presupuesto: “Eliminar rentas de destinación específica para que haya más flexibilidad a la hora de hacer recortes cuando la situación fiscal es complicada”.
Agregó que en el presupuesto hay partidas que no se están convirtiendo en inversión, sino que terminan siendo gasto de funcionamiento maquillado, y los subsidios que demandan plata pública deben ser mejor focalizados. “Ahí hay espacio grande”, dijo López.
En cuanto al punto que resulta álgido, el de obtener nuevos ingresos, si bien reconoció que hay reticencia porque el Estado se ha expandido mucho y los ciudadanos no ven los beneficios de pagar impuestos, planteó “quitar deducciones que hacen las empresas con costos que están respaldados con pagos en efectivo. Ese tipo de medidas son proformalización y en el corto plazo generan ingreso”.
Desde su perspectiva, no sería necesario poner nuevos impuestos si se hace el recorte de gasto y se flexibiliza el presupuesto. En todo caso, no será fácil, pues hay ahí un problema político que se podría presentar en el Congreso de la República: “Recortar gasto en partida de subsidios cuando hay beneficiarios ya acostumbrados a las ayudas no se logra de la noche a la mañana”.
“EN EL IVA ESTÁN LOS RECURSOS”
Otra visión tiene Echavarría, quien estima que sería erróneo enfocarse solo en reducir el gasto, por lo que se inclina por alternativas incómodas. A su juicio, “es en el tema del IVA donde están los recursos, y es claro que no podemos continuar con el mantra de que los estratos 5 y 6 paguen 5 por ciento sobre medicamentos, alimentos y similares, cuando tienen que pagar el 19 por ciento”, afirmó.
De igual manera, el experto estima que es hora de empezar a pensar en que mucha más gente pague impuesto de renta. “Colombia es un país bastante atípico en ese frente comparado con otras naciones. Solo muy pocos pagan”.
Sin dejar de tener en el visor que se subestimó el gasto, lo que está más desajustado es el tema de los intereses de deuda y, de hecho, “es algo sui géneris en América Latina”. Por ello considera que es el momento para hablar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde su experticia, recuerda que ese organismo internacional ya ayudó a Colombia a tener una estrategia de ajuste gradual seria. Tiene recursos técnicos y cercanía con los mercados de capital, lo que le permitiría al país abrir puertas para explicar la real situación fiscal. Pero, eso sí, en lo que más enfatiza es en que “hay que hablar de emergencia tributaria. Con la coyuntura del terremoto se puede hacer”, dijo Echavarría.
El castigo sobre las expectativas de crecimiento de la economía que muchos temen, si se aplican impuestos, no se daría. Dependería de tomar la ruta correcta. “No necesariamente tendría que ser costoso para el crecimiento si lo que se va recortando de gasto o ajustando el tamaño del Estado se compensa con inversión privada. Con esa fórmula el país no tiene por qué crecer menos”. De hecho, el exgerente del Emisor recordó que hay un montón de empresarios con fondos importantes, que los tenían congelados, a la espera de las señales enviadas con los resultados de las elecciones presidenciales y los mensajes iniciales del nuevo Gobierno.
En la futura ley fiscal tampoco se puede perder de vista la regla fiscal, suspendida al activar la llamada cláusula de escape, lo que llevó al Gobierno anterior a sobrepasar el techo del déficit fiscal que estaba previsto y que era parte de la disciplina en el manejo de las finanzas públicas.
Para Ramírez, del Carf, hay caminos con la regla fiscal, ya que la vigencia de la cláusula de escape vence en 2028. “Si es imposible de cumplir, entraríamos en riesgo de pasar por encima de la norma; por lo tanto, debería modificarse”. Otros expertos manifiestan que se necesitaría hacer una nueva.
El destape de la ley fiscal es así una papa caliente para el Ministerio de Hacienda.