El Ministerio de Minas entregó una bolsa de 322.709 millones de pesos a la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP (Dispac) para llevar soluciones solares fotovoltaicas a comunidades vulnerables en La Guajira. El millonario negocio genera alertas por la participación de contratistas cuestionados, retrasos en los desembolsos y varias etapas con una ejecución cercana al 0 por ciento.
Edwin Palma, exministro de Minas, entregó la millonaria inversión a la empresa que presta el servicio de energía en los municipios del Chocó mediante un contrato interadministrativo que comenzó el 21 de enero de este año.
De esta forma, pudo contratar con terceros la construcción y la interventoría del proyecto, concebido para beneficiar a cerca de 10.664 usuarios de Maicao, Albania y municipios aledaños.
SEMANA conoció que entre las firmas seleccionadas aparecen empresas y personas vinculadas al entramado empresarial que quedó al descubierto con el escándalo de Centros Poblados y que rodeaba al condenado contratista Emilio Tapia. Entre las beneficiadas también figura una empresa de la familia de la petrista Martha Peralta, senadora guajira por la circunscripción indígena.
Luego de recibir el convenio interadministrativo, Dispac publicó los procesos el 3 de febrero de 2026, incluyendo la interventoría que vigila el proyecto. Las soluciones fueron repartidas en cuatro lotes de 2.677, 2.674, 2.659 y 2.654 usuarios, respectivamente.
La competencia fue prácticamente inexistente. Para cada uno de los cuatro lotes apareció un solo proponente y a los cuatro se les terminó adjudicando. Dispac entregó 75.547.093.092 pesos al Consorcio Soluciones Solares Integrales 2026, por el lote 1; 75.460.584.054 pesos a la Unión Temporal Energética, por el lote 2; 75.038.223.391 pesos al Consorcio Albania Solar 2026, por el lote 3, y 74.897.391.929 pesos al Consorcio Solar Guajira, por el lote 4. A esos contratos, sin disputa de precios y ofertas, se suma la interventoría, por 10.334.317.000 pesos, que quedó en manos de Proinges SAS.
En el consorcio ganador del lote 1 aparece con el 30 por ciento de la participación la empresa Ingeniería Telecomunicaciones de Antioquia SAS, conocida como Edetel. La sociedad no nació como una empresa energética, pues hasta diciembre de 2020 se llamaba Dozza Clothing SAS y era un negocio textil.
Cambió de nombre, objeto y la mitad de las acciones fue comprada por Juan Pablo Morales Acevedo, mientras que la otra mitad la adquirió la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (Novotic).
Novotic fue uno de los cuatro integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, protagonista del fallido contrato de conectividad rural del Ministerio de las TIC. Esta empresa se especializó desde su compra en telecomunicaciones y solo hasta febrero de este año amplió su objeto para incluir la instalación de paneles y sistemas fotovoltaicos, días después de la publicación del proceso del Dispac en Secop.
Royal Suministros, dueña del 50 por ciento del consorcio, tampoco tendría experiencia en energía, pues sus antecedentes se concentran en el suministro y las obras para complejos de cine.
Por otro lado, en el consorcio del lote 2, el 55 por ciento de la participación lo tiene una firma llamada Soluciones Integrales B&V, del municipio Carmen de Bolívar, que nació en octubre de 2023 y en 2024 declaraba un solo empleado, activos por 7 millones de pesos y actividades de catering, expendio de comidas, agencias de viajes y consultoría. En 2025 reportó activos por más de 38.000 millones de pesos e ingresos por 41.672 millones, ya declarando actividades de construcción de carreteras, edificios y obras civiles.
En el lote 3, el 20 por ciento de la operación está en manos de BCH Engineering, empresa de la que Tecnivías & Construcciones —antes Coning— fue accionista hasta julio de 2025.
Esa Coning había recibido de OLT Logistic, firma vinculada a Ottomar Lascarro, contratista cercano a Emilio Tapia y condenado a 12 años y nueve meses de prisión por su participación en el entramado de Centros Poblados, la cesión de una participación en una obra cuya experiencia ayudó a la empresa a participar en otros procesos.
