En zona rural de El Bagre, Antioquia, las tropas del Ejército Nacional encontraron medicamentos específicos para el tratamiento de enfermedades como la malaria, el paludismo y la leishmaniasis. También hallaron material de sutura, elementos para la atención de amputaciones y otros insumos para el tratamiento de heridas abiertas, así como medicinas para enfermedades comunes. La operación fue desarrollada por el Batallón de Selva n.º 57, adscrito a la Décima Primera Brigada, en el marco de operaciones ofensivas del plan de campaña de la unidad.
Durante la operación, las autoridades identificaron a presuntos integrantes de las subestructuras del Clan del Golfo que operan en la zona. El Ejército los señaló como parte del “componente criminal focalizado”, responsables, según la institución, de acciones de intimidación contra la población civil en el área rural de El Bagre.
También se incautó material de intendencia vinculante con el grupo, incluidos brazaletes alusivos a la estructura Roberto Vargas Gutiérrez.
Las fuerzas militares precisaron que el dispensario atendía, de forma particular, a presuntos miembros de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez y a las subestructuras Manuel Alexánder Ariza Rosario y Jorge Mario Valle, del Clan del Golfo. La ubicación y el modo de operación del lugar habrían sido detectados mediante labores de inteligencia de la unidad.
El brigadier general Eduardo Arias Rojas, comandante de la Décima Primera Brigada, explicó que el centro funcionaba como un “punto de recuperación” para hombres heridos en confrontaciones con otros grupos armados o en enfrentamientos con la Fuerza Pública. Señaló que en el lugar se halló material médico y quirúrgico que, en lugar de beneficiar a la población civil, era destinado al servicio de la estructura criminal.
Además del valor económico de los insumos —avaluados en cerca de 190 millones de pesos—, las autoridades destacaron que este tipo de hallazgos permite afectar la capacidad de movilidad y atención médica de los combatientes del Clan del Golfo en la zona.
A raíz del operativo, las autoridades reiteraron su compromiso de continuar acciones militares y de inteligencia contra los grupos al margen de la ley en la región. La Fiscalía y las autoridades judiciales a cargo del caso deberán tramitar la judicialización de los aprehendidos y la valoración técnica de los bienes incautados.