La fecha del 16 de septiembre quedará en los anales de la historia de Colombia como el día en que se emitió la primera sentencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los excomandantes del Secretariado para las Farc por los secuestros cometidos durante el conflicto armado interno.
Tras múltiples ires y venires, entre los que se destacan recusaciones, tutelas y la petición de una sentencia unificada, este martes —luego de siete años— la Sala de Reconocimiento de la Verdad emitirá la primera sentencia contra los siete excomandantes de las FARC que siguen acogidos al Acuerdo de Paz firmado en 2016.
La medida cobijará a Rodrigo Londoño Echeverry, conocido con el alias de Timochenko; los congresistas Pablo Catatumbo Torres y Julián Gallo Cubillos, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pastor Alape Lascarro y Rodrigo Granda Escobar.
En este caso específico, las sanciones son de carácter restaurativo. Es decir, los excomandantes de las FARC no pagarán medidas privativas de la libertad en centros carcelarios, sino que realizarán trabajos con las víctimas reconocidas (que según la JEP son 4.325).
Entre estas actividades están el desminado humanitario, búsqueda de desaparecidos, recuperación ambiental y proyectos de memoria histórica de hechos registrados durante el conflicto armado.
Estas sanciones se extenderán entre los cinco y ocho años para los excomandantes de las FARC que ya reconocieron en junio de 2022 su responsabilidad en el secuestro de civiles, policías y militares, quienes fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos durante las retenciones que se extendieron, en algunos casos, por doce años.
Pese a la gravedad de los hechos, entre los que se encuentran la toma de rehenes, homicidio, tortura y tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado, las sanciones no superarán los ocho años de ejecución.
Un grupo de víctimas manifestó recientemente que no existe claridad sobre la forma en cómo se adelantarán los proyectos restaurativos ni cómo se realizará la reparación económica.
Esta situación ha generado una gran discusión en varios sectores políticos y académicos, que señalan que los excomandantes de las FARC no han reconocido plenamente su participación en los tratos inhumanos y crueles infligidos a los secuestrados, principalmente a integrantes de la Fuerza Pública y a dirigentes políticos con los que se quería presionar al Gobierno para la firma de un intercambio humanitario.
“¿Cómo es posible reivindicar ante la humanidad como un hecho válido el cosificar a una persona, en convertirla en mercancía en función de financiar un proyecto que reivindicaba la dignidad humana cuando la estábamos pisoteando? Y, lo más grave aún, generando en su entorno familiar una situación de angustia, e incertidumbre, que la mayor de las veces terminó con proyectos de vida, destrucción de capitales, vínculos familiares y truncar vidas que pudieron darle contribución muy valiosa a la sociedad colombiana”, reconoció Timochenko, el último máximo comandante de las FARC.
Tampoco aceptaron haber cometido conductas que se pueden calificar como esclavización de los secuestrados, pese a la evidencia y a los detallados relatos de las víctimas.
“La organización en su conjunto, jamás buscó cosificar a las personas, ni ejercer ninguno de los atributos del derecho de propiedad sobre su cuerpo. Por el contrario, los hechos correspondieron a las dinámicas territoriales, acordadas con las comunidades, donde los trabajos se impusieron como castigos”, señaló el exsecretariado de las Farc en una carta enviada en junio de 2024 a la JEP en la que cuestionaron la imputación de cargos realizada por la Sala de Reconocimiento.
A esto se le suma su falta de compromiso con las citaciones de la JEP, citando que el pasado 31 de julio Rodrigo Echeverry, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda no se hicieron presentes en la audiencia de verificación citada por la JEP.
En el caso de Timochenko y Rodrigo Granda presentaron excusas médicas para no asistir a la diligencia que se extendió por dos días. Mientras que Pablo Catatumbo se conectó virtualmente por momentos.
Esto generó un fuerte reproche, en su momento, por parte del presidente de la Sala Reconocimiento de la JEP, Camilo Suárez, que calificó estas inasistencias como una falta de compromiso a lo firmado. “No solo es una responsabilidad jurídica, es un compromiso ético y moral”.
Finalmente, pero no menos importante, recientemente la Contraloría General aseguró que no se cuentan con los recursos para implementar las sanciones que interpondrá la JEP. Y es que, según varios cálculos, para cumplir con el fallo se necesitan 500.000 millones de pesos para reparar a las víctimas reconocidas.
Sin embargo, para la fecha, el Ministerio de Hacienda únicamente ha desembolsado 20.000 millones de pesos. Por lo que la JEP no cuenta entonces con los recursos suficientes para ejecutar los trabajos, obras y actividades de contenido restaurador-reparador establecidos. Igualmente, no existe certeza sobre la sostenibilidad y financiación a mediano y largo plazo de los proyectos.
Además, está el problema por los bienes entregados por las FARC y que están en la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esto es porque no existen bases de datos consolidadas ni un plan de acción para la reparación de las víctimas.
Estos son los proyectos restaurativos
- Acción integral contra las minas antipersonales que están en varios municipios.
- Búsqueda de personas dadas por desaparecidas: En el extenso proceso, el ocho por ciento de las 4.325 víctimas desaparecidas reportaron no tener conocimiento sobre el paradero de un ser querido.
- Línea de memoria y reparación histórica
- Medioambiente, naturaleza y territorio: con el fin de hacer proyectos agrícolas y de reparación ambiental.