El cuarto lote quedó en manos del Consorcio Solar Guajira, del que hace parte MC&I Americas SAS en un 30 por ciento, representada por Carlos Enrique Herazo de la Barrera, concuñado de la senadora Martha Peralta, que está casado con Sheila Milena Molina, media hermana de Manuel Julián Molina Pérez, esposo de la congresista del petrismo.
SEMANA consultó a Peralta, quien aseguró que no tiene “familiaridad o relación” con los “hermanastros” de su esposo: “Solo tengo relación con uno de ellos. Con el resto no se ha dado la oportunidad”.
En ese mismo consorcio aparece con el 10 por ciento de la compañía Sispro, otra de las firmas que se repartieron la participación del negocio y que, además, al menos hasta 2022 se encontraba en proceso de reorganización empresarial.¿
Retrasos y anticipos
Los cuestionamientos no terminan en quienes se quedaron con los contratos. SEMANA conoció el informe de actividades número seis, elaborado por Dispac para MinMinas, que muestra el contraste entre los recursos girados y las obras. El 12 de febrero, la cartera desembolsó a Dispac 161.354 millones de pesos, correspondientes a la mitad del convenio. Una relación oficial de pagos entregada por la empresa señala que, para finales de junio, los cuatro contratistas habían recibido anticipos por 102.692 millones.
Al 30 de junio, el informe registraba 150 soluciones solares fotovoltaicas energizadas: 50 en el lote 1, ninguna en el 2, 50 en el 3 y 50 en el 4, frente a un total contractual de 10.664. Esto equivale al 1,4 por ciento de las unidades contratadas y al 15 por ciento de la meta prevista para ese mes.
El avance físico también mostraba retrasos en los cuatro contratos. El lote 1 registraba una ejecución del 5,5 por ciento frente al 9,5 por ciento programado; el lote 2, del 0,15 por ciento frente al 2,74 por ciento; el lote 3, del 1,65 por ciento frente al 2,38 por ciento, y el lote 4, del 6 por ciento frente al 9,5 por ciento previsto. Los contratistas de los lotes 1 y 4 reconocieron el atraso ante MinMinas y trasladaron en sus planes de acción, del 9 al 17 de julio, la primera meta de energización, sin que eso constituyera una reprogramación formal.
Las alertas más graves estaban en el lote 2, donde además se encontraron 143 usuarios inexistentes que debían ser reemplazados y validados. El informe de Dispac también recogió las observaciones de la interventoría, que aseguran que el contratista omitió varios informes requeridos antes del inicio de la obra.
También hubo una desalineación en los plazos, en vista de que el convenio entre la cartera y Dispac vencía originalmente el 31 de julio, pero los cuatro contratos de obra fueron suscritos hasta el 30 de noviembre. Solo en junio Dispac solicitó extender el convenio principal hasta el 31 de diciembre de 2026.
En respuesta a SEMANA, Dispac sostuvo que los 102.692 millones de pesos del anticipo no corresponden a remuneración por avance: “Un mecanismo de financiación inicial destinado exclusivamente a atender los requerimientos necesarios para poner en marcha y desarrollar el proyecto”.
Dispac reportó que entre el 30 de junio y el 18 de septiembre las soluciones energizadas pasaron de 150 a 862, lo que equivale a un salto del 1,4 al 8,1 por ciento de avance. En el lote 2, pasaron de cero soluciones energéticas a 60. Ante las demoras, respondió: “El porcentaje cercano al 0 por ciento no refleja el estado real de la ejecución física del proyecto”, argumentando que sí tiene materiales y algunos resultados en territorio.
Defendieron a la firma B&V, asegurando que hoy es una empresa de “arquitectura e ingeniería, ejecución de obras, instalaciones, montajes, mantenimiento y suministro de bienes y equipos”, sin contar que en algún momento sí estuvo registrada únicamente para servicios de alimentos.
Sobre el único proponente por lote, Dispac dijo que recibió 16 observaciones y amplió de cinco a diez años la experiencia admisible para garantizar idoneidad.