En el primer semestre de 2022, una serie de movimientos extraños, conformación de microempresas e importaciones desde Panamá prendieron las alarmas en el interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Los ojos escrutadores se centraron en Lili Pink, la empresa de ropa interior y accesorios, que en pocos años había presentado una notable expansión en varias ciudades de Colombia.
SEMANA tiene en su poder varios documentos que revelan la génesis del caso que llevó a que el pasado 27 de abril se realizara un gigantesco operativo a 300 locales comerciales de esta marca, propiedad de una familia colombo-panameña en cabeza de Max Marvin Abadi Harari.
Con base en operaciones que resultaron sospechosas para la Dian, se tomó la drástica decisión de crear un grupo de tareas especiales con el fin de evitar a toda costa que se filtrara la información, lo que representaría una afectación irreversible al caso.
Por esto, solamente un selecto grupo de funcionarios de la Dian, acompañados por la entonces cúpula de la Fiscalía General, eran los únicos que conocían del caso, que llevó a una inspección sorpresa en la mañana del 31 de marzo de 2022 en Pink Life S. A. S., casa matriz y sede principal de la empresa en Barranquilla.
Los agentes de los que se sospechaba podrían infiltrar el operativo y entregar información a los dueños de Lili Pink, según le contó a SEMANA una fuente que pidió reserva de su identidad, fueron enviados a otro operativo en la zona franca de la capital del Atlántico.
En la diligencia en Lili Pink, que se extendió por diez horas, los agentes recolectaron elementos tecnológicos y documentos físicos del departamento contable de la compañía. Para blindar la información, se realizó una copia espejo y grabación de todo el operativo.
En una detallada denuncia presentada ante la dirección especializada contra los delitos fiscales, se relatan los hechos irregulares en la empresa.
“La investigación realizada desde el ámbito fiscal ha permitido evidenciar la posible existencia de operaciones inusuales o atípicas que, al no tener una justificación adecuada, se identifican como operaciones sospechosas”, señala la denuncia conocida en su totalidad por SEMANA.
En el rosario de irregularidades se encuentran importaciones ficticias, incremento injustificado de la facturación, empresas con el mismo representante legal, costos de producción inexistentes, deducciones de impuestos inventadas y ventas de productos irreales.
Una fuente, que pidió reserva de su nombre, señaló que esto es un claro caso de “contrabando, evasión de impuestos y lavado de activos”. La segunda fase es saber quién era el dueño del dinero al que se le quería dar apariencia de legalidad.
“De acuerdo con lo relatado en la denuncia, se evidencian hechos con implicaciones jurídico-legales, derivados de los comportamientos de estas empresas posiblemente inmersas en diferentes faltas como la estructuración de compra y venta de costos, utilización del sistema financiero para el movimiento de capitales a través de empresas sin capacidad económica, de personas que aparentan ser representantes legales y que pueden estar siendo utilizadas; lo anterior, con miras a defraudar el fisco colombiano”, enfatiza.
La empresa ha negado los señalamientos, asegurando que su actividad comercial ha estado ajustada a la ley. “Los hechos mencionados corresponden a una controversia jurídica en curso, no a conclusiones definitivas”.
La multiplicación de marcas
En otro documento conocido por SEMANA, se plantea la existencia de facturas e informes contables con los que Pink Life S. A. S. buscó evitar llamar la atención de las autoridades.
El plan falló. En una revisión detallada, el grupo especial de la Dian encontró que las empresas con las que se hacían los negocios no contaban con capacidad financiera. También se encontraron inconsistencias en su constitución y soporte.
Una de las sociedades que realizó importaciones desde Panamá para Lili Pink no contaba con las bases mínimas para tales operaciones.
“Esta sociedad se encuentra presuntamente comprometida en la investigación adelantada, dado que se evidencian operaciones posiblemente simuladas con terceros sin capacidad económica, financiera ni logística para proveer, en las cuantías indicadas por la sociedad, los bienes móviles declarados”, señala.
En otro de los apartes del documento se alerta que en tiempo récord se conformaron y disolvieron empresas para justificar importaciones y movimientos bursátiles. Falsificaron documentos de aduanas y la cantidad de la mercancía que llegaba a Colombia supuestamente desde Panamá.
“El giro ordinario del negocio aparentemente ha consistido en la venta de prendas de vestir, accesorios, ropa interior, etc., a través de almacenes de venta al detal (Lili Pink, YOI), a precios económicos con altos volúmenes de transacciones. La mercancía producida en la China, según la marquilla de los artículos, haciendo exploración de las marcas registradas, ingresa a Colombia como importaciones desde Panamá y la China, siendo importadas por terceros que a su vez le venden a otros terceros y estos a otros hasta llegar a Pink Life o quien haga sus veces”, resalta.
Esto llevó a que se presentaran varios fenómenos concordantes con las actividades de contrabando y lavado de activos: incremento injustificado en la facturación, operaciones que no coinciden con la capacidad económica, empresas constituidas con bajos capitales, endeudamientos elevados, cambios reiterados de dueños o representantes legales y movimientos constantes de socios.
De manera insólita, los agentes de la Dian encargados de realizar la recolección de pruebas fueron denunciados e investigados disciplinariamente por una supuesta extralimitación de sus funciones en el operativo del 31 de marzo de 2022. Después de dos años, la Procuraduría cerró el caso al considerar que no existían méritos para abrir un proceso formal.
“Organización delictiva”
El próximo lunes 11 de mayo se conocerá la suerte jurídica de Walter Francisco Martínez, hasta ahora único capturado. La Fiscalía lo señala de estar detrás de siete empresas que fueron utilizadas para darles apariencia de legalidad a las importaciones.
En las audiencias reservadas, a las que tuvo acceso SEMANA, el fiscal detalló a la jueza de control de garantías que Martínez constituyó la empresa Moda Mundo Importaciones S. A. S. el 26 de octubre de 2018.
En los documentos, Martínez aparece como “único socio y representante legal” de la empresa que tenía como sede la ciudad de Barranquilla.
Pero llama la atención que, cuatro años después, cambió su domicilio al municipio de San Juan del Cesar, en La Guajira. Cuando se quiso recolectar documentación, se encontró que la dirección que estaba en el Registro Único Tributario (RUT) se “trataba de un lote baldío”.
A esto se suma que las personas que aparecían en el papel como representantes legales eran, en realidad, “personas con cargos operativos, como conductores, tesoreros y abogados”.
Por esto, en la imputación de cargos, el delegado de la Fiscalía no dudó en señalar que se trataba de una “organización delictiva de carácter transaccional” que puso en marcha un plan para “lograr el ingreso de mercancía al territorio nacional”.