Alias El Negro, durante los últimos años señalado por fuertes delitos, se dedicó a planear y ejecutar secuestros selectivos y a extorsionar a comerciantes y agricultores en municipios del Oriente antioqueño como La Unión, La Ceja y Rionegro. Según la investigación de las autoridades, su organización —identifica por las autoridades como el Grupo de Delincuencia Común Organizada ‘Los Alhamen’— también estaría involucrada en hurtos a establecimientos comerciales de la zona.
El golpe contra la estructura se produjo en operativos simultáneos realizados en Medellín, Bello y Caldas, Antioquia, en los que la Fiscalía y el Gaula de la Policía Nacional materializaron seis órdenes de captura y ejecutaron dos diligencias de allanamiento y registro. Entre los detenidos figura, además de ‘El negro’, un sujeto identificado como alias Toreto o Pecas, con antecedentes de tráfico de estupefacientes.
La investigación, según las autoridades, señala que la banda cometió al menos un secuestro de alto impacto el 17 de octubre del 2024: ese día, integrantes del grupo privaron de la libertad a un agricultor en la Unión y exigieron a su familia 500 millones de pesos para su liberación. Ese caso, que quedó como referencia en la investigación, habría sido uno de los factores que motivaron las labores de inteligencia que llevaron a los operativos.
‘El Negro’ registra anotaciones por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; homicidio; y tráfico de estupefacientes. Además, el informe remitido indica que, antes de estos hechos, ya tenía en su contra una condena de 35 años vinculada —según la Policía— a un secuestro y homicidio contra un empresario antioqueño propietario de la marca de arepas “El Carriel”, en el que además resultó herida la esposa del comerciante.
Sobre esa condena y las acusaciones concretas pesan expedientes judiciales que ahora se buscarán consolidar en la etapa de judicialización.
La Policía describe la operación como “un golpe contundente contra la criminalidad organizada” en el Oriente antioqueño y subraya que la desarticulación busca debilitar las redes dedicadas al secuestro y la extorsión, además de proteger “la vida, la libertad y el patrimonio económico de los ciudadanos”. Con la captura de los seis presuntos integrantes, las autoridades esperan que avance la judicialización por el delito de secuestro extorsivo y otros cargos conexos.
Las autoridades sostienen que, pese a los recientes golpes contra estructuras dedicadas al secuestro y la extorsión en el Oriente Antioqueño, estas prácticas siguen representando una de las principales amenazas para la seguridad rural en la región.
En municipios como Rionegro, Marinilla y San Vicente Ferrer, las víctimas suelen ser agricultores, comerciantes y transportadores, lo que mantiene la preocupación de las comunidades frente al accionar de redes delincuenciales que operan bajo distintas modalidades.