El acceso al agua potable suele analizarse desde la salud pública o la infraestructura, pero su impacto también alcanza el empleo, la autonomía económica y el tiempo disponible de millones de mujeres.
Esa es una de las conclusiones que deja el más reciente balance de Ayuda en Acción en América Latina, que reportó que durante 2025 más de 25.000 personas accedieron por primera vez a agua potable segura a través de sus proyectos en la región. La mitad de ellas fueron mujeres.
La relación entre agua y trabajo femenino no es menor. De acuerdo con cifras citadas por Naciones Unidas, cerca de 1.800 millones de personas en el mundo carecen de abastecimiento seguro de agua potable, una realidad que no solo afecta la salud, sino también la educación, la productividad y las oportunidades laborales.
En América Latina, además, las mujeres siguen siendo responsables de acarrear agua en el 76 % de los hogares donde esa tarea aún recae sobre la familia.
Eso significa horas diarias dedicadas a una labor no remunerada que limita la posibilidad de estudiar, trabajar o participar en actividades productivas.
Cuando el agua llega más cerca del hogar o de la comunidad, no solo se reduce el riesgo de enfermedades asociadas al consumo inseguro, también se libera tiempo, baja la carga física y se abre espacio para otras decisiones de vida.
Los programas de acceso, saneamiento y gestión comunitaria del agua empiezan a tener una lectura económica y de género.
Según Ayuda en Acción, las intervenciones realizadas en 2025 incluyeron construcción y rehabilitación de sistemas de agua, instalación de infraestructura de saneamiento y formación técnica para el manejo del recurso en comunidades vulnerables.
“Garantizar el acceso al agua no es solo abrir un grifo: es abrir oportunidades para que las mujeres se desarrollen, decidan y lideren”, afirmó Andrés Oleas, especialista en Gestión Social y Ambiental del Agua de Ayuda en Acción Ecuador, al explicar el impacto que estos proyectos tienen en la vida cotidiana de las comunidades.
Uno de los casos más representativos está en Ecuador, donde la organización reporta apoyo a más de 165.000 personas mediante la construcción, rehabilitación e intervención de más de 400 sistemas de agua, además de procesos de formación en administración comunitaria y cuidado de fuentes hídricas.
Allí, mujeres rurales han pasado de ser usuarias del sistema a ocupar roles de liderazgo en juntas de agua y en procesos de planificación local.
El fenómeno también se replica en otros países de la región. En México, mujeres participan en proyectos de captación y almacenamiento de agua lluvia; en El Salvador, lideran iniciativas de restauración de manglares para proteger ecosistemas y garantizar acceso futuro al recurso.
Más allá de las cifras de cobertura, el debate de fondo es que el acceso al agua sigue siendo una condición básica para cerrar brechas de género.
Porque cuando una mujer deja de invertir horas en buscar agua, gana algo más que comodidad; gana tiempo para estudiar, trabajar, emprender o participar en decisiones dentro de su comunidad. Ahí es donde el agua deja de ser solo un servicio esencial y se convierte también en una variable de empleo y autonomía femenina.