La nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció en las pasadas semanas que su gobierno entrante elevará la Remuneración Mínima Vital (RMV) de 1.130 soles a 1.300 soles mensuales, una de las principales medidas económicas presentadas durante su discurso de investidura como mandataria ante el Congreso peruano.
Con el incremento, el salario mínimo en el Perú pasará de aproximadamente 1,28 millones de pesos colombianos a cerca de 1,47 millones de pesos colombianos, según las tasas de cambio actuales.
“Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1.300 soles”, afirmó Fujimori durante su primer mensaje como mandataria, recibiendo aplausos de parte de la mayoría del Congreso, que parte como aliado de la nueva mandataria.
La medida supone un aumento de alrededor del 15 % respecto al salario mínimo vigente y marca uno de los primeros anuncios económicos de la nueva administración, que asumió el poder el pasado 28 de julio.
Según explicó la presidenta, el incremento estará acompañado por un bono compensatorio por una sola vez para las micro y pequeñas empresas (mypes), con el objetivo de mitigar el impacto del aumento de los costos laborales y promover la formalización del empleo. “Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales”, señaló Keiko Fujimori.
El anuncio llamó la atención en Perú porque, durante la campaña electoral, Fujimori había cuestionado propuestas similares impulsadas por sectores de izquierda e insistido en priorizar el crecimiento económico y la inversión privada. Sin embargo, en su primer discurso presidencial incluyó el aumento salarial dentro de un paquete de medidas orientadas a combatir la desigualdad y mejorar los ingresos de los trabajadores.
El incremento forma parte de una agenda económica más amplia con la que el nuevo gobierno busca impulsar el empleo, atraer inversiones y reactivar el crecimiento tras una década marcada por la inestabilidad política y el cambio constante de presidentes en Perú.
La decisión también ha generado debate entre economistas y empresarios del país inca. Mientras algunos sectores consideran que el aumento puede ayudar a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, otros han advertido sobre posibles efectos en la informalidad laboral, especialmente entre las pequeñas empresas.
Perú mantiene una de las economías más abiertas de América Latina, pero también enfrenta elevados niveles de empleo informal. Según los datos oficiales más recientes, en el vecino país, más del 70% de los trabajadores peruanos se desempeñan fuera de la formalidad laboral.