Ante la Secretaría General del Senado de la República fue radicado el proyecto de ley que busca establecer el marco de una política nacional para fortalecer el conocimiento, desarrollar cadenas de valor y promover nuevas capacidades industriales y tecnológicas en Colombia en torno a los minerales críticos y estratégicos.
De acuerdo a los senadores Camilo Torres Villalba del Partido Liberal y Juan Espinal del Centro Democrático, autores del proyecto, la iniciativa responde a la necesidad de definir cuáles minerales son prioritarios para Colombia y cómo aprovecharlos para desarrollar industria y generar oportunidades en las regiones.
“Colombia tiene minerales que el mundo necesita para la energía, la tecnología y la industria. Este proyecto busca darle estabilidad jurídica a esa oportunidad: reglas claras para invertir, para transformar los minerales aquí y para que generen empleo en todas las regiones del país”, afirmaron los autores.
Entre sus principales elementos, el proyecto establece criterios para que el Ministerio de Minas y Energía adopte y actualice una Lista Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos. Los primeros son importantes para el país y enfrentan riesgos de abastecimiento, mientras que los segundos son aquellos que Colombia tiene o puede producir y que resultan relevantes para su desarrollo.
También establece un plan nacional para priorizar el conocimiento del subsuelo y articular la información de las entidades del sector. Además, prioriza la atención de los trámites de los proyectos estratégicos, sin reducir los requisitos, y crea mecanismos de coordinación entre las entidades.
Adicionalmente, promueve la transformación de los minerales en el país mediante líneas de financiación de Bancóldex, Findeter y el Fondo Nacional de Garantías, así como un programa de formación de talento humano. También establece que la información del subsuelo generada por las entidades públicas será propiedad de la Nación y de acceso público en igualdad de condiciones.
Ambos senadores aclararon que la propuesta complementa el Código de Minas y mantiene las competencias de las autoridades, sin afectarlas. Asimismo, señalaron que no flexibiliza los requisitos ambientales, no modifica la consulta previa ni cambia los usos del suelo o las áreas protegidas. Tampoco concede automáticamente títulos mineros, licencias o beneficios tributarios y respeta los títulos, contratos y licencias vigentes.