El Grupo de los 38, que tiene a varios de los juristas más reconocidos en Colombia, se pronunció sobre el llamado a indagatoria en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Por medio de un comunicado, recordó que la fortaleza de una democracia constitucional es que se exija que toda actuación judicial se realice con estricto respeto por los principios del debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la contradicción y la igualdad de armas.
Con base en esto, expresó su “preocupación” por las decisiones que se han adoptado en contra del líder natural del Centro Democrático ante los casos de las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), y el homicidio de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos.
“En aquellos asuntos que han sido objeto de debate público durante años y respecto de los cuales distintas autoridades han adelantado actuaciones en diferentes momentos, resulta especialmente importante que las decisiones se adopten únicamente después de agotar de manera suficiente y razonable las posibilidades de esclarecimiento de los hechos, lo que implica el agotamiento de las pruebas reclamadas íntegramente por las partes”, sentenció el equipo de abogados.
Asimismo, el Grupo de los 38 indicó que le preocupa que el llamado a vinculación formal del exmandatario se produzca después de más de una década de investigaciones y actuaciones relacionadas con los hechos.
Además, cuestionó que todo se está dando en un contexto en el que no se conoce públicamente la existencia de elementos que hubiesen modificado de modo sustancial los presupuestos que dieron lugar a la decisión inhibitoria adoptada por el entonces fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez.
En otro de los apartes del comunicado, los juristas afirmaron que les genera inquietud que la decisión de reabrir líneas de investigación previamente cerradas hubiese sido adoptada por una “administración cuya participación y controversias públicas frente al expresidente Uribe han sido ampliamente conocidas y debatidas en el escenario judicial nacional”.
De igual modo, señalaron que todo indica que existirían solicitudes probatorias formuladas por la defensa que no habrían sido resueltas. “De ser ello cierto, resultaría indispensable que las autoridades aseguren un tratamiento equilibrado de las peticiones de las partes y la plena vigencia del principio de igualdad de armas”, advirtieron.
Por último, expresaron su preocupación por que este tipo de actuaciones se estén dando en medio de un contexto nacional caracterizado por la polarización política.
En ese sentido, aseveraron que resulta imprescindible que las actuaciones judiciales sean imparciales y que proyecten ante la ciudadanía una imagen inequívoca de independencia, objetividad y ajenidad a cualquier consideración distinta de las estrictamente jurídicas.
“La vigencia del Estado de derecho exige que los procesos judiciales sean valorados por sus fundamentos jurídicos y probatorios, preservando siempre las garantías que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos sin distinción alguna”, concluyeron.