Paraguay cumple una semana después de la crisis y el escándalo bancario, que no terminó con la remoción del cargo del presidente Santiago Peña. Afectó a casi 3 millones de habitantes en la nación. Ahora, lejos de recuperarse, las personas buscan respuestas y justicia tras las millonarias irregularidades financieras que paralizaron el país en medio de juicios políticos, capturas, investigaciones e intentos de respuestas de parte de las autoridades.
El escándalo estalló el pasado 2 de noviembre, cuando el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank después de determinar que su índice de solvencia había caído por debajo del mínimo exigido. La entidad, que tenía cerca de 2,9 millones de clientes en un país de 6,4, los dejó sin acceso a sus cuentas y puso bajo presión los recursos de organismos públicos y fondos de pensiones.
La debacle terminó alcanzando a Santiago Peña, quien había sido accionista de Ueno Holding, el conglomerado propietario del banco. La situación desencadenó la salida del mandatario del poder el viernes 6 de noviembre. Después de que el Senado rechazara su renuncia, el Congreso lo sometió a un juicio político y lo destituyó con 44 votos favorables de los 45 posibles. Horas más tarde, la Fiscalía ordenó su detención y lo imputó por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.
Pero la salida de Peña no resolvió las preguntas que quedaron alrededor del banco, ya que millones de personas seguían en medio de la incertidumbre sobre el destino de sus dineros. Una de las mayores preocupaciones está en los recursos de jubilación. El lunes 9 de noviembre, docentes paraguayos salieron a protestar y exigieron garantías sobre más de 60 millones de dólares de sus fondos previsionales depositados en Ueno. Los representantes de los gremios se reunieron con el nuevo presidente, Pedro Alliana, quien se comprometió a trabajar en la recuperación de esos recursos. La exigencia de los maestros fue clara: que la investigación no termine únicamente con la detención de Peña y los antiguos directivos de la entidad.
Mientras los ciudadanos esperan resultados, la investigación judicial ha comenzado a extenderse por distintas instituciones y empresas. El lunes, la Fiscalía informó que había identificado alrededor de 37 empresas y 35 personas relacionadas con el caso, además de las 27 personas que ya estaban imputadas en la etapa inicial. Los fiscales anunciaron que ampliarían los equipos de investigación y buscarían establecer el recorrido de los recursos que pasaron por el banco.
Durante la semana se llevó a cabo el allanamiento a la residencia de verano del expresidente paraguayo Santiago Peña, ubicada en el lujoso sector de San Bernardino. Las autoridades encontraron una bóveda secreta escondida detrás de una pared falsa. El compartimento contaba con un sofisticado sistema de seguridad de fabricación israelí, con mecanismos de acceso biométrico que incluían reconocimiento del iris y huellas dactilares. En un primer momento, los fiscales no consiguieron abrir la segunda puerta blindada y llegaron a evaluar alternativas como una detonación controlada para ingresar.
Finalmente, la Fiscalía accedió a la estructura con ayuda de información proporcionada por la defensa de Peña sobre la ubicación de una llave de seguridad. Sin embargo, el hallazgo no fue el que esperaban los investigadores: el espacio estaba completamente vacío, sin dinero en efectivo ni objetos de valor. La fiscal Silvia González explicó que, según la versión entregada por la defensa, se trataba de una habitación de pánico, diseñada para proteger a sus ocupantes ante una eventual amenaza.
Al día siguiente, los investigadores allanaron la vivienda del exministro de Economía y Finanzas e incautaron documentos y dispositivos electrónicos. Entre los antecedentes que examinan está una resolución del 28 de julio de 2025, mediante la cual el entonces titular de esa cartera autorizó la colocación de 250.000 millones de guaraníes de la Caja Fiscal en Ueno Bank a través de certificados de depósito de ahorro. La operación, que representa una suma millonaria de recursos previsionales, es ahora parte de las pesquisas sobre la utilización de fondos públicos.
La búsqueda no se limita a Paraguay. El miércoles 11 de noviembre, la Fiscalía anunció que activó por primera vez en el país una notificación de Interpol, mecanismo que permite identificar y localizar bienes y activos que podrían estar relacionados con actividades delictivas. También prepara una solicitud formal de cooperación a Luxemburgo, donde existe una sociedad vinculada al entorno empresarial de Ueno. Las autoridades buscan establecer si parte de los recursos investigados terminó fuera del país y si existen bienes que puedan ser recuperados para responder a los ciudadanos afectados.
El jueves 12 de noviembre, la investigación llegó hasta el registro de Mburuvicha Róga, la residencia presidencial que Peña ocupó hasta su destitución el viernes anterior. Aunque al cierre de esta edición las autoridades no han divulgado los resultados del procedimiento, el operativo representa un nuevo paso en las pesquisas contra el exmandatario y el antiguo presidente del Banco Central, Carlos Carvallo.
Ese mismo día fue detenido Holger Insfrán, superintendente de Bancos del Banco Central, durante un allanamiento en su vivienda en Asunción. Los investigadores incautaron documentación institucional y dispositivos electrónicos. Según medios paraguayos, también encontraron cerca de 500 páginas de documentos relacionados con Ueno Bank y el escándalo que ha sacudido completamente al país.
Por añadidura, las consecuencias ya empiezan a sentirse más allá de las cuentas bancarias y los tribunales. El miércoles 11 de noviembre, Fitch Ratings puso bajo observación negativa la calificación soberana BB+ de Paraguay ante los riesgos que la crisis puede representar para el sistema financiero, las cuentas públicas y el crecimiento económico. La calificadora señaló que Ueno mantenía cerca de 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos de pensiones estatales. Aunque no anticipó un riesgo generalizado para la estabilidad bancaria, advirtió sobre las posibles repercusiones económicas de la crisis.
El Banco Central de Paraguay anunció que completó la primera etapa de devolución de los depósitos de Ueno Bank y que el 100 por ciento de los ahorradores amparados por la garantía estatal recibió un anticipo de sus recursos. En total, 1.812.348 personas obtuvieron cerca de 3,9 billones de guaraníes, unos 644 millones de dólares, en un proceso que concluyó el miércoles 11 de noviembre. Los pagos cubrieron depósitos de hasta 40 salarios mínimos, equivalentes a poco más de 19.600 dólares por persona. El dinero fue transferido a cuentas de los beneficiarios en otras entidades financieras que terminaron absorbiendo a los clientes de la caída entidad.
Sin embargo, el anuncio de las autoridades financieras paraguayas no significa que los clientes hayan recuperado la totalidad de sus ahorros. El Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura máxima de 75 salarios mínimos, alrededor de 36.790 dólares, por persona o empresa, por lo que el Banco Central prevé ampliar los desembolsos para completar ese límite a partir de la próxima semana, pero aún sin certezas totales.
Aunque la devolución de una primera parte de los depósitos representa un alivio para millones de paraguayos, el futuro de quienes tenían sus ahorros y recursos previsionales en Ueno Bank sigue siendo incierto. Mientras avanzan las investigaciones y las autoridades establecen responsabilidades, miles de clientes todavía esperan saber cuándo y cuánto dinero podrán recuperar.