Este miércoles se confirmó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le concedió la amnistía a Rodrigo Granda, el llamado canciller de las Farc, por el delito de rebelión. Igualmente, se activó la ruta no sancionatoria para resolver su situación jurídica por hechos en los que no fue determinado como máximo responsable.
La Sala de Amnistía o Indulto le otorgó este beneficio a Rodrigo Granda por cinco hechos de rebelión en los que la justicia ordinaria no lo vinculó jurídicamente, pero inició una investigación en su contra por pertenecer a las líneas de mando de las Farc.
Esto tras ser determinado como no máximo responsable por las conductas graves no amnistiables de reclutamiento de niñas y niños y desaparición forzada de algunos de ellos, la Sala de Amnistía o Indulto trasladó dos procesos de Granda por estos hechos a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
La JEP informó que de los 42 expedientes en la justicia ordinaria en los que fue vinculado Rodrigo Granda, 38 ya fueron resueltos por la Sala de Amnistía o Indulto. Cuatro de ellos continúan en trámite en la SAI. En esta decisión fueron decididos 10 procesos penales que investigaron 275 hechos victimizantes.
Mientras que frente al proceso relacionado con el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas Gusinky, hija del expresidente Raúl Cubas, ocurrido en septiembre de 2004, la Sala de Amnistía o Indulto aclaró que la Sección de Reconocimiento ya declaró la falta de competencia de la JEP frente a estos hechos y será la Sección de Apelación quien determine en segunda instancia sobre esta decisión.
Por el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes y otros crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en asocio con los secuestros por los que fue imputado Rodrigo Granda, la Sección de Reconocimiento de la JEP avanza para determinar la sanción propia teniendo en cuenta el reconocimiento de su responsabilidad.
En la decisión emitida el pasado 13 de noviembre por la Sala de Reconocimiento de Verdad en la que se citó a imputación de cargos a los últimos excomandantes del Secretariado de las Farc por el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado en diferentes regiones del país se dejó por fuera a Rodrigo Granda.
Esto, debido a que la Sala “encontró que no participó en la definición ni en la implementación de políticas nacionales sobre la incorporación de personal ni en la regulación de la vida intrafilas, el compareciente fue suplente del Secretariado, no miembro permanente”.
Por estos fueron citados a imputación de cargos los excomandantes de las Farc Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko; Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisando Alape y el actual senador del Partido Comunes, Julián Gallo Cubillos.
En la convocatoria se señaló que estos incurrieron, por acción y omisión, en que menores de edad fueran reclutados a diferentes bloques guerrilleros.
La JEP indicó que entre 1971 y 2016, al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados por las Farc “con una mayor concurrencia de hechos entre 1996 y 2016 y picos en 199, 2002, 2007 y 2013″.