La audiencia de indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue reprogramada por la Fiscalía General de la Nación para los días martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto de 2026, a partir de las 9:00 a. m.
La petición de aplazamiento la hizo Jaime Granados, abogado del expresidente, quien argumentó el desarrollo de la práctica de pruebas dispuesta por la Fiscalía.
Este organismo citó al expresidente por su presunta vinculación con las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), y el homicidio de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos.
Justo este viernes 10 de julio, el Grupo de los 38, un reputado equipo de juristas, había hecho pública una carta en la que pedía que las actuaciones judiciales en el proceso del expresidente se desarrollaran con “transparencia institucional, independencia, imparcialidad y respeto por los derechos fundamentales”.
“La defensa reclama que esas pruebas sean practicadas como un ejercicio mínimo de revisión de la integridad del acervo probatorio. Si el propósito del proceso penal es conocer la verdad, resulta fundamental que todas las pruebas sean practicadas de manera integral”, sostuvieron los abogados.
El expresidente Uribe Vélez ha dicho que es víctima de una “persecución política” por parte de la Fiscalía General de la Nación. En un reciente trino, cuestionó la actuación procesal de la Fiscalía.
“La Fiscalía me niega el derecho a interponer un recurso de reposición contra el llamamiento a indagatoria, decisión que me coloca en condición de imputado por estos delitos. En toda mi vida jamás se me ha ocurrido matar u ordenar matar a alguien, promover masacres o ser omisivo frente a ellas”, expresó el exmandatario.
Agregó: “Esta actuación refleja una persecución política por parte de quienes me consideran su enemigo, aunque en realidad no me conocen”.
El 7 de julio, la Fiscalía había aplazado también las fechas para la recepción de los testimonios en el marco de ese proceso. Sobre esto, el exmandatario señaló: “Aplazan testimonios, pero si la indagatoria es un ‘medio de defensa’, imposible defenderme sin conocer las pruebas”.
Uribe Vélez ha publicado varios trinos para desmentir algunos de los hechos que le endilgan sus contradictores.
Sobre la hacienda Guacharacas, por ejemplo, indicó: “Infamia: que yo fui a Guacharacas de gobernador, 1995-1997, vestido de camuflado, como paramilitar, a matar a un minero. Nunca volví a la finca desde que Farc asesinó a mi padre en 1983. Mi familia la vendió a principios del 96, después que el ELN la incendió y asesinó a un trabajador que decidió permanecer”.
En una entrevista con el diario El Tiempo, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez explicó por qué archivó el caso de Uribe Vélez por la masacre de El Aro en el año 2000.
“Quiero que les quede claro a los colombianos por qué se tomó esa decisión bajo mi responsabilidad, y qué fue lo que ha ocurrido después”, señaló el exfiscal.
Hace unos días, SEMANA reveló, “a través de fuentes de alta credibilidad, un plan secreto que estaría en marcha entre el Gobierno de Gustavo Petro y la Fiscalía de Luz Adriana Camargo para garantizar la no extradición del actual presidente bajo la nueva administración de Abelardo De La Espriella, y la permanencia de la Jurisdicción Especial para la Paz”.
El paso definitivo sería la captura del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una de las fuentes consultadas por SEMANA expresó: “Ya está redactada la orden de captura de Uribe, es la presión de Petro para negociar”.
Con esa eventual decisión judicial, se estaría “buscando forzar una negociación política con el nuevo presidente De La Espriella”, agregó la información publicada por este medio.
La indagatoria contra el expresidente se realizaría apenas unos días después de la posesión del Tigre De La Espriella como presidente